MÉRIDA.- El gobierno del Estado pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la fuga de cuatro adolescentes del Caimede y ofreció cero tolerancia por violencia contra las internas e internos.
El Ejecutivo admitió que sí “salieron del Caimede” cuatro adolescentes, no cinco como informó la señora Ligia Beatriz Pillet Salazar; y, aunque no confirmó las acusaciones que narró la madre de una de las niñas fugadas, afirmó que en esta administración hay tolerancia cero en caso de violencia, en especial si hay un menor involucrado.
“En este o en cualquier otro caso su prioridad son las niñas, niños y adolescentes por lo que se hará todo lo que nos marca la ley y más allá aún para protegerlos”, señaló al responder los cuestionamientos sobre la denuncia pública de la señora Pillet Salazar, la cual publicamos ayer.
Para entender mejor: Mamá narra los abusos que vivió su hija en el Caimede
Se le preguntó si fueron cinco internas e internos (cuatro mujeres y un varón) que se fugaron del Caimede y precisó: “En el caso publicado, son cuatro los adolescentes que salieron del Caimede; entre de ellos, una que fue hallada en Progreso (la hija de la señora Pillet Salazar).
¿Cómo está la niña que se habría lesionado al saltar el muro, ¿falleció, está lesionada u hospitalizada?
“Hasta el momento no se tiene alguna evidencia que se confirme esta versión. Según los reportes realizados y que se marcan en el protocolo, ninguno de ellos resultó lesionado durante su salida. Las autoridades prosiguen las indagatorias para localizar el paradero de los tres adolescentes que salieron del Caimede”, dijo el Ejecutivo en un escrito al responder las preguntas que le hizo el Diario.
¿Por qué no se informó de la fuga?
“Desde que se tuvo conocimiento de la salida de los adolescentes se activaron los protocolos que marca la normatividad y se interpuso la denuncia correspondiente protegiendo siempre el interés superior del menor y su integridad física”, subrayó.
“Los datos de los menores por su derecho a la privacidad no pueden ser publicados en ningún medio”.
¿Hay quejas de abusos a internos?, ¿Se está o ha investigado?
“Como se ha informado, tanto en este caso como en otros similares, el gobierno del Estado siempre ha actuado de manera inmediata hasta las últimas consecuencias. Cabe recordar que en abril de 2019, tres personas que laboraban en el lugar fueron separadas de sus cargos y denunciadas ante las autoridades judiciales y fueron sentenciadas”, recordó.
“En el caso que se señala (el que publicó el Diario), el gobierno del Estado interpondrá y solicitará la intervención de la Codhey ante el caso de la joven V.D.P”, informó.
Lee: Jóvenes acusan ser víctimas de robo de identidad en redes sociales
“Existe un antecedente que se remonta a 2019 y consta en una carpeta de investigación. Esta adolescente ha sufrido diversos tipos de abusos graves en su entorno familiar y se encuentra bajo tutela del estado, por lo que debemos activar todos los mecanismos legales para su protección y la restitución de sus derechos”.
El Ejecutivo estatal informó que el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) atiende a 174 niñas y niños y adolescentes en la actualidad. Estos menores sufrieron abandono o su entorno familiar no es seguro para ellos y su integridad física o mental correría peligro en sus casas, por diversas situaciones de vulneración de sus derechos.
Estos 174 menores requieren cuidados y atenciones especiales, y los yucatecos, a través de las autoridades correspondientes, deben protegerlos. Ya se hizo de conocimiento y se solicitó la intervención de Codhey para que el organismo intervenga ante el caso específico de la joven V.D.P., cuya integridad física y mental podría estar en riesgo en el lugar en el que actualmente se encuentra, por los antecedentes de maltratos y abusos familiares sufridos que obran ya en una carpeta de investigación.
La madre de la menor dijo que le hizo una prueba de embarazo y dio positivo. Presuntamente los “papis” abusaban sexualmente de ella cuando le suministraban medicamentos que la hacían dormir.
El gobierno también recuerda que desde el inicio de la actual administración se ha actuado inmediatamente ante cualquier situación que pueda poner en peligro la integridad de los menores del Caimede. Ha realizado cambios profundos y estructurales para salvaguardar los derechos de menores en desamparo que llegan por situaciones de maltrato o posibles abusos o violencia intrafamiliar, entre otras causas.
Realizan pruebas a trabajadores del Caimede
Es por ello que de la mano con la sociedad civil con organismos, instituciones y asociaciones civiles como la Fundación del Empresariado Yucateco (Feyac), el patronato de Caimede, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Yucatán, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ( Prodennay) y la Comisión de Derechos Humanos participan de manera activa para buscar el beneficio de éstos 174 niños y jóvenes que se encuentran en acogimiento residencial en el Caimede.
Algunas de éstas acciones van desde la aplicación de pruebas psicométricas y de confianza a los trabajadores del Caimede para determinar su compatibilidad con el puesto; hasta la contratación de personal calificado que pueda cubrir conforme a la ley los horarios de atención; inclusión de personal femenino de la policía para cuidar y controlar los accesos del centro y proporcionar mayor seguridad a los niños.
Lee: Custodios del Caimede condenados por violencia familiar equiparada
Otra labor realizada es la creación de manuales de puestos y procedimientos que permitan determinar los perfiles humanos adecuados del personal. De la misma forma, se trabaja con instituciones educativas especializadas en psicología para brindar capacitaciones al personal del Caimede en materia de estilos positivos de crianza con enfoque en derechos.- Joaquín Chan Caamal
“Mi hija no volverá al Caimede”
“Mi hija ha estado tres años en el Caimede. Desgraciadamente no cuento con mi pareja para cuidarla y educarla, soy madre soltera y me cerraron las puertas en todos lados. Ya tengo trabajo, mi patrona se enteró de mi situación y me ofreció su apoyo para que se haga justicia”, afirmó la señora Ligia Beatriz Pillet Salazar al hablar de los presuntos abusos sexuales y maltratos que su hija sufrió en ese centro juvenil.
“Esta vez se le acabó al Caimede y al DIF, logré buscar a mi hija, ya la recuperé y aunque me digan que la entregue no lo voy a hacer, por lo que le pasó y vivió en ese lugar”, dijo en entrevista, cuya primera parte publicamos ayer.
“Me la quitaron que porque supuestamente no la podía atender, pero estuvo peor en ese lugar. Ya estoy buscando apoyo para que le den terapias a mi hija por todo lo que le pasó en el Caimede”, señaló la mujer.
Sonado caso
El Caimede de Mérida ha sido siempre foco de denuncias de abusos sexuales, maltratos y una serie de irregularidades que violan los derechos humanos de los internos e internas menores de edad que viven en forma temporal en el lugar.
El 17 de marzo de 2019 la Fiscalía General imputó a tres vigilantes del Caimede (Y.C.F., J.C.C. y R.D.A.) por violencia familiar equiparada, violación equiparada agraviada contra menores de edad. Un juez de control los absolvió en la sentencia por los delitos de violación, pero a dos los halló culpable de violencia intrafamiliar.
En el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, el DIF Yucatán realizó un diagnóstico y descubrió cuatro casos de maltrato y de violencia por parte de personal de la institución. En esa administración se documentaron 18 fugas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió una recomendación al Caimede.