Yucatán ocupa el segundo lugar nacional con el presupuesto más alto en seguridad pública, por cada 100,000 habitantes, sólo abajo de Ciudad de México, lo que explicaría, en parte, sus bajos índices de inseguridad y su calificación como una de las entidades más seguras del país.
Además, resalta el hecho de que en promedio el 62%de su presupuesto anual en seguridad en los últimos cuatro años —en 2024 fue de $3,892.248,594— se destinó al pago de los sueldos y prestaciones de los más de 4,000 policías estatales, pues en el resto de México el porcentaje de ese gasto fue de 36%.
Esta distribución del presupuesto ha permitido que el sueldo promedio de un policía raso en Yucatán, antes de impuestos, sea de $17,580 al mes, lo que nos coloca como el cuarto estado en el país con los sueldos de policía más altos.
Aparte de su presupuesto operativo anual, el gobierno del Estado gestionó un crédito por $2,620 millones en 2019 a favor de la SSP para comprar cientos de cámara de vigilancia, arcos de seguridad, drones y otros equipos para reforzar la seguridad en la entidad.
A todos estos factores habría que sumarle el hecho de que el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, ocupa ese cargo desde hace 17 años ininterrumpidamente y antes los hizo de 1995 a 2001 en el gobierno de Víctor Cervera Pacheco, afirma Víctor Ratti Fernández, director de Viae Consultores, una empresa de Ciudad de México especializada en diseñar políticas públicas en materia de seguridad.
La larga permanencia de Saidén Ojeda en ese puesto, más su experiencia en el tema, su adecuada gestión de los recursos financieros, su estrategia de capacitación y formación de nuevos cuadros policiales y su habilidad para trabajar en conjunto con las fuerzas federales de seguridad, han logrado mantener bajos los índices de violencia e inseguridad en Yucatán.
Esto, en medio de un entorno regional y nacional donde sucede todo lo contrario, señala.
“Por esta razón creo que la seguridad pública en el estado se encuentra en un precario equilibrio, que podría romperse con el próximo cambio de gobierno. Aquí el tema de fondo, más allá de los ofrecimientos de campaña que los candidatos a la gubernatura han hecho a Saidén Ojeda para que continúe en su cargo, es saber si éste, que pronto cumplirá 70 años, quiera y le convenga seguir”, dice Ratti Fernández.
Además de estos factores, hay otros que contribuyen al buen desempeño de la Policía Estatal, explica el especialista, consultado en sus oficinas de Ciudad de México.
Uno de ellos, señala, es que la gran mayoría de los policías estatales y municipales son oriundos de Yucatán, lo que les permite conocer mejor a la gente y al territorio.
“No en todas las corporaciones policíacas del país se ve esto, empezando con las de Quintana Roo y Campeche, donde por lo menos sus altos mandos vienen de otras partes de la República, con los resultados que están a la vista”.
Como consecuencia de todos estos factores, agrega Ratti Fernández, la percepción de los ciudadanos sobre el comportamiento de la policía yucateca la ponen en el primer lugar, cuando se mide la confianza que inspiran sus agentes, la calidad de su desempeño y la disposición para ayudar, como concluye la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, del Inegi.
Esto se traduce a su vez en niveles bajos de incidencia delictiva en el estado. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre de 2024 Yucatán ocupó el segundo lugar con menos incidencia delictiva en el país, con el registro de 723 delitos, abajo de Tlaxcala, que tuvo el primer lugar, con 601 delitos.
De acuerdo con la investigación Hallazgos 2021, elaborado por México Evalúa, un centro apartidista dedicado a seguir y evaluar el sistema de justicia penal, entre otros estudios, el presupuesto institucional de Yucatán en seguridad pública, en tasa de 100,000 habitantes en 2021, fue de $147.586,114.
El primer lugar correspondió a Ciudad de México, con $205.614,738, y el tercero a Tabasco, con un presupuesto de $100.891,979 por cada 100,000 habitantes. El promedio nacional fue de $118.642,176.
De 2012 a 2022, añade el estudio, el gasto en seguridad pública en Yucatán mantuvo una tendencia predominantemente creciente en términos reales. La tasa media de crecimiento anual real fue de 4.3%.
Empero, el mismo estudio incluye un dato que llama la atención: así como Yucatán ocupa el segundo lugar nacional con más gasto en seguridad pública, a tasa de 100,000 habitantes, al mismo tiempo tiene el último lugar en asignación presupuestal a la Fiscalía del Estado.
En 2021 el presupuesto para esa dependencia fue de $16.325,429 por cada 100,000 habitantes, la cifra más baja de toda la república, cuando el presupuesto promedio de gasto por cada 100,000 habitantes en las fiscalías de justicia de todo el país fue de $51.972,460 ese año.
Ciudad de México fue la entidad con el presupuesto más alto, $77.276,291, seguida de Baja California y Chihuahua con más de $71 millones cada una.
La adecuada asignación presupuestal en seguridad pública en Yucatán le permite tener un estado de fuerza estatal de 4,213 elementos operativos y de fuerza municipal de 3,691, para un total 7,904 elementos policiales, informa el documento “Evaluación integral e informe de avances 2023 del Programa de Reforzamiento de la Seguridad Pública del estado de Yucatán.
De acuerdo con el último Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Inegi, Yucatán ocupa el tercer lugar nacional con más elementos policiales por 1,000 habitantes, con 1.4/1000, sólo abajo de Ciudad de México y Tabasco. El promedio nacional de policías por cada 1,000 habitantes es de 0.9.
El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de la SSP, la instancia responsable de la emisión del Certificado Único Policial (CUP), informa que hasta junio de 2023 en el ámbito estatal, el 88% de los elementos policiales contaban con ese certificado y el 67% en el ámbito municipal.
El CUP acredita los conocimientos, las habilidades y aptitudes de los elementos policiales, y para obtenerlo deben contar con resultado aprobatorio y vigente en evaluación de control de confianza, competencias básicas, desempeño y formación inicial.— Hernán Casares Cámara