Durante 2022 la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado ejercitó acción penal ante los tribunales judiciales contra 26 ex servidores públicos estatales y municipales, así como tres empresarios, por su probable grado de participación en hechos que la ley señala como delitos de corrupción, informó el titular de la dependencia, José Enrique Goff Ailloud.
También indicó que se recuperaron bienes entre muebles, inmuebles y en dinero por más de 60 millones de pesos, y se logró dos sentencias condenatorias.
Entrevistado en relación con los avances y resultados obtenidos por la Fiscalía Anticorrupción al cierre de año, Goff Ailloud añadió que para este 2023 se trabajará principalmente en la consolidación y más capacitación de la institución.
En proceso de justicia hechos de corrupción en Yucatán
A su decir, en 2022 la Fiscalía Anticorrupción solicitó audiencia inicial para buscar la vinculación a proceso de más de una veintena de ex servidores públicos y particulares por delitos como peculado, ejercicio abusivo de funciones, concusión y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Por cierto, comentó que el uso ilícito de atribuciones y facultades es el delito de mayor incidencia, de acuerdo con las estadísticas del organismo que encabeza.
Se comete al realizar algún pago ilegal, distraer los recursos de su objeto; ilícitamente contratar deudas y otorgar alguna concesión, licencia, permiso, adjudicación, entre otros.
Por casos de ese tipo se obtuvieron 12 vinculaciones a proceso.
Hay ocho no vinculados, que se encuentran en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia para que determine si confirma o revoca la determinación del juez de control.
Seis más están por definir su situación jurídica porque en varias ocasiones solicitaron al juez, mediante estrategias legales, el diferimiento de la audiencia dejando a la Fiscalía sin posibilidad de imputar los hechos que les atribuyen.
Goff Ailloud dijo que esperan que esas audiencias por fin se puedan realizar durante este mes.
Medidas cautelares
En el caso de los servidores públicos y particulares que fueron vinculados a proceso, señaló que se logró la imposición de medidas cautelares como exhibición de garantías económicas, presentación periódica ante las autoridades, prohibición de salir de la entidad y de acercarse a determinadas personas, y prisión preventiva.
Incluso se giraron órdenes de aprehensión a petición de la Fiscalía por sustracción a la acción de la justicia.
Respecto a la recuperación de activos, Goff Ailloud señaló que en 2022 se recuperaron 650 mil pesos por medio de diversas figuras procesales.
En suma, derivado de las investigaciones y acciones emprendidas por la Fiscalía, hasta la fecha se recuperaron bienes, entre muebles, inmuebles y dinero, por más de 60 millones de pesos.
También, agregó, se lograron dos sentencias condenatorias, en las que se impusieron sanciones como la pena privativa de la libertad o prisión, multas e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, entre otras.
La última fue en agosto pasado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
En este último caso, explicó que se impusieron penas de tres años y cuatro meses de prisión, multa, jornadas de trabajo a favor de la comunidad, reparación del daño, suspensión de derechos políticos electorales y la inhabilitación por siete años para desempeñar cargos públicos.
Por otro lado, Goff Ailloud señaló que, derivado de la actividad ante los órganos judiciales, se obtuvieron pronunciamientos no solo de jueces de Control, sino de las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado que conocen acerca de la materia penal, lo que ha permitido generar criterios judiciales sobre delitos por hechos de corrupción.