MÉRIDA.- Un grupo de comunicadores locales presentaron hoy en el Congreso del Estado, una solicitud para que legislen sobre el delito de difamación, con la intención de eliminarlo del Código Penal estatal, como ya se hizo en las leyes federales, y evitar se use como medio de presión o amenazas contra quienes trabajan en los medios de comunicación.
Yucatán, contempla delitos contra el honor
En un comunicado que distribuyeron poco antes de entregar la solicitud, destacaron que, “Yucatán es uno de los siete estados del país con un Código Penal en el cual todavía se contemplan delitos contra el honor. En específico, la difamación representa un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión de las y los periodistas”.
Este grupo de comunicadores encabezados por Lilia Balam Magaña, Herbern Escalante Ojeda, Javier Escalante Rosado, que trabajan en portales electrónicos de comunicación, dirigieron la solicitud a los diputados locales Víctor Hugo Lozano Poveda coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, así como a la panista Ingrid Pilar Santos Díaz, como presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo.
¿Dónde firmar la iniciativa?
Se anexó a la solicitud un documento con las firmas de periodistas, asociaciones civiles, colectivas, académicas, académicos, activistas y ciudadanía en general, las cuales fueron recabadas a través de la plataforma www.iniciativaperiodismo.com respaldando esta acción.
¿De cuánto es la pena por difamación en Yucatán?
Hoy día es posible abrir carpetas de investigación en la Fiscalía de Yucatán con la intención de castigar hasta con cárcel a quienes supuestamente cometieron difamación.
En el documento explican que en el artículo 295 del Código Penal, se establecen penas de tres días a dos años de prisión o de 20 a 200 días de multa por el delito de difamación.
Criminalizar la difamación va contra la libertad de expresión, afirman
Añadieron que esta normativa resulta obsoleta en el contexto actual de la defensa y garantía de los derechos humanos, ya que va en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y de manifestación plasmados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana.
Además la asociación civil defensora de periodistas, Article 19, señala que las denuncias por delitos como la difamación se han vuelto una práctica recurrente por parte de las autoridades en México para impedir las críticas, los cuestionamientos y contrapesos hacia el cumplimiento de su trabajo.
Ataques contra la prensa en Yucatán
Señalaron que, Yucatán no es la excepción pues se han reportado casos, sobre todo en municipios del interior del estado, donde los funcionarios denuncian a periodistas con la intención de censurarlos, amedrentarlos y hostigarlos.
“De igual forma, las y los periodistas yucatecos constantemente son amenazados con ser denunciados penalmente por personajes públicos, cuando éstos son cuestionados o criticados en notas, reportajes o artículos periodísticos, y con esto se puede inferir que en nuestra entidad prevalece la censura penal a la actividad de las y los comunicadores”. añadieron.
Recordaron que en el 2007, el Estado Mexicano derogó todos los delitos contra la honra del Código Penal Federal: injuria, calumnia y difamación, para dar cumplimiento a recomendaciones formuladas por organismos internacionales de derechos humanos y de los que México forma parte.
Comité de la ONU pide a México derogar delitos contra el honor
También señalaron que en 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución en contra del Estado Mexicano que planteó, entre varios puntos, que es necesaria la derogación de los delitos contra el honor (difamación y calumnias) en todo el país, ya que las penas de prisión nunca serán adecuadas ni proporcionales.
Además, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2000 indica que la protección a la reputación de las personas debe garantizarse exclusivamente a través de sanciones civiles, no por la vía penal.- David Domínguez Massa