La publicidad política de aspirantes a futuros cargos de elección popular que hoy se ve en las calles así como actividades de los partidos, debería abrirse a un debate nacional en la Cámara de Diputados y con los académicos, porque jurídicamente no se puede proceder contra ellos, aunque contrario a los criterios jurisprudenciales del Tribunal, la percepción general es que violan la ley, opinó el exconsejero electoral José Antonio Martínez Magaña.
“Los criterios del Tribunal Electoral de la Federación son que mientras no pidan el voto o se expresen como candidatos, no se viola la ley, y además como se publicitan como si fueran portada de algún medio de comunicación, se le agrega la libertad de expresión, para terminar de cubrirse y no se proceda contra esos aspirantes a candidatos”, agregó.
Ayer informamos que mostrando su indignación por la violación de las leyes electorales, integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (Amisy) denunciaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) las campañas anticipadas de aspirantes a la gubernatura del Estado.
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También informamos por declaraciones de Gaspar Quintal Parra presidente estatal del PRI, que el hecho de que el Iepac no responda a las quejas presentadas por actos anticipados de campaña por los tiempos podría incurrir en un delito, que es la denegación de justicia.
Iepac resolvería denuncia por campañas anticipadas hasta agosto
En el Iepac se trató de buscar una respuesta, y solo se informó que, a la denuncia recibida el día anterior de las integrantes de la Amisy, se le dará el curso legal correspondiente, y se trasladará a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para la revisión y análisis que corresponda, pero esto sería hasta el próximo mes de agosto, porque están de vacaciones.
Exconsejero del IEPAC Yucatán opina sobre campañas anticipadas
Se consultó sobre este tema con José Antonio Martínez Magaña apelando a su experiencia como exfuncionario electoral federal y como exconsejero electoral del Estado, y manifestó que en el caso de la denuncia presentada por el PRI por la publicidad de un alto funcionario del Infonavit que aspira a la candidatura de Morena por la gubernatura, lo más probable es que se termine resolviendo en el Consejo General Electoral del Estado, de acuerdo con el proceso en estos casos.
El Instituto deberá investigar y documentar estas denuncias, y si lo consideran en el cuerpo técnico emitir un dictamen o acuerdo que se turnaría al Consejo para ponerlo a consideración de los consejeros electorales estatales.
Pero en su opinión y de acuerdo con los criterios del Tribunal Electoral de la Federación, difícilmente se pueda proceder de alguna manera en contra de los aspirantes a las candidaturas denunciados. El exconsejero explicó que además las autoridades lectorales argumentan también que no pueden calificarse a estas publicidades como actos anticipados de campaña, porque aún no inician los procesos electorales, en los cuales se define claramente los tiempos para los trabajos de proselitismo.
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“Hoy el derecho positivo según los criterios del Tribunal Electoral señalan, que no hay ilegalidad en que una revista publique su portada en espectaculares con imágenes de quienes buscan las candidaturas, como se ve hoy en las calles de todo el país, incluyendo Mérida”, afirmó.
Martínez Magaña señaló que, jurídicamente no procederían porque asumen la responsabilidad las revistas con el argumento de que es publicidad para difundir ese medio de comunicación y en ninguna piden el voto directo para la elección, por eso se considera legal, aunque la percepción general es que sí es ilegal.
Lo ideal –continuó-, sería que esto se abra a un debate nacional donde se exponga y discuta la situación, los derechos políticos, los tiempos y acciones de los que aspiran a cargos públicos, que se analice detenidamente y definan lo que corresponda, para que deje de tenerse esta percepción de que quienes serán las futuros autoridades inician con actos ilegales, violando las leyes.
El entrevistado consideró que el lugar para debatir y definir lo que se debe hacer es en la Cámara de Diputados, pero que se incluya también en el debate y se considere la participación y aportaciones sobre el tema de parte de los académicos.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA//AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA.