Luchadoras sociales insisten en que es inadmisible que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trate de suprimir las reformas aprobadas por el Congreso sobre la Ley “3 de 3” contra la violencia, más cuando su Consejo Nacional Consultivo manifestó por escrito que no están de acuerdo con ese recurso de inconstitucionalidad.
“Ojalá esto no cambie. Ojalá y las posturas institucionales partidistas de quienes aprobaron, con un poco más de trabajo o no, porque vencieron barreras personalísimas e intereses muy intrínsecos, pero que al final de cuentas entendieron las bondades de la normativa que íbamos a probar, también se mantengan”, respondió Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.
Como se ha informado, la CNDH promovió hace más de un mes una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas aprobadas por el Congreso del Estado, concretamente en la prohibición de ser candidatos a cargos públicos o funcionarios a quienes sean deudores alimentarios, entre otros cambios que incluye la iniciativa “3 de 3”.
María Eugenia Núñez Zapata, quien encabeza en Yucatán el movimiento que promueve en todo el país esta iniciativa de ley, acudió ayer al Congreso, acompañada de Sandra Peniche y Rita Farjat Sánchez, a entregar a los diputados la información por escrito,
¿Puede la CNDH frenar las reformas del Congreso de Yucatán?
En ella el propio Consejo Consultivo Nacional de la CNDH manifiesta su total desacuerdo contra un recurso inconstitucional que promovió la ombudsman nacional Rosario Piedra Ibarra contra esta reforma de Yucatán, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sandra Peniche añadió que también acudieron a entregar una copia fiel y exacta del documento entregado al Senado de la República, “porque la CNDH no puede cuestionar las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán a fin de quienes aspiren a ser titulares de una dependencia, entidad, órgano autónomo o representante popular acrediten cumplir con el pago de la pensión alimenticia”.
De igual forma, señaló que la CNDH también informa que además de Yucatán, en Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y en Ciudad de México ya se exige como requisito para ocupar un cargo de administración pública local no ser deudor de pensión alimenticia.
“La CNDH debe entender que sus acciones y resoluciones deben proteger a las personas del abuso de poder y las violaciones a sus derechos por parte del estado, por tanto las integrantes de la agenda de las mujeres para la igualdad sustantiva en Yucatán (Amisy), reiteramos todo lo contenido en la ley ‘3 de 3’ contra la violencia plasmada en la Constitución de Yucatán”, afirmó