El Poder Judicial del Estado invierte alrededor de dos millones 835 mil pesos en su programa Justicia Digital, que consiste en adquirir e instalar 29 cámaras de videovigilancia, equipos de informática y de biometría, como parte de su proceso de modernización y sobre todo por tres aspectos fundamentales que son, la seguridad, control y orden, dijo María Carolina Silvestre Canto Valdés, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
“Justicia Digital no solo es la parte tecnológica que desarrolle un equipo de informática, que a la vez desarrolla los sistemas que vamos a necesitar, también es continuar con los sistemas de videofilmación de las salas de oralidad”, indicó.
La funcionaria señaló que algunos sistemas de filmación ya han sido cambiados, pero es necesario continuar renovándolos por cuestiones de capacidad, ya que todos los juicios orales son grabados.
En sus oficinas del TSJE, Carolina Canto informó que la primera fase de este programa consiste en la instalación de 29 cámaras de videovigilancia, la cual comenzó el 8 de febrero pasado y se espera finalice este mes.
La funcionaria judicial recordó que en 2008, cuando todavía no existía el Consejo de la Judicatura, el pleno del Tribunal Superior emitió un acuerdo para adquirir e instalar cámaras de seguridad en los edificios de la misma sede del Poder Judicial, los juzgados civiles y penales.
Carolina Canto explicó que al existir ahora el Consejo de la Judicatura al retomar el programa de modernización, en noviembre de 2022 se acordó no solo adquirir las cámaras y equipo de informática, sino también agregar la remodelación de baños, mantenimiento de bombas, adquisición de inmobiliario, aires acondicionados y otras acciones que ya están en marcha en el edificio de la calle 35, donde están los juzgados mercantiles y familiares.
La magistrada señaló que estas cámaras generaron inconformidad y molestia entre los trabajadores, y aclaró que la nunca se ha tenido la intención de intimidar a los empleados, ya que solo es un tema de seguridad y orden.
Por último, la funcionaria remarcó que las cámaras se instalan en los mismos lugares donde antes estuvieron, y se trata de espacios de atención al público, esto es por seguridad para el trabajador y los usuarios, para proporcionar a estos últimos un espacio que resulte más seguro.
Las que se están agregando que antes no estaban, precisó, son algunas en el la parte exterior del edificio, en lo que es la entrada y salida de esa sede judicial que también es donde han movimiento y presencia de los usuarios.
“Queremos mejorar todo eso, porque debemos garantizar la es seguridad y certeza, parte también es elaborar los procesos, muchas de las normativas en cuestión de reglamentos y manuales, hemos detectado que hay que actualizarlo, es parte de la mejora regulatoria, es el nuevo proceso como se quiere que funcione, y de ahí ver si se necesita, será un trabajo continuó”, expresó.
Recientemente el Poder Judicial continuó con su reorganización, al aprobarse la nueva integración de sus comisiones, que son órganos de trabajo administrativos, en los cuales por cierto relegaron a las dos magistradas y magistrado que le ganaron amparos al gobierno y se mantienen en el Tribunal Superior de Justicia, a los órganos colegiados de deportes y biblioteca.
De acuerdo con información recabada en el Poder Judicial del Estado, se trata de la integración de 11 órganos colegiados, entre comisiones, comités y órganos de enlace, cuyas funciones son del tipo administrativo, de apoyo al trabajo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Lo curioso de estos órganos colegiados es que a las dos magistradas Leticia Coba Magaña, Ingrid Priego Cárdenas y el magistrado José Rubén Ruíz Ramírez que son los más antiguos, los pusieron a las tres personas en dos comisiones que no se consideran de gran importancia, son las de Implementación de actividades deportivas y la de supervisión de la biblioteca.
De acuerdo con la lista de integrantes de estos órganos colegiados en las otras, todos los nuevos magistrados se distribuyeron entre los otros nueve organismos, como la de Derechos Humanos e igualdad de género, enlace entre la asociación mexicana de impartidores de justicia y el Poder Judicial, Comité de Protección Civil del Tribunal Superior.—DAVID FERNANDO DOMÍNGUEZ MASSA