En los albores de un año que es antesala de un período electoral, Patricia McCarthy Caballero advierte: “Lo que vamos a ver de aquí a 2024 es una escalada no solo en cuanto al monto de los programas sociales sino en el intento de vincular estos apoyos con la figura presidencial y el partido que representa el presidente”.
“No solo es grave incrementar los programas con fines electorales, sino su cada vez mayor identificación con el partido gobernante como el gran dador de los apoyos”, subraya.
Integrante del equipo coordinador del Frente Cívico Familiar, organización que desde sus inicios ha practicado la observación electoral, la maestra McCarthy alerta de un uso cada vez más descarado de los programas sociales con fines políticos porque “estamos en la era de la violación a la ley y no pasa nada”.
Además, apunta, en el discurso presidencial se ha legitimado la ayuda a los pobres como una estrategia válida, pero “no es ayudar a los pobres a salir de la pobreza sino mantenerlos en esa situación” porque se les ve como clientela.
Bienestar en Yucatán: en cuentas oficiales
De acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar que publicamos en nuestras ediciones de anteayer y ayer, en 2022 el gobierno federal distribuyó en Yucatán más de diez mil millones de pesos mediante 24 programas de transferencia directa.
En 2021 el gasto por ese mismo concepto fue de alrededor de siete mil millones de pesos.
Además del monto económico, también creció el número de beneficiarios en la entidad: en 2021 fueron 494,350 y en 2022 la lista aumentó a 590,902.
El grupo más grande de quienes reciben los apoyos es el de adultos mayores: en 2022 fueron 222,080 y en los próximos días recibirán sus tarjetas los que se incorporaron desde mayo del año pasado.
También será mayor la cifra de personas con discapacidad que reciben recursos federales, pues a partir de este año se elimina el límite de edad para tener acceso a ellos, que era de 29 años.
Los 590,902 beneficiarios de los programas de transferencia directa equivalen a la cuarta parte de la población de Yucatán.
Sin embargo, ese número de la lista oficial es en realidad más grande, pues en el programa La Escuela es Nuestra se mencionan 812, pero no son personas sino planteles atendidos. Si se toma en cuenta la cantidad de familias o alumnos de cada colegio, la relación sube significativamente.
La mitad del gasto en los programas sociales en Yucatán se canaliza a los adultos mayores. El año pasado las transferencias a este grupo ascendieron a 5,130 millones 48,000 pesos.
Aumento de la pensión
En 2023 la suma será mayor, por el aumento que anunció el gobierno federal. La pensión bimestral pasará de 3,850 a 4,800 pesos, un 25 por ciento más.
Según anunció hace unos días la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el padrón del programa de pensión de adultos mayores crecerá de 10 millones 537,181 a 11 millones 56,534 beneficiados en todo el país solo en el primer bimestre del año.
“Definitivamente, estamos viendo algo que es muy grave”, dice Patricia McCarthy en una entrevista. “A nivel nacional de por sí hubo un incremento importante en los programas sociales que ha venido impulsando este gobierno”.
Y reitera que de aquí a 2024, año en que habrá relevo en la Presidencia y en varias gubernaturas, entre ellas la de Yucatán, se verá sin duda una escalada en el monto de los apoyos y en los intentos de vincular éstos con la figura presidencial o con Morena.
La exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán hace notar que en muchos beneficiarios prevalece la creencia de que los programas sociales pueden desaparecer si no ganara el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que vamos a ver cada vez más es este discurso de que los programas se pueden perder si llega (a ganar) la oposición”, recalca. “En muchas personas hay un verdadero temor de que esto pudiera concretarse”.
Sutil manipulación
La entrevistada señala que es tan sutil la manipulación mediante esta estrategia política que mucha gente sigue creyendo que le debe el apoyo a la persona, aunque se le haga ver que proviene de dinero de todos los contribuyentes.
“Lo hicimos durante las observaciones”, relata. “Decíamos: ‘Oiga, ¿usted sabe que esto se paga con nuestros impuestos?’ Y nos respondían: ‘Sí, sí lo sabemos’… En el fondo hay esta clara identificación, la idea de que se le debe el apoyo a una persona y de que si no votas por ella o el partido que esta persona representa, ese programa se puede perder”.
La maestra McCarthy añade que las organizaciones civiles, y la sociedad en general, tienen un gran trabajo por delante, para quitar de la gente ese discurso e insistirle en que no le debe nada a nadie, que no se trata de favores ni de dádivas y que los programas sociales se financian con dinero público que proviene del pago de los impuestos (Continuará).