Diputados locales de la oposición (PRI y PRD) consideran que fue incorrecta la forma en que se aplicó la sanción al gobernador Mauricio Vila Dosal, que representó una descortesía al Poder Legislativo, pero es legal, aunque por parte de Morena analizan la posibilidad de acudir a los tribunales electorales para inconformarse, desde la forma en que se aprobó en el Congreso.
También se acudió al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), pero Fernando Bolio Vales, magistrado presidente de esa institución, se negó a atender al reportero argumentando a través de su secretaria particular que le acababan de llegar muchos expedientes y estaba ocupado trabajando en ellos, que luego se comunicaría para responder.
Se le dejaron por escrito las preguntas en torno a si ya les notificaron que se cumplió su sentencia, si fue correcta la forma en que se cumplió, y si con eso se daba por concluido este caso, pero hasta el cierre de esta edición Bolio Vales seguía sin responder, solo se averiguó que ayer mismo el Congreso le notificó del cumplimiento de su sentencia.
Como se informó, desde el sábado por la noche al concluir la sesión del Congreso se aplicó la amonestación pública al gobernador, en cumplimiento de la sentencia emitida por el TEEY contra el gobernante por incurrir en faltas electorales, y se hizo entregando el documento a Yusiff Heredia Fritz, consejero jurídico en su carácter de representante legal del Poder Ejecutivo del Estado.
Al respecto Gaspar Quintal Parra, coordinador de la bancada del PRI, declaró que con independencia de la rigurosidad legal de que si la notificación debió ser en forma personal al gobernador o por interpósita persona, “lo que sí es cierto es que se dio una descortesía política de parte del gobernador, al no recibir a quien tiene la representación legal del Poder Legislativo”.
Forma de gobierno
El priista añadió que en un orden republicano como el de México, de división de Poderes, el respeto entre ellos es fundamental, y más en el caso que les ocupa, donde el Poder Legislativo cumple con la función de poner límites al ejercicio del Ejecutivo, y que no sea usado para influir en las elecciones y sacar provecho personal o partidista.
“Al no recibirla el gobernador, no se le hizo la descortesía a la ciudadana Pilar Santos Díaz (diputada del PAN y presidenta de la mesa directiva del Congreso), se lo hizo al Poder Legislativo del Yucatán, aunque fue todo legal”, afirmó.
Eduardo Sobrino Sierra, diputado del PRD, declaró que no le pareció correcta la forma en que se cumplió la sentencia, más pareció privada que pública, y debía ser personalmente al gobernador, pero tampoco pueden decir que fue ilegal, hay que recordar que esto es algo inédito y eso deja “huecos” en la ley, que fueron aprovechados “para cumplir sin cumplir, como pareciera que pasó”.
El perredista opinó que al menos debería de pedirse que se incluya en los archivos del Congreso para tener acceso a esa información, ya que no se ejecutó ante medios y tampoco se publicó al menos en el Diario Oficial del gobierno del Estado, aunque nadie lo lea.
Rafael Echazarreta Torres, diputado de Morena, declaró que “penosamente, llamó poderosamente mi atención el leer en publicaciones periodísticas de que el Congreso ya procedió a notificar al Poder Ejecutivo de la amonestación, pero no fue un acto público como lo determinó la mayoría del Congreso, es una burla, un descrédito político para el PAN de dimensiones históricas”.
“En cuanto al Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha evidenciado su total sumisión a la orden de su patrón político, no es cosa menor, esta serie de actos frívolos e irregulares que pretenden no dañar una imagen personal, que al día de hoy ya está bastante desdeñada y no lo saben porque solo gobiernan desde palacio y no salen a las calles”, agregó el legislador.
Opinión morenista
El morenista consideró que por la forma en que se ejecutó la sanción “no se cumple con la sentencia del acto ilegal, la sentencia refirió a Mauricio Vila, el instrumento de comunicación digital que usó es personal y así lo señala su propio encabezado de presentación, habla de él y es ahí donde la sentencia es clara; “él es el culpable”, no es el gobierno estatal, que él en lo particular se refiera a sí mismo como Luis XIV, ‘el Estado soy yo’, solo ratifica el desprecio por las instituciones”.
El entrevistado expresó su confianza en que, en aras del interés democrático y separación de poderes, rectifiquen haciendo público el acto de notificación personal, así como su publicación en el Diario Oficial y medios de comunicación masiva.
“De lo contrario será un elemento adicional que utilizaremos como piedra angular ante el órgano electoral, mediante el incidente de inconformidad en la ejecución de las sentencias, establecido en el artículo 84 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán”, concluyó.