La ausencia de una política anticorrupción en Yucatán no es solo una omisión: es también una desidia interesada, manifiesta el colectivo ciudadano ¡Ya Basta!
Y para no cumplir la ley, añade, el engranaje oficial tiene a su favor el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), que es totalmente opaco e ineficiente, además de caro.
“Desde luego, esta situación genera una serie de opiniones y especulaciones”, indica Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta!, en amplia entrevista de la que hoy publicamos la tercera y última parte.
“A lo mejor esto tiene relación con una declaración del periodista Alan Riding, que en su libro ‘Vecinos distantes’ escribió: ‘La corrupción es el aceite que lubrica la maquinaria del gobierno y el pegamento que mantiene firmes las alianzas políticas’”, enfatiza.
Marysol Canto Ortiz, otra integrante del equipo promotor del colectivo, considera que desde la conformación del SEAY hay fallas, pues este organismo es juez y parte al tener entre sus integrantes a representantes de dependencias públicas.
“La única voz ciudadana es de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), pero lo único que sabemos de éstos es su jugoso sueldo”, agrega. “Así está ‘chévere’: muy bien sentaditos y bien pagados”.
Nicolás Andrés Dájer, quien es también parte del grupo promotor de ¡Ya Basta!, cuestiona el carácter ciudadano del CPC: “Son ciudadanos (sus integrantes) porque son yucatecos con derechos, pero no están del lado de la sociedad al ser colaboracionistas con el gobierno, parcos, acomodaticios, cuya función se reduce a una actitud totalmente mediática de promover jueguitos, concursos, etcétera, primero para justificar el jugoso sueldo que reciben del Estado y, segundo, para gastar el dinero porque tienen que gastar el presupuesto que les asignan…”
La maestra Estrada Mora recuerda que hace un año el Comité de Participación Ciuadana presentó al Comité Coordinador del SEAY una propuesta para la elaboración y aplicación de una política estatal anticorrupción, pero a la fecha nada se sabe y nadie habla del tema.
Esa propuesta, añade, plantea seis ejes: 1) Combate a la corrupción y la impunidad. 2) Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. 3) Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad. 4) Involucrar a la sociedad y el sector privado. 5) Promover la educación y la cultura anticorrupción. 6) Fortalecer a los municipios en el combate a la corrupción.
“Todo eso está muy bonito, pero a lo mejor no avanza porque la propuesta menciona combate a la corrupción y en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 se habla de ‘disminuir la incidencia de corrupción…’ Hay una discrepancia allí”, subraya la presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy).
Nicolás Andrés dice que la presentación de la propuesta anticorrupción del CPC es “entre patética y de falta de respeto”.
“Sus integrantes reconocen que desde 2017, cuando se creó el Sistema Estatal Anticorrupción, nada se ha hecho”, apunta. “Presentan esa propuesta como primicia histórica, ‘producto de largo embate de la sociedad civil para darle mayor representación a la ciudadanía en el combate a la corrupción y la promoción de la cultura anticorrupción’. Así dicen”.
“La verdad es que la ciudadanía no requiere representación, sino autoridades honestas, no con todas las cargas de corrupción públicas que exhiben con un cinismo inaudito. Extiendo este cinismo al CPC, que en la mencionada presentación de su política anticorrupción habla de poner en orden todas las voces que piden respeto a lo legal, menor opacidad en el gobierno en su relación con la ciudadanía y menor tolerancia a los abusos de poder… Lo dicen como si ellos fueran la solución”.
El presidente de la asociación civil “S.O.S. Colonia México” señala que “lo que más me pateó” en ese texto es la alusión a una “vox pópuli ciudadana” desordenada y desorientada, que dejaría esa supuesta desorganización con la política propuesta.
“Lo más simpático de su presentación fue, para mí, la exhortación a la ciudadanía a que transite en el camino de combate a la corrupción y que con ellos (los que forman parte del Comité) dejará de ser un camino de hierba”, prosigue. “Es algo sin pies ni cabeza, pura estrategia mediática. Lo único que no es mediático es la carga burocrática que han creado con sus sueldos de 70,000 a 80,000 pesos mensuales”.
El empresario señala que sería interesante realizar un estudio sobre el presupuesto de todo el entramado de combate a la corrupción en Yucatán, que incluya al SEAY, a secretarías, direcciones generales, la Auditoría Superior del Estado, el Congreso, la Fiscalía Anticorrupción, las instituciones de contraloría social y demás estructura del gobierno del Estado y de los ayuntamientos enfocada a esa tarea.
“Con seguridad vamos a encontrar una cantidad exorbitante, que no sé si será para reír o para llorar”, continúa. “¿Para qué sirve todo eso?”
Andrés Dájer califica de farsa y simulación al Sistema Estatal Anticorrupción, pues a la fecha no se conoce un trabajo efectivo más que algunas sanciones mínimas por casos del interior del Estado, ya sea por un policía que extorsionó a un ciudadano en un municipio, alguien que robó gallinas o un regidor infractor, pero nada sobre asuntos graves y públicos de municipios grandes, entre ellos Mérida.
“El CPC pidió en algún momento que se investigue el caso del ex fiscal (Wílberth Cetina). ¿Pasó algo?”, pregunta.
El SEAY Opiniones
Más opiniones del grupo promotor de ¡Ya Basta! sobre la corrupción en Yucatán.
Escasas acciones
Marysol Canto Ortiz dice que es lamentable la ausencia de una política anticorrupción y el papel que ha desempeñado en este tema el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAY), con escasas acciones y un trabajo de poco fondo.
Órgano omiso
La abogada y maestra subraya que el SEAY debería ser vigilante de la existencia y cumplimiento de esa política, pero hasta hoy ha sido un órgano omiso.
De risa y de papel
En su opinión, las escasas resoluciones que se le conocen son “de risa” y se han quedado en el papel.
Cartas muy caras
En el Comité de Participación Ciudadana hay casos que se han quedado en cartitas, en peticiones de que se investigue hasta las últimas consecuencias y se aplique todo el peso de la ley. Así, con una cartita al año por la cual ya me gané $75 mil mensuales, pues hago una cada mes, sostiene. Si analizamos el costo-beneficio, esas personas nos salen muy caras.