La asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó ayer un estudio para la erradicación en México de las empresas factureras fantasmas que desvían del erario aproximadamente 40 billones de pesos.
Los participantes en este trabajo de investigación proponen una política pública de Estado, con amplio respaldo de la Presidencia de la República y del Poder Legislativo.
Aquella consiste en una serie de herramientas para su detección y combate, creación de unidades especializadas, estrecha coordinación entre dependencias vinculadas al fisco, procuración y administración de justicia, pero sobre todo voluntad política y fuerte compromiso para desmantelar las redes factureras fantasmas que operan en México.
El objetivo de este combate frontal e institucional a las redes factureras fantasmas, según se informó, es aumentar la recaudación fiscal evitando que la gran cantidad de dinero público vaya a esas empresas mediante el desvío, lavado de dinero o evasión de impuestos.
“Sí hay solución a este grave problema, sí se puede, eso es lo más importante”, consideró Luis Pérez de Acha, director del despacho Pérez de Acha Ibarra de Rueda (PAIR).
Pérez de Acha; Raúl Olmos, director de Periodismo de MCCI, y Sergio López Ayllón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presentaron en una transmisión en línea el estudio e investigación “Las empresas fantasmas en México: una propuesta de política pública para combatirlas”.
La moderadora de la presentación, Verónica Ayala, periodista de MCCI, recordó que el tema de las empresas fantasmas no es nuevo en México y viene desde administraciones federales anteriores.
A pesar de las constantes denuncias documentadas por los periodistas, sigue presente en tiempos actuales.
Apropiación del erario
Pérez de Acha explicó que las empresas que se apropian en formal ilegal de los recursos públicos son reales, están constituidas ante notarios públicos y tienen Registro Federal de Contribuyentes.
Casi siempre están inscritas en el Registro Público de Comercio y el SAT, pero tienen socios y accionistas con nombres falsos, inexistentes, con identidades robadas.
Se les llama fantasmas, de fachada, de portafolio o de papel porque las obras y servicios que supuestamente cobran nunca los realizan o bien los simulan.
Es tan fácil la creación de empresas fantasmas en México que incluso robaron la identidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y crearon 23 empresas con sus nombres, según reveló en una mañanera el propio afectado.
“Son esquemas delincuenciales de alto perfil, están implicados abogados, notarios, contadores, funcionarios, es una delincuencia organizada”, subrayó Pérez de Acha.
“La problemática es muy amplia y se necesita una coordinación estrecha entre la Procuraduría Fiscal, de la Fiscalía General, del SAT y del Poder Judicial”.
“Es tanto el dinero que se llevan las empresas fantasmas que se pueden manipular voluntades”.
Para combatir a las empresas fantasmas se requiere de una decisión de Estado porque las factureras financian campañas políticas, desde esta etapa se construyen las complicidades entre los factureros y los políticos que llegan al poder.
“Cada sexenio tiene sus factureros predilectos”, dijo. “Realizan fraude fiscal, desvío de recursos y evasión fiscal, y en cada sexenio destruyen la hacienda pública. Se llevan el dinero del pueblo que tiene una vocación en el gasto público como la atención de la salud, construcción de carreteras y calles. Por no atacarlos con decisión el país está padeciendo”.
La codicia es el caldo de cultivo que alienta la formación de empresas fantasmas porque se llevan muchísimo dinero.
Un robo de grandes dimensiones
Una sola empresa fantasma facturó a Pemex unos 100 millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para conocer la dimensión de este robo de dinero público, en 2014 a la fecha se habían detectado 11,000 empresas fantasmas, hoy se cree que son 10 veces más.
Una sola facturaba cuatro billones y hoy deben facturar alrededor de 40 billones de pesos, lo que representa un enorme boquete al erario público federal.
“En este sexenio (de López Obrador) no se combaten las operaciones de las empresas fantasmas. El SAT publicó una lista de factureras que no llegan a 200 cuando son decenas de miles”, destacó Pérez de Acha.
“Además, hay un problema: el Artículo 69-B sólo sirve para fines fiscales. Esta presunción no se puede trasladar a la corrupción, lavado de dinero. Es complicado, pero eso no quiere decir que no se pueda luchar contra las factureras”.
“Alquiler” de identidad
Raúl Olmos dijo que es un fenómeno delincuencial que en lugar de atenuarse, ha crecido en el país.
Las empresas fantasmas ahora son más creativas en sus operaciones, refirió. Antes robaban identidades, hoy las alquilan.
Como ejemplo puso una investigación a tres despachos contables que pagaron bonos a todo su personal para convertirlos falsamente en accionistas.
Cuando les retiran el sello fiscal, crean otras empresas con operaciones simuladas con el mismo notario, el mismo abogado y con las mismas personas alquiladas.
Tienen una variedad de clientes, no sólo el gobierno, le facturan a pequeños y grandes contribuyentes, los contadores tramposos involucran a sus clientes sin su consentimiento, como ocurrió con un conocido periodista que sin saberlo tenía una facturera fantasma.
“En este gobierno ha habido una inacción, no ha sido tan audaz para detener y combatir los ilícitos de las factureras”, dijo el periodista. “El SAT sólo enlistó a 47 empresas fantasmas, suena a nada en un universo tan grande y que desvían una verdadera fortuna del erario público”.
“En el último año de Peña Nieto se identificaron más de 3,000 empresas fantasmas y en este penúltimo de López Obrador se ve una caída del 98%. Esto raya en la complicidad, están dejando actuar a las factureras a pesar de que el gobierno federal sabe que están actuando y quedó de manifiesto con el fraude en Segalmex”.
El coordinador de este estudio e investigación, Sergio López Ayllón, destacó que la intención de este trabajo fue diseñar una política pública de acción gubernamental en conjunto orientado al combate de las empresas fantasmas, que se pueda aplicar y evaluar.
El estudio completo se puede consultar en el sitio web https://contralacorrupcion. mx/.—