Dos sindicatos del Poder Judicial del Estado afirmaron hoy que el sistema de justicia de Yucatán no requiere más magistrados, sino juzgados de primera instancia, a donde acude la sociedad a exigir justicia.
De plano rechazaron la iniciativa que envió el gobernador Mauricio Vila Dosal y pidieron a los diputados del Partido Acción Nacional, que son mayoría en el Congreso del Estado, que no aprueben en “fast track” la reforma al Poder Judicial.
Ellos solicitan que se aplace la aprobación y analicen a fondo las otras propuestas presentadas por las bancadas del PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, pues “algunas son muy buenas”.
Piden juicio contra dos exgobernantes yucatecos
Las representantes del magisterio yucateco que forman parte de la nueva organización Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (Cotrey), María Eugenia Aranda Echeverría y Lorena Rosel Novelo, también se pronunciaron contra la reforma a la ley del Isstey que presentó Vila Dosal porque afectará a los trabajadores activos y jubilados.
Asimismo, exigieron al gobernador que enjuicie a los exmandatarios Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello y sus funcionarios que quebraron financieramente a esa institución, porque si no lo hace entonces sería cómplice de ellos.
Como parte de esta inconformidad, la maestra Lorena Rosel anunció una marcha el próximo 1 de mayo que partirá a las nueve de la mañana del parque de Santiago hacia el Palacio de Gobierno, donde protestarán en contra de Vila Dosal y su reforma al Isstey.
Esta marcha de trabajadores al servicio del Estado se unirá a la que realiza el Frente Amplio Social con motivo del Día del Trabajo.
Acusa falta de revisión a la iniciativa
En rueda de prensa en un céntrico restaurante, Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista del Poder Judicial, pidió que se redireccione la iniciativa del gobernador Vila Dosal y que haya mayor tiempo para su estudio y aprobación.
A su decir, no es posible que en 17 días se aprueben reformas que afectarán a todos los trabajadores del Poder Judicial, no atiendan las necesidades de la justicia yucateca y sí endeuden al Estado porque sostener los sueldos y prestaciones de 8 magistrados que ganan $1.6 millones al año es oneroso para las finanzas públicas.
“El presidente del tribunal superior ya declaró (mostró la nota del Diario) que no le consultaron sobre esta reforma”, dijo la abogada. “Siendo él la persona idónea, a él le debieron preguntar qué necesita el Poder Judicial”.
“Él no coincide con esta reforma del gobernador y no se le consultó. ¿Por qué no se le consultó? ¿De dónde sacó el gobernador esta iniciativa? ¿Tiene pleno conocimiento del problema en el Poder Judicial? ¿Qué pretende?”.
La abogada Martín Puc dice que el único argumento del gobernador Vila Dosal es que se acabarán las jubilaciones doradas porque solo un año cobrarán los magistrados el 100% de la jubilación y luego cobrarán de acuerdo con la ley del Isstey.
No hacen falta más magistrados, dicen
Sin embargo, esta iniciativa abre ocho plazas para magistrados que están en segunda instancia y no saben de dónde sacó el gobernador que faltan magistrados.
En esta segunda instancia casi no hay nada de carga de trabajo, apenas pasa una cuarta parte de los expedientes de la primera instancia de los juzgados familiar, civil, mercantil y penal, y para octubre iniciará el laboral.
“La primera instancia se conforma con 11 juzgados de oralidad familiar, cuatro civiles y cuatro mercantiles, los juzgados penales y los juzgados mixtos del interior del estado”, explicó.
“En estas instancias van las personas a exigir justicia, a cobrar sus pensiones, velan por la custodia de sus hijos, en los penales se atienden casos de delitos, violaciones, homicidios, allá va la ciudadanía a pedir justicia”.
“Faltan juzgados y jueces en la primera instancia, no hace falta crear más plazas de magistrados. Los diputados deben redireccionar la iniciativa que presentó el gobernador”.
¿Qué le pide a los diputados?, se le preguntó.
“Que no la aprueben solo porque sea línea directa del gobernador, que los diputados del PAN analicen las nuevas posturas que presentan las bancadas”, dijo. “Desde la sesión del viernes pasado reciben otras propuestas, que lo analicen y no aprueben a la ligera esta iniciativa”.
Igual dijo que se enteró de las declaraciones del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Víctor Hugo Lozano Poveda, quien señala que el Congreso no tiene facultades para crear nuevos juzgados.
Es correcto, apuntó. Sin embargo, el Ejecutivo y el Congreso no asignan suficiente dinero para atender esta demanda en la justicia yucateca, pero sí para crear más plazas de magistrados, lo que es incongruente.
La lideresa informó que en el sindicato hay muchísimos abogados que preparan demandas de amparo en caso de aprobarse esta iniciativa de Vila Dosal.
“No vamos a dejarnos ni permitir esta reforma”, sentenció.
Su compañero Víctor Hugo Huchim Torres, secretario de Organización, destacó que los salarios de los trabajadores no se actualizan y hay quienes realizan trabajo de jefes, pero no les pagan lo que debería ser porque supuestamente no hay dinero.
Con la creación de las plazas de magistrados se demuestra que sí hay recursos, criticó.
Ya hubo aumento de magistrados en Yucatán
Patricia Solís Reyes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, recordó que ya se aumentó el número de magistrados. Antes eran seis y hoy 11. Además, no consultaron de esta reforma a los trabajadores; por tanto, defenderá los derechos de la base trabajadora.
La maestra Aranda Echeverría insistió que Vila Dosal debe investigar, procesar y obligar que devuelvan el dinero al Isstey los exgobernadores Ivonne Ortega y Zapata Bello, ambos del PRI.
A la par, criticó el hermetismo que guarda el gobierno de Vila Dosal sobre la presunta venta del hotel Costa Club de Yucalpetén, Progreso, que es propiedad del Isstey, y la falta de respuesta a sus cuatro peticiones de información sobre el presunto quebranto financiero del instituto.
Ella dijo que llevó su queja al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de transparencia en el Isstey, pero el jefe del Ejecutivo federal le informó que turnó su petición a la Contraloría del Estado y tampoco ha recibido alguna respuesta de esta dependencia.