Permitir viajes a crédito en el transporte público es una de las propuestas que hizo ayer el PRI como parte de los análisis que se realizan en el Congreso en torno a las iniciativas de reforma a la Ley de Movilidad.

Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la fracción parlamentaria del tricolor expuso que se pronuncia a favor de una política integral en materia de movilidad, pero debe ser congruente con los principios de sustentabilidad, accesibilidad, calidad, diseño universal, movilidad y seguridad.

En el análisis de las iniciativas presentadas a esta comisión, una del Ejecutivo y otra de la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, el PRI hizo cuatro propuestas que favorezcan la movilidad humana en el transporte público y privado:

1) Reconocer el derecho de la ciudadanía de presentar quejas ante la Agencia de Transporte por el cobro de tarifas excesivas de carácter temporal, aduciendo la distancia, tiempo, oferta y demanda al momento de usar servicios de plataformas tecnológicas.

Igualmente, el derecho a solicitar la ampliación de las rutas, horarios y frecuencia del transporte público a la Agencia de Transporte, que deberá realizar un estudio técnico de oficio que dé respuesta de su viabilidad.

2) Incluir la figura del “viaje a crédito” para el uso de tarjetas inteligentes como medio de pago de la tarifa del transporte de pasajeros, evitando que se niegue el servicio, sobre todo ante cualquier contingencia, lo que generará la obligación de que en su próxima recarga de tarjeta se cubra el monto del “viaje a crédito” utilizado.

La presente figura será de carácter no acumulable, por lo que será utilizable en una única ocasión, cada vez que la tarjeta inteligente de la persona usuaria tenga saldo insuficiente.

3) Modificar el primer párrafo del artículo 115 por cuestiones de técnica legislativa. Aquel se refiere a los requisitos que debe cumplir la persona interesada en obtener una concesión, y no respecto a los requisitos que debe contener la convocatoria que debe emitir la agencia.

4) Que la Agencia de Transporte emita lineamientos para regular las condiciones de las tarifas dinámicas y erradicar el aumento excesivo e injustificado en el cobro de las tarifas en el servicio de transporte contratado mediante plataformas tecnológicas.

Éstas no deben incentivar, generar, propiciar y/o realizar prácticas para aumentar en forma excesiva la tarifa por cuestiones de oferta y demanda en un lugar y momento determinado de carácter temporal. En todo caso deberán informar a la Agencia de Transporte sobre los criterios utilizados.

En la iniciativa que presentó sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución yucateca para el fortalecimiento democrática del Congreso, el líder de la bancada priista, Gaspar Quintal Parra, leyó y entregó a la presidenta de la comisión, Carmen Guadalupe González Martín, del PAN, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de junio de 2022.

Éste se refiere a las grandes diferencias presupuestales que hay en los congresos estatales del país y el número de congresistas locales, que no refleja el tamaño poblacional de los estados.— JCC

En el ámbito nacional, el promedio del presupuesto por cada congresista estatal es de $12.5 millones al año, pero Yucatán está en los últimos lugares con un promedio de $5.6 millones por cada legislador local.

Los estados con menor presupuesto por diputado son Colima, Tamaulipas, Puebla, Yucatán y Campeche con menos de $6 millones.

Ante esta disparidad presupuestal por cada legislador, el diputado priista leyó la recomendación del IMCO en esta materia:

El Instituto pide definir en forma clara el número de habitantes por congresista local para evitar las asimetrías en el número de habitantes por diputados locales en cada estado y el Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

En la misma sesión, la presidenta Carmen González informó que solo cuatro organizaciones civiles se inscribieron para participar en el foro sobre las iniciativas sobre la Ley de Movilidad y propuso un calendario de atención que fue aprobado por unanimidad.

En esta sesión no asistió por cuarta ocasión el diputado José Crescencio Gutiérrez González, de Nueva Alianza, quien presidió la comisión especial para la atención de la situación del Isstey.

De acuerdo con la presidenta, el diputado ha justificado sus inasistencias.

Tampoco asistió la diputada de Morena, Alejandra de los Ángeles Novelo Segura, vicepresidenta de la comisión.

La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena es candidata a consejera estatal.

Los que asistieron, además de la presidenta Carmen González Martín, son sus compañeros Karla Vanessa Salazar González; Dafne Celina López Osorio, Víctor Hugo Lozano Poveda, Jesús Efrén Pérez Ballote; Gaspar Quintal Parra, del PRI; y Vida Aravari Gómez Herrera, de MC.

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