Agremiadas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo manifiestan su inconformidad y preocupación por presuntos actos de intimidación, acoso y suspensión de derechos sindicales en la agrupación que encabeza desde 2005 su secretario general Jervis García Vázquez.
Las denunciantes aseguran que están temerosas de las implicaciones que podría traerles el denunciar y hacer públicas situaciones que vienen padeciendo, pero dicen que han sacado el coraje para dar la cara y están convencidas de que mientras no se den a conocer estas injusticias e irregularidades, se seguirán cometiendo en perjuicio de muchos de los 3,000 agremiados con que cuenta el sindicato, quienes se desempeñan en diversas dependencias del gobierno del estado.
En entrevista con Diario de Yucatán, Araceli Ávila Pat y Guadalupe Manzanilla Ayala, acompañadas de Luis Felipe Rodríguez Tamayo, integrante de la actual directiva y opositor a Jervis García, denuncian una serie de situaciones en las cuales han visto trastocados sus derechos sindicales de grave e incluso temen represalias contra ellas y sus familiares, pues dicen que el actual dirigente del sindicato abusa del cargo que ostenta e incluso ha generado condiciones que distan mucho de que al interior del mismo existan condiciones democráticas..
Detalles del caso
Aracely Ávila, de 52 años, fue durante 17 años cocinera del Hospital de la Amistad Corea-México, se le han reconocido 15 de estos y lleva cinco pagando cuotas del sindicato (el personal del citado hospital se integró entonces al sindicato). En 2022 enfermó de gravedad y ha requerido por lo menos tres cirugías. Prácticamente ha estado incapacitada desde hace 11 meses, de modo que se le sugirió, por parte del hospital donde labora, solicitar la pensión por incapacidad, a la cual tiene derecho por sus años de servicio.
Como requisito para gestionar dicha prestación, es necesario que ella renuncie a su cargo en el hospital. De tal forma, el pasado 31 de diciembre fue su ultimo día laboral y paralelamente pagó su última cuota sindical. Sólo unos días después, el 6 de enero pasado, acudió al sindicato para solicitar apoyo en la tramitología de su pensión por incapacidad.
Ahí la maestra Sandra Fuentes, secretaria de habitación y vivienda del sindicato, le informó que al haber renunciado a su puesto y ya no pagar más cuotas como sindicalizada, ella ha perdido todos sus derechos sindicales y ya no se le puede apoyar.
La pensión por incapacidad laboral de Ávila Pat está avalada por el IMSS y el hospital O´Horán, y el propio Isstey. Sin embargo, en el mejor de los escenarios y transcurriendo sin inconvenientes, con toda la tramitología que hay por delante, quizá no vea un centavo de su pensión sino hasta abril.
Aracelly Ávila lamenta esta situación y no comprende la falta de empatía y apoyo por parte del sindicato, pues renunciar al cargo para recibir la pensión es un requisito establecido por ley, pero al parecer el sindicato solo apoya si continuas pagando cuotas.
Violencia de género
Guadalupe Manzanilla Ayala, de 57 añosd, auxiliar de enfermería en el Hospital Psiquiátrico, estuvo afiliada al sindicato por 19 años, donde llegó a ocupar cargos a nivel dirigencia hasta que en 2005, con la llegada de García Vázquez, sin ninguna explicación perdió todos sus derechos, que recuperaría años después.
Recordó que han pasado 13 años desde que el sindicato le devolvió sus derechos sindicales. Sin embargo, ha sido blanco de continuas presiones, amenazas, represalias y hostigamiento por parte de García Vázquez. Se define como víctima de violencia de género.
Aunque ha pedido apoyo al dirigente del sindicato para que su hija consiga una plaza, éste solo le ofrece empleos donde debe lavar baños, barrer y trapear.
La entrevistada asegura que ya no puede opinar ni decir nada de forma libre en torno a su líder sindical sin que éste le mande llamar para una reprimenda.
Tanto Manzanilla Ayala como Ávila Pat temen por sus derechos, su seguridad y la de sus familiares. Responsabilizan a García Vázquez de cualquier cosa que pueda pasarles a ellas y a sus seres queridos.
Por su parte, Felipe Rodríguez Tamayo asegura que como éstas existen otros casos en los que los trabajadores son violentados en sus derechos sindicales.
Asegura que el sindicato no es de modo alguno una estructura democrática. Su actual dirigente y sus colaboradores más cercanos han modificado los estatutos del mismo a su conveniencia para perpetuarse en el poder, de modo que resulte muy difícil que surja una candidatura que reúna todos los requisitos para contender contra ellos por la dirigencia sindical.
“Quieren que quien se postule lo haga haciéndose acompañar de forma presencial con por lo menos 500 compañeros; las elecciones se hacen en un solo lugar, en un solo día y con un número limitado de horas. Es imposible que 3,000 empleados o colaboradores del estado dejen sus puestos de trabajo para ir a sufragar sin afectar al público” señaló.
Recordó que Jervis García Vázquez llegó a la dirigencia del sindicato hacia el final de la administración del gobernador Patricio Patrón Laviada, continuó en el cargo durante todo el quinquenio de Ivonne Ortega Pacheco, el sexenio de Rolando Zapata Bello y lo que va del de Mauricio Vila Dosal. En total lleva en el cargo por lo menos 17 años.
Las causas de ambas mujeres afectadas se han canalizado al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado.— EMANUEL RINCÓN BECERRA