El ex integrante de la desaparecida cooperativa de la Juguera de Akil Lorenzo Alvarado y Sosa insiste en su pelea por esa empresa, y ahora la llevó al terreno de lo judicial, al presentar una demanda al parecer por difamación de honor contra Freddy Domínguez Ake, presidente del Consejo de la Unión de Ejidos Frutícultores del Mayab.
Se localizó al presidente de la Unión de Ejidos, quien confirmó que la semana pasada le notificaron que fue denunciado por Alvarado Sosa, quien lo acusa de difamación.
El expediente de la denuncia es el número 88/2022, presentada el pasado mes de enero, pero Aké Domínguez aún no lo conoce, porque en la agencia ministerial de Tekax de donde lo notificaron, le informaron que solo apoyaron para notificarlo, pero el proceso se sigue en Mérida.
Por lo que informan los oficiales de la policía Ministerial y los involucrados, al parecer fue por una publicación el pasado día 26 de mayo, en la que se denunció que, los anteriores dueños (uno de ellos era Alvarado Sosa) vendieron la Juguera de Akil que ahora es propiedad de la empresa Arpen, de la Unión de Ejidos Frutícultores del Mayab, una sociedad mixta con capital privado y social a la cual el gobierno del Estado le entregó en comodato por 30 años los terrenos donde se encuentran las instalaciones en ese municipio del sur del Estado.
Entre los que denunciaron públicamente estos hechos se encuentra su director general Arturo Peniche Solís y Domínguez Ake, éste último incluso declaró que: “Cuando la Unión de Ejidos Citrícolas la llevó a la quiebra (a la Juguera) la última vez, la directiva la encabezaba José Ignacio Maravé Casanova con quien trabajaba el ‘bandido’ de Lorenzo Alvarado y Sosa, quienes vendieron lo que quedaba, que eran sus tierras y su maquinaria, que era ya chatarra, a la Financiera Pequeña Australia, donde el empresario Arturo Peniche la rescató”.
Juicios perdidos
Hasta donde se sabe, por declaraciones de Domínguez Ake, Alvarado Sosa ya perdió los juicios que interpuso en años pasados contra los nuevos propietarios de la Juguera de Akil, y ahora insiste en mantener el pleito por la vía penal.
Domínguez Aké también abandera queja ejidal contra la Comisión Federal de Electricidad, a la que demandan una indemnización de 8 millones de pesos, por la ocupación de unas 46 hectáreas de tierras sin el consentimiento del ejido y en detrimento del patrimonio de 741 ejidatarios.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA / Megamedia