MÉRIDA.- El Tribunal Superior de Justicia dio trámite al amparo directo solicitado por Alberto Medina Sonda: envió el expediente a la Justicia Federal.
Condenado a 50 años de prisión, Medina Sonda solicitó el amparo y, al mismo tiempo, que el caso se envíe a la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal considera que la máxima autoridad del país debe resolver el caso.
El defensor David Dorantes Cabrera informó que fue notificado de ese trámite. El expediente se remitió a la autoridad federal para que tres magistrados decidan sobre el envío del caso a la SCJN.
“Esperamos que en dos semanas, cuando mucho, tengamos respuesta del Tribunal Colegiado (que tiene su sede en esta ciudad). Consideramos que el asunto se debe enviar a la Suprema Corte”, indicó Dorantes Cabrera.
La autoridad, que confirmó la sentencia condenatoria contra Medina Sonda, deberá enviar el expediente al Tribunal Colegiado con sede en el edificio judicial en la colonia Petronila. Al admitir el amparo, deberá decidir si se accede a lo solicitado por la defensa: enviar el caso a la SCJN.
Condenan a Medina Sonda
En mayo del año pasado el Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó largas condenas contra Medina Sonda y Juan Ramón Moreno Hernández, alias “Cachorro”: 50 y 36 años de prisión, respectivamente.
Ese veredicto se dio luego de revisar la condena emitida por el Tribunal Primero Oral. La revisión se hizo a petición de la defensa.
La denuncia fue promovida por la señora Ligia Teresa Canto Lugo y sus asesores Efraín Encalada Burgos y Luis Rubén Martínez Arellano. La señora Canto Lugo, madre de la ultimada, ha viajado a Ciudad de México en busca de apoyo para que los detenidos no sean liberados.
El feminicidio de Emma Gabriela
Emma Gabriela Molina fue asesinada a las puertas de su casa, en el fraccionamiento San Luis, cerca del Centro Médico del IMSS (ex T-1), en abril de 2017.
En este crimen participaron los tabasqueños Óscar Miguel López Tobilla y Jonathan Amézquita Avalos, quienes también recibieron altas condenas. También participó César Rogelio Reyes Barrueta, quien aceptó su participación en los hechos y recibió beneficios a cambio, como marca la ley por ser considerado “testigo protegido”.