“Señora, te venimos a desalojar”, le dijo un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la señora María del Pilar el pasado 16 de octubre momentos antes del violento despojo en Mérida en el que su casa fuera destruida con maquinaria pesada.
La ciudadana narró al Diario cómo entraron a su propiedad para sacarlos y derribar 13 viviendas, diciendo que el gobernador del Estado, Mauricio Vila, había firmado el desalojo.
“¿Dónde está la orden?”, habría preguntado la mujer al oficial.
“Aquí está”, le respondió el uniformado enseñándole una hoja de lejos. “Quiero verla, que me la den”, le dijo la señora al elemento de la SSP.
Acusan violento despojo en Mérida: así entraron a su propiedad
“No, a nosotros nos mandaron a desalojar y eso vamos a hacer”.
Así, la policía, según relata María del Pilar, ingresó al terreno ubicado a espaldas del Instituto Tecnológico de Mérida Campus Poniente.
Y con maquinaria pesada derribaron 13 viviendas construidas a lo largo de 40 años en un terreno que hoy está en litigio en el Tribunal Unitario Agrario.
El señor Tito Ángel Sierra Ak explicó que en 1982 compró al ejido de Chuburná dos hectáreas, comenzó a trabajarlas.
Con el paso del tiempo fue repartiendo esas dos hectáreas a sus hijos, nietos y otros familiares que poco a poco fueron levantando sus viviendas hasta formar una colonia.
“La verdad yo no soy estudiado, pero en ese entonces el comisario me entregó una hoja y me dijo que cuando yo quiera regularizar el terreno, con eso podía hacerlo, pero no lo hice en ese entonces”, señala.
Un terreno en litigio
Sus familiares decidieron hacer esa regularización, pero en el proceso se toparon con que una persona comenzó a reclamar el terreno como suyo, un empresario de nombre Fued Omar Melayes López.
Supuestamente Fued Omar Melayes López en el año 2017 recibió a título gratuito y por decreto del entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto, dicho terreno, según el documento 000001004329, de fecha 11 de diciembre de 2017, que está en el Registro Público de la Propiedad.
María del Pilar explica que el litigio por esos dos terrenos de una hectárea cada uno aún está en proceso y no hay sentencias definitivas.
Tan es así que les notificaron que una audiencia que estaba programada para el pasado 13 de octubre fue cancelada.
Señalan que el gobernador Mauricio Vila avaló el desalojo
Pero tres días después llegaron más de 700 policías, dice, para despojarlos de sus casas y derribarlas con la excusa de que el gobernador del estado (Mauricio Vila) firmó el desalojo en favor de una mujer.
“Si hubiese sido una diligencia para asegurar el predio ¿por qué derribaron las casas?”, comentó la señora.
Otra mujer, hija de don Tito, relató que ante lo que ellos consideraron una arbitrariedad, decidieron grabar el actuar de la policía.
Elementos de la SSP Yucatán los detienen por grabar el violento despojo
Sin embargo, los agentes de la SSP detuvieron a al menos cuatro personas que estaban grabando y les borraron fotos y videos de sus teléfonos celulares, no sólo del momento, si no todos los archivos que tenían.
“Nos quitaron nuestras casas, era todo lo que teníamos. Ahora no tenemos nada, todo esto es muy injusto”, decía la mujer en medio de lágrimas.
Sin embargo el problema no terminó ahí, ayer viernes la policía llegó de nuevo a dicho lugar para desalojar otras 20 viviendas.
Frustran nuevo despojo
Sin embargo en esta ocasión los familiares de don Tito estaban alertas y con un amparo otorgado por un juez federal a favor de don Tito, lograron evitar que de nuevo un supuesto desalojo se lleve a cabo.
Ahí, un supuesto actuario exigía a los elementos de la SSP sacar a los habitantes y destruir las casas.
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“Tienen un amparo, no podemos pasar por encima de la orden de un juez federal”, le habría dicho el policía al supuesto actuario, según relata un joven de nombre Jorge, nieto de don Tito.
Los habitantes de estas 33 casas señalaron que van a continuar con su lucha legal, pues don Tito asegura que cuenta con la documentación que le entregron hace 40 años por esos terrenos.
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No obstante se sienten desamparados y acusan un violento despojo en Mérida, al desalojarlos de su propiedad y quitarles su patrimonio con el conocimiento de las autoridades de Yucatán.
Por tal motivo, alzaron la voz para denunciar estas arbitrariedades.
“Después de la sentencia definitiva, vamos a denunciar penalmente los daños”, señalaron.