Más allá del trágico fin de la periodista Lourdes Maldonado, la comunicadora de Tijuana fue víctima de al menos tres graves violaciones a sus derechos humanos, que evidencian la inoperancia e ineptitud de las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento.
Como Grupo Megamedia dio a conocer, el domingo 23 de enero, María de Lourdes Maldonado López se convirtió en la tercera reportera asesinada en México, la segunda en siete días en la ciudad fronteriza de Baja California Norte, después de la ejecución de Margarito Martínez Esquivel el martes 16.
Además, es el quinto integrante de la prensa en el país que sufre una agresión, en este caso mortal, como el de José Luis Gamboa Arenas, de Veracruz, y los de Ramón Celis Perera y Jaime Vargas Chablé, en Yucatán, el último aún en proceso de investigación.
¿Hubo violaciones a los derechos humanos de Lourdes Maldonado?
El abogado Diego Martínez Valor, cofundador de la organización civil nacional Acciones por la dignidad, que pugna por la defensa de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado evidencia una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos.
Para el activista hay al menos tres anomalías notorias en el caso de la reportera de Tijuana, que van desde el respeto a no ser víctima de violaciones a sus derechos humanos a la de su integridad personal y a la vida.
Tres violaciones a esos derechos humanos que, de respetar y cumplir los responsables de aplicar ese compromiso legal, quizá pudieron evitar el fatal desenlace de la conductora de programas de radio que hace una semana ganó un litigio laboral contra la empresa del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
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¿Qué pasó con las medidas oficiales de protección a Lourdes Maldonado?
“Es claro que con la periodista Lourdes Maldonado las autoridades no cumplieron con la obligación de hacer valer sus derechos humanos, establecidos en el artículo 1o. Constitucional, que en su caso se refuerza al ser beneficiaria de medidas del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, indica el experto.
El defensor de los derechos humanos agrega que las violaciones que se advierten en la informadora, aún después de su ejecución, se presentan en un contexto todavía más grave y generalizado.
“Al fallar el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se desnuda un panorama en el que no sólo no hay el respeto a los
derechos humanos y si enmarca mínimamente preocupaciones que podrían repetirse en más comunicadores que realizan su labor en la nación”, detalla.
Caso Lourdes Maldonado, deber fallido de prevención de violaciones a derechos humanos
El Estado mexicano, afirma el abogado Martínez Valor, permanece inerte ante la ola de agresiones que se ejecutan en contra de periodistas en la República desde hace décadas.
“La llamada Cuarta Transformación no puede revertir la tendencia generalizada de considerar a México como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo a nivel mundial”.
“El discurso público que coloca a la fuente de agresiones como una herencia de gobiernos neoliberales no encuentra cabida como forma de “justificación” en casos de agresiones contra comunicadores y mucho menos puede ser el argumento para explicar un asesinato como el de Lourdes Maldonado”, subraya.
Más allá de gobiernos o estructuras políticas
El deber de prevenir violaciones a derechos humanos del Estado, señala el abogado, no está sujeto a la gobernabilidad o estructura política que se vivió en gobiernos anteriores, es un deber actual y real que debe ser ejecutado sin minimizaciones ni acciones aisladas que no reflejen en la realidad una “transformación” en la prevención de
violaciones a derechos humanos y delitos.
“Hasta que el gobierno actual no asuma sus responsabilidades en materia de prevención de derechos humanos, las violaciones a estas garantías seguirán en aumento, en claro perjuicio de sectores en situación de vulnerabilidad, como lo son periodistas y personas defensoras de derechos humanos y sus familias”, abundó.
Mecanismo ineficaz que no protegió a Lourdes Maldonado
La semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano en el caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, informa el candidato a maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.
“En esa sentencia se ordena al Estado mexicano elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo Federal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para el efecto de que cumpla sus funciones en el territorio nacional”, explica.
Cuando una persona está sujeta a medidas del Mecanismo Federal, debería tener garantías reforzadas que eviten mayores violaciones a sus derechos humanos, señala
“Sin embargo, de acuerdo con diversas organizaciones, al menos nueve periodistas, contando el lamentable homicidio de Lourdes, fueron asesinados aun con medidas del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que demuestra la clara ineficacia del organismo dependiente de la Secretaría
de Gobernación”, juzga.
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Espectadores en vez de defensores de periodistas
El abogado Martínez Valor afirma que las disposiciones del Mecanismo federal en muchas ocasiones resultan insuficientes, la comunicación interinstitucional es ineficaz y la presencia de autoridades como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República es vaga.
“En el órgano de decisión de ese mecanismo no detonan en cambios estructurales, y colocan en las instituciones especializadas en la defensa de derechos humanos de periodistas a simples oyentes de las agresiones, a espectadores en primera fila de una desbordante ola de agresiones en contra de reporteros”.
La eficacia del sistema de protección, precisa, está en un abismo de entredicho si se considera que la mayoría de las agresiones en México en contra de periodistas provienen de las propias autoridades, con lo que se cuestiona incluso la imparcialidad de las decisiones que puede adoptar ese mecanismo.
“Por desgracia, el caso de Lourdes está -al menos superficialmente- relacionado con el exgobernador de Baja California, lo que muestra de nueva cuenta el poco alcance del Mecanismo Federal en agresiones perpetradas por autoridades locales”.
En muchos casos, continúa, son los agentes agresores y al mismo tiempo, los encargados de ejecutarlas medidas para salvaguardar la integridad de las personas agredidas.
“Eso los convierte en una suerte de juez y parte, dejando el camino libre a la escalada de riesgo de muchas personas que se encuentran sujetas a ese órgano de la Secretaría de Gobernación”, apunta.
La impunidad (casi) absoluta da camino libre a agresores de la periodista
Así, enfatiza Diego, un punto esencial para comprender la constante repetición de agresiones en contra de periodistas es la impunidad.
“De acuerdo con las cifras públicas de la Feadle, a diciembre de 2021 el 98.09% de las investigaciones que comenzó la dependencia de la Fiscalía General de la República no tienen sentencia”.
“Es decir que de cada 100 investigaciones que se abren por delitos cometidos contra periodistas, sólo dos serán sancionados por juezas o jueces, lo que demuestra una incapacidad institucional de investigación de los delitos por la Fiscalía Especial”, dice.
Esta impunidad, insiste el especialista en derechos humanos, es un “permiso” casi implícito e invisible para agresores, pues el mensaje público es que prácticamente ningún delito será sancionado, “con lo que es fácil agredir al mensajero para que el mensaje no llegue”.
El ataque a Lourdes Maldonado, también es contra la sociedad
De la misma forma, considera, la impunidad en delitos cometidos contra periodistas no sólo representa un agravio directo a los derechos de los afectados y sus familias, es un ataque directo y flagrante contra la sociedad.
“Uno de los principales motivos para agredir a una o un comunicador es que la información que recaba o que busca dar a conocer, no llegue a la sociedad, y, por tanto, el derecho a la información del que gozamos se ve coartado por acciones violentas, lo que impacta en la forma en la que exigimos el cumplimiento de otros derechos e incluso en la toma de decisiones acerca de quiénes serán nuestros representantes públicos”, concluyó el abogador Martínez Valor.