CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de varios días de no pronunciarse en público, el senador Enrique Inzunza, de Morena, negó que haya tenido contacto con autoridades de Estados Unidos, en medio de crecientes presiones por acusaciones contra exfuncionarios señalados de proteger al Cártel de Sinaloa.
Inzunza, exsecretario General de Gobierno de Sinaloa, rompió el silencio en redes sociales, donde negó cualquier contacto con autoridades del vecino país del Norte.
Inzunza rechaza acusaciones de EE.UU. en su contra
Rechazó “firmemente” las imputaciones en su contra, que calificó como “mendaces” y sin sustento, y aseguró que ello “quedará demostrado en su momento”.
Al mismo tiempo, negó tener “contacto alguno con autoridades extranjeras” y afirmó que no tiene ni contratará abogados porque “no hay razón para ello”.
“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, aseveró.
El senador oficialista añadió que ha servido con rectitud a México y Sinaloa durante su trayectoria pública, defendió su honestidad e integridad y mencionó que permanece en ese estado “con los suyos”.
¿De qué se acusa a Enrique Inzunza?
Las declaraciones de Inzunza ocurren luego de versiones periodísticas que señalaron que el senador se habría sumado a conversaciones con autoridades estadounidenses, después de que dos exfuncionarios de Sinaloa se entregaran a EE.UU.
Los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses en medio de acusaciones de proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa.
Ambos forman parte de un grupo de 10 funcionarios, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia de su cargo, señalados por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas a cambio de supuestos sobornos millonarios.
Según reportes difundidos el viernes, los dos exfuncionarios negocian con fiscales estadounidenses como posibles testigos cooperantes.
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió una acusación contra 10 funcionarios de alto nivel en Sinaloa por presuntamente proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, y facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.
Hasta ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado oficialmente sobre las entregas, mientras la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha insistido en que “ningún gobierno extranjero” definirá el rumbo del país.