Si México quiere combatir en forma definitiva y decidida el daño económico que ocasionan las empresas fantasmas al erario, tiene que enfrentarlo con una visión de Estado, como se hace con el narcotráfico y el terrorismo en otros países, consideró el doctor en Derecho Luis Pérez de Acha, integrante del equipo que impulsa una iniciativa ciudadana para contener esta actividad ilegal.
El experto fue entrevistado en torno al estudio e investigación “Las empresas fantasmas en México: una propuesta de política pública para combatirlas”.
El estudio fue realizado y presentado por especialistas de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) y el despacho jurídico Pérez de Acha Ibarra de Rueda (PAIR).
Pérez de Acha explicó que el propósito de este estudio es colocar el tema de las factureras desde una aproximación propositiva, pues son necesarias reformas legales y el análisis de implicaciones técnicas de la operación de empresas fantasmas.
Además, quiere dejar claro que las empresas fantasmas son redes de corrupción que operan a la manera de la delincuencia organizada.
Por ello, si se quiere combatir definitivamente este problema de robo al erario lo más importante es hacerlo con una visión de estado, igual como se combate el narcotráfico y terrorismo en otros países.
También es necesario combatir a estas empresas y organizaciones fantasmas que la operan con una decisión de Estado, sin privilegios ni darle impunidad a empresas involucradas, darle fuero a funcionarios y políticos.
Todas las instancias del gobierno, federal, estatal y municipal pueden entrar en un entendimiento conjunto y de colaboración para emprender esta lucha.
“Queremos colocar este mensaje en quienes asumirán el cargo en la Presidencia de la República, entre gobernadores y legisladores electos para que haya un efecto multiplicador”, dijo.
“México necesita combatir a las empresas fantasmas para que vuelva a unas finanzas sanas porque hay un desvío del erario superior a los 40 billones de pesos, es cuatro veces el presupuesto de un año fiscal del país”.
También señaló que las empresas fantasmas operan en todo el país, aunque históricamente se ha presentado con más frecuencia en Veracruz, Coahuila y Chiapas. Esto se sabe por el trabajo periodístico que ha logrado “aerear” este problema en varias partes de México.
Sin embargo, desde su punto de vista particular, es un fenómeno generalizado en todos los estados y municipios de México.
No hay detenidos
En Yucatán se ha descubierto este tipo de empresas y se les ha denunciado, pero las quejas no prosperan ni detiene a los responsables, se le planteó al experto.
“Una de las líneas de investigación y propuestas que presentamos está encaminada a un esquema preventivo, evitar que las empresas fantasmas operen en los estados y municipios, es una de las vertientes de este trabajo que lo hace interesante”, recalcó.
“Esta iniciativa requiere reformas legales que apuntalen y reafirmen la intención de que las empresas fantasmas no operen en los estados”.
Pérez de Acha admitió que desafortunadamente es muy alta la impunidad en el caso de las empresas fantasmas.
Se requiere trabajo conjunto y colaborativo de las fiscalías de los estados y del Poder Judicial porque, al final, una propuesta o intención de perseguir a las empresas factureras pasan por las autoridades estatales, pasan por la fiscalía y los tribunales estatales.
Por ello, los promotores del combate a las empresas fantasmas desde el estado requieren un trabajo en conjunto y de colaboración entre los tres órdenes de gobierno.
¿Por qué no se investiga ni prosperan las denuncias, habrá colusión, desinterés?
“Sí podemos identificar que hay apatía o que hay indiferencia de las autoridades para perseguir a los factureros”, reconoció. “Pero hay que considerar que los esquemas que hoy utilizan las empresas fantasmas son muy sofisticadas, usan nombres de personas falsas, identidades robadas o prestanombres”.
“Es difícil perseguirlos, pero no es imposible, se requiere mucha ingeniería financiera, tecnología de la información, mucha voluntad política e institucional para perseguirlos y castigarlos”, apuntó.
El entrevistado dijo que es factible aplicar esta política pública de combate frontal y definitivo contra las empresas fantasmas, es indispensable hacerlo porque las finanzas públicas de México no se pueden seguir destruyendo de manera impune y arbitraria por medio de las empresas ilegales.
Además, recordó que las empresas fantasmas roban muchísimo dinero al gobierno. Él calcula que ascendería a 40 billones de pesos, pero podría ser mayor la cantidad porque no todo está documentado.
Los 40 billones de pesos que van a las factureras ilegales equivalen a cuatro veces del presupuesto federal de 2024.
Es un robo al recurso público, afecta programas sociales, de infraestructura, salud, transferencias a los municipios, servicios de basura, operación de las policías municipales, pavimentación de calles, servicio de agua potable, drenaje, carreteras, seguridad pública, etcétera.
“El daño que hacen las factureras a la sociedad y al gobierno es descomunal”, dijo.
El objetivo de esta iniciativa es que México combata a las empresas fantasmas con decisión y se ponga al nivel de países que están a la vanguardia en el combate a la evasión fiscal y lavado de dinero como Estados Unidos, Brasil y naciones de Europa.
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