Después de que el Congreso del Estado le aprobó un presupuesto menor que el solicitado originalmente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac) ha insistido en una ampliación presupuestal que pone los ojos sobre la operación del organismo.

Con el presupuesto de 523.64 millones de pesos que el Iepac planteó para este año, cada voto de los yucatecos hubiera costado 300 pesos al erario. Es una cantidad mayor que la arrojada por entidades que tienen una lista nominal de electores más grande, como el Estado de México y Tabasco.

Según datos oficiales, en la lista nominal de Yucatán hay un millón 739 mil personas.

Supone elevado aumento al gasto electoral

Detrás de la solicitud de ampliación presupuestal de la institución asoman aspectos que cobran relevancia en un año electoral.

Los $523.64 millones solicitados para el proceso electoral concurrente de 2024 representan un aumento de 62% en comparación con los $323 millones que ejerció el organismo en el proceso de 2018.

Datos del propio organismo arrojan que en el ejercicio de su presupuesto el concepto que más ha crecido en los últimos años es el de Servicios Personales.

Gasto electoral, en la mira

Tras la solicitud del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) de que le amplíen los recursos que le asignó el Congreso del Estado, datos de la Cuenta Pública de distintos años electorales muestran que el presupuesto pretendido por el organismo representa la petición más alta que se haya planteado en un año de elecciones.

De acuerdo con esos datos, obtenidos de los informes trimestrales que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) envía al Congreso del Estado, la proyección presupuestal del Iepac, actualizada con los índices de inflación esperados en 2024, es mucho mayor que lo solicitado en 2015, 2018 y 2021 y evidencian que el instituto ha sido rebasado en niveles de eficiencia por otras instituciones electorales del país, que incluso cuentan con una lista nominal mayor.

En otros organismos, mientras el padrón electoral crece cada año, sus requerimientos presupuestales van a la baja con medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

Esta situación se refleja en el costo del voto. Con el presupuesto de 523.64 millones de pesos que solicitó para este año, que finalmente redujo el Congreso, cada voto de los yucatecos hubiera costado 300 pesos al erario, una cantidad mayor que la de otras entidades.

Esa cantidad resulta de dividir el total de los recursos entre un millón 739 mil personas que aparecen en la lista nominal de electores.

Como se ha informado, el Iepac solicitó $523.64 millones para el proceso electoral concurrente de 2024, lo que representa un aumento del 62 por ciento respecto a los $323 millones que ejerció en el proceso de 2018.

El presupuesto pretendido representaba $201 millones más que lo ejercido en 2018. Excluyendo la asignación a los partidos políticos, finalmente el instituto aspiraba a obtener 130 millones de pesos más de presupuesto para su operación.

Yucatán, entre las entidades con el voto más caro

Además, estos $523 millones significan un aumento de 45% respecto al presupuesto de 2021 —también un año electoral—, cuando el organismo que preside el consejero Moisés Bates Aguilar solicitó $362 millones.

Esto colocaría a Yucatán como una de las entidades más caras en el ejercicio del voto respecto a la disciplina presupuestal de otros organismos, que con mayor o similar padrón electoral han logrado aumentar su eficiencia administrativa, dependiendo cada vez menos de los recursos estatales.

A fin de cuentas, el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado es de 436.34 millones de pesos. Este monto incluye la asignación por ley a partidos políticos.

Sin embargo, en realidad la institución ejercerá un total de $453.34 millones, ya que en 2023 había solicitado al Ejecutivo del Estado una ampliación presupuestal de $17 millones para cubrir compromisos financieros relativos a los trabajos de inicio del proceso electoral ordinario 2023-2024, estimados para su inicio en noviembre del año pasado.

Datos del propio organismo electoral arrojan que en el ejercicio de su presupuesto el concepto que más ha crecido en los últimos años es el de Servicios Personales: en 2017 fueron $83 millones; en 2018, $133 millones, y en 2023, 97.4 millones de pesos.

Esto representa un significativo incremento en los recursos ejercidos para el pago de salarios y prestaciones al personal entre un proceso electoral y otro.

¿Cuánto cuesta el voto en México?

El rubro de eficiencia administrativa del Iepac contrasta con el de otros organismos que tienen una lista nominal de electores superior.

Por ejemplo, en el Estado de México, con una lista nominal de 12 millones 811 mil personas, el presupuesto asignado al Instituto Electoral en 2024 se redujo de $3,541 millones a $2,762 millones. Son $215.59 por ciudadano inscrito en la lista.

En Yucatán, con los $523 millones de la pretensión del Iepac, el voto por ciudadano llegaría a 300 pesos, como indicamos líneas arriba.

En Tabasco, con una lista nominal de un millón 786 mil personas, el Instituto Electoral solicitó al gobierno del Estado 570 millones 125 mil 345.27 pesos. El Ejecutivo tabasqueño le asignó 433 millones 400 mil pesos, que incluye recursos por 247 millones 231 mil 189 pesos para el proceso electoral 2024.

Esto representa 242.66 pesos por cada ciudadano inscrito en el padrón, 58 pesos menos que en Yucatán si prosperara la solicitud.

Según la información recabada, el Iepac ya había aprobado en sesión extraordinaria el presupuesto que le autorizó el Congreso.

Sin embargo, como publicamos en la columna Plaza Grande, los consejeros realizaron en octubre pasado una reunión en la que etiquetaron los recursos presupuestales de enero a septiembre, bajo la figura “Ad cautelam”, en la que se indica que “las ampliaciones presupuestales que se reciban se adecuarán hasta donde alcance la distribución del ejercicio financiero, para solventar en debida forma el proceso electoral, e incluyendo en estas adecuaciones el pago de las prestaciones de los trabajadores y la operación ordinaria del Instituto”.

Esto prácticamente pondría en estado de indefensión a los trabajadores del organismo y se estarían violando cuando menos dos disposiciones legales.

Una de esas disposiciones es la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán al incumplirse el artículo 4, que señala que la administración de los recursos de la Hacienda Pública deberá cumplir, entre otros, los principios de anualidad, además de la eficiencia, eficacia y economía.

También se estaría violando la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que en su artículo 105 señala que, en los relativo a las prestaciones, el personal deberá disfrutar de las medidas de protección al salario y gozará de los beneficios de la seguridad social, ya sea la que pertenezca al Estado de Yucatán o a cualquier otro.

Asimismo, refiere que el pago de salarios y prestaciones que deriven de la normativa o condiciones generales de trabajo se llevará al cabo con cargo al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, entre otras medidas.

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