Habitantes de Homún ganaron una batalla al determinarse, tras siete años de lucha, que las autoridades incurrieron en omisiones y violaron derechos al autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental de la megagranja porcícola de ese municipio.
Por ello, ayer representantes de esa población y organizaciones civiles acudieron con mantas, pancartas y batucada a la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal (SDS) a pedir que no haga uso de su derecho de acudir a la siguiente instancia, de impugnar y continuar este pleito legal.
Ana Paola Galue Ruz, directora general jurídica de esta secretaría, atendió a representantes de esta lucha de Homún, a quienes ofreció acatar las órdenes del juez.
Más tarde, declaró que no precisamente clausurarán la granja, pero como parte del acatamiento sí dejarán insubsistente el permiso que se le otorgó e iniciarán el trámite para su funcionamiento.
Cristina Muñoz Menéndez, una de las dirigentes del grupo Indignación, dijo que la semana pasada el juez Segundo de Distrito les dio la razón al declarar que “se incurrió en diversas inconsistencias de carácter omisivo”.
Pero, añadió, a la SDS le queda hasta el lunes 19 el derecho de irse a una siguiente instancia a pedir la revisión de esta sentencia del juez, por eso decidieron pedir a esta autoridad que no haga uso de ese derecho y dé por concluida ya esta lucha.
A las 10:15 horas y al ritmo de la batucada, alrededor de 30 personas bloquearon la calle 64 entre 53 y 49, frente a la secretaría.
Ahí enarbolaron la bandera del pueblo maya y mantas con consignas.
Frente a la entrada de esta dependencia desplegaron una larga y ancha cinta amarilla con la leyenda: “Clausurado”.
“No autoricen ninguna granja sin consultar al pueblo maya”
Habitantes de Homún y activistas bloquearon ayer la calle 64 entre 53 y 49, frente al edificio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la que acusaron de ser cómplice de empresarios en la lucha contra la megagranja porcícola.
Frente al edificio se dio lectura a un escrito titulado “Respetar resultado de la consulta, exige Homún ante amparo del juez federal”.
En él remarcan que la resolución del juez cancela autorización la megagranja y ordena realizar consulta previa al pueblo maya de Homún, y que éste rechazó la granja.
También relatan la historia de esta lucha, desde que Eduardo Batllori Sampedro estaba como secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el gobierno de Rolando Zapata Bello y ahora Mauricio Vila Dosal, quien como gobernador litiga a favor de la empresa, hasta llegar a esta resolución del juez Segundo Federal que por fin le dio la razón al pueblo.
En el escrito exigieron cinco puntos que son:
- 1) A la SDS y al gobierno del Estado: respeten los resultados de la consulta (hecha en 2017); es decir, que respeten la decisión de Homún que rechazó la megagranja.
- 2) A los gobiernos del Estado y federal: no autoricen ninguna granja sin consultar al pueblo maya, inicien un proceso para obtener el consentimiento o rechazo de los pueblos en los que están operando ilegalmente las megagranjas y respeten los resultados. Exigimos también que reparen los daños ocasionados por las instalaciones porcícolas.
- 3) Al gobierno del Estado: Deje de litigar a favor de las empresas y atienda su obligación de respetar y garantizar los derechos del pueblo maya. Eso significa abstenerse de impugnar el amparo para “defender” la Manifestación el Impacto Ambiental que otorgó ilegalmente a la empresa.
- 4) Al gobierno del Estado: detenga la criminalización de los pueblos que luchan por defender sus derechos y sus bienes naturales, como Sitilpech y Santa María Chi, y atienda la exigencia de todos los pueblos que han expresado que no quieren granjas en sus territorios.
- 5) A los gobiernos estatal, federal, municipales y al Congreso del Estado; reconozcan y respeten plenamente los derechos del pueblo maya, incluyendo el derecho a hacer la justicia de acuerdo con sus propios sistemas normativos.
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