La posibilidad de que el conocido traficante de tierras ejidales Gabriel Guzmán Millet sea vinculado a proceso, en este caso por falsificación de documentos, está cada vez más cerca.
El lunes 1 de abril un juez de Distrito le negó el amparo que había solicitado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ordenó su vinculación por ese delito, en octubre, luego de que una jueza de Control decidió no hacerlo.
Al no obtener el amparo de la justicia federal, a Guzmán Millet, conocido como Gabino, solo le quedará apelar a un Tribunal Colegiado que, según fuentes judiciales, podría también fallar en su contra.
Guzmán Millet fue acusado en 2021 por Saulo Méndez Puch de intentar apoderarse de la parcela ejidal 47Z1P2, de su propiedad, hoy el tablaje catastral 4187, en Seyé, con 39,700 metros cuadrados de superficie, mediante la falsificación de documentos. Gabriel Guzmán actuó, dijo, en contubernio con los hermanos Gerardo Iván y Mauricio Rubén Gutiérrez Domínguez y, al parecer, la titular de una notaría pública.
Una jueza de Control, que conoció el caso, decidió no vincular a proceso penal a los acusados, pese a las pruebas en su contra y Méndez Puch apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia, que le dio la razón.
Guzmán y socios se ampararon, pero un juzgado de Distrito falló también en su contra.
No amparan a traficante de tierra
Gabriel Guzmán Millet, (a) Gabino, un empresario dedicado al tráfico de tierras desde hace más de 25 años, estaría a punto de ser vinculado a proceso por falsificación de documentos.
Esta persona tiene a su nombre cientos de predios en varios municipios, muchos de ellos vinculados a denuncias de fraude, falsificación de documentos oficiales y despojo, lo que ha derivado en denuncias mercantiles y penales en su contra.
Pocas de ellas, empero, han prosperado, entre otras razones por la participación de Guzmán Millet en una red de traficantes de tierras, integrada por empresarios, políticos de distintos partidos y funcionarios, que le ha brindado impunidad.
Uno de ellos, como el Diario informó en varios reportajes publicados en noviembre de 2020, fue el entonces fiscal general del Estado, Wílbert Antonio Cetina Arjona, destituido ese mismo año.
De acuerdo con el expediente del caso, al que Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia tuvo acceso, en la denuncia presentada por Saúl Méndez Puch y su esposa Juanita Pech Cabo, en mayo de 2021.
Éstos, propietarios de un terreno en Seyé del que Guzmán Millet y sus socios pretendían apoderarse, relatan que en junio de 2017 tuvieron contacto con los hermanos Gerardo Iván y Mauricio Rubén Gutiérrez Domínguez, quienes les manifestaron su intención de adquirir su parcela e incluso en agosto de ese mismo año acordaron un precio, del cual incluso recibieron una parte.
Sin embargo, añaden, pasó el tiempo y éstos no se volvieron a presentar, aunque trataron de localizarlos, sin éxito, por lo que dieron por perdido el trato.
Poder apócrifo
Mientras los afectados trataban de contactar con los supuestos compradores, éstos operaban para apoderarse ilegalmente del terreno.
El 15 de agosto de 2017 los hermanos Gutiérrez Domínguez firmaron un supuesto contrato de promesa de compraventa con Méndez Puch y su esposa, ante un notario y dos testigos, pero el 19 de septiembre de 2022 el Ministerio Público entregó un peritaje a la jueza Garrido Colonia que demostraba la falsificación de las firmas de los esposos.
El mismo día de la inexistente firma de ese contrato, Méndez Puch y Juanita Pech supuestamente otorgaron a Guzmán Millet un poder notarial limitado, que lo facultaba para vender su terreno.
Este poder se otorgó ante la fe de la notaria Ana Luisa López Pavón, tal y como figura en el acta 445 de su protocolo, con fecha 15 de agosto de 2017.
No obstante, dos pruebas periciales, una de ellas realizada por un perito de la Fiscalía, concluyeron que las firmas que obran en dicho poder no corresponden a las de Méndez Puch y su esposa; es decir, esta fedataria habría levantado una escritura a sabiendas que las firmas eran falsas.
Con ese poder falsificado, Guzmán Millet acudió con otro notario, el 24 de marzo de 2021, en supuesta representación de Méndez Puch y Pech Cano, para formalizar la venta del terreno de Seyé por $534,864 a los hermanos Gutiérrez Domínguez, coludidos con Guzmán.
Pese a ésta y otras pruebas que demuestran la falsificación de documentos en la supuesta venta de ese terreno, el 29 de noviembre de 2022 la juez Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Diana Yadira Garrido Colonia, que conoció el caso, decidió no vincular a proceso a los inculpados, aunque Méndez Puch, como ya dijimos, se inconformó ante el Tribunal Superior de Justicia.
El 11 de octubre de 2023 la Segunda Sala Colegiada Civil y Penal de ese Tribunal resolvió modificar el acuerdo de no vinculación a proceso decretado por la juez de Control.
En su lugar dictó auto de vinculación a proceso en contra de Guzmán Millet y coacusados por el delito de falsificación de documentos.
Ante esta resolución, Guzmán presentó el 15 de noviembre de 2023 una solicitud de amparo, misma que le negó el juez Segundo de Distrito, Rogelio Eduardo Leal Mota, al considerar que los agravios expuestos por el denunciante eran infundados.
De este modo, sigue firme la sentencia del Tribunal Superior de vincular a proceso a Guzmán Millet y coacusados.
A éstos únicamente les queda pedir la revisión en un Tribunal Colegiado que, de acuerdo con litigantes cercanos al caso, seguramente fallará también en su contra porque los planteamientos de ambas partes siguen siendo los mismos.— HERNÁN CASARES CÁMARA