La licitación para la adquisición de las 82,000 luminarias de inducción magnética convocada en marzo de 2011 por la entonces alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, desencadenó uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Yucatán, impune hasta ahora.
El caso puso al descubierto un acto amañado y hecho a modo para favorecer —ahora se sabe— a un grupo de empresas vinculadas al propio Ayuntamiento meridano de entonces, al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y a políticos y empresarios de Monterrey.
De acuerdo con datos publicados en ese tiempo por Central 9, la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Grupo Megamedia, cuyos reporteros desvelaron este megafraude, más otros datos recogidos recientemente en distintas fuentes, se sabe que la licitación de esta compra, una de las más grandes de su tipo en Latinoamérica, extrañamente solo recibió una postura: la de la empresa de arrendamiento financiero ABC Leasing, asociada con WW Energy ST México, como proveedora de las lámparas.
Esta última, una compañía de Nuevo León, en ese momento recién creada y dedicada a revender lámparas chinas a sobreprecio, llegó a Mérida por recomendación de Felipe Enríquez Hernández, diputado federal por Monterrey y delegado del PRI en el estado desde 2010.
La operación con las luminarias, como ya informamos, afectó gravemente el sistema de iluminación de la ciudad y reportó grandes ganancias a los funcionarios y empresarios involucrados.
El escándalo de las luminarias ha llamado de nuevo la atención a partir de las declaraciones del alcalde interino Alejandro Ruz Castro, a fines de junio, en las que anunció el fin del conflicto legal entre la Comuna y Banco Santander, mediante un acuerdo de pago por $475 millones.
El conflicto se inició, como también ya publicamos, cuando la entonces alcaldesa Angélica Araujo Lara decidió cambiar las 82,000 luminarias de vapor de sodio del alumbrado público, que funcionaban bien, por otras tantas de inducción magnética, supuestamente de mejor calidad y más ahorradoras.
Para eso firmó un contrato de arrendamiento con ABC Leasing, una empresa basada en Guadalajara, por $468.8 millones, pagaderos a cinco años.
Esta empresa, pocos días después, cedió sus derechos de cobro a Santander, con la anuencia de Angélica Araujo, de modo que ese banco empezó a cobrar las rentas mensuales de $7.8 millones, directamente de las cuentas bancarias del Ayuntamiento, sin importar si las lámparas funcionaran bien o no.
Ese cambio resultó un fracaso, porque la iluminación de la ciudad disminuyó hasta 30 por ciento, no se logró el ahorro prometido y las nuevas lámparas resultaron ilegales y de mala calidad. Más de 15,000 de ellas se apagaron y nunca fueron reparadas.
Esto obligó al sucesor de Angélica Araujo, Renán Barrera Concha, a cancelar anticipadamente el contrato de arrendamiento, lo que ocasionó, a su vez, la presentación de demandas legales de Santander y de la arrendadora, que a la postre ganaron.
Un juez de Ciudad de México sentenció a la Comuna a pagar $890 millones, por las rentas y los intereses vencidos, pero la suma se redujo a $475 millones, gracias al acuerdo de junio.
La historia de esta polémica licitación se remonta al 24 de enero de 2011, cuando el Ayuntamiento de Angélica Araujo publicó la convocatoria en la Gaceta Municipal y en dos diarios locales de escasa circulación.
Según el documento, las bases de la licitación estarían disponibles sólo el 24 y 25 de enero, cuando lo usual en concurso de esta magnitud es extender la disponibilidad de las bases hasta 8 y 10 días.
La premura para comprar las bases ocasionó el descontento de algunos empresarios locales y nacionales, que nunca se enteraron de la convocatoria o cuando lo hicieron ya era tarde para adquirir las bases.
Angélica Araujo aprovechó que la atención de los ciudadanos estaba centrada en la polémica construcción del paso deprimido para buscar la aprobación del Cabildo al cambio de las luminarias y adjudicar rápidamente el millonario contrato de arrendamiento.
Aunque esa fue la obra más grande y costosa de toda su administración, Angélica Araujo casi no la difundió y empezó a cambiar las lámparas con mucha discreción, para no llamar la atención de la gente. Reporteros de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia; sin embargo, se enteraron y revelaron los detalles de la operación a pocos días de su puesta en marcha.
Al revisar los detalles de la convocatoria y del fallo de la licitación de esas lámparas, Central 9 descubrió que ésta estuvo amañada para beneficiar a ABC Leasing, pero sobre todo a la empresa WW Energy ST México, pues la convocatoria incluía una descripción muy detallada de las lámparas que se necesitaban y que sólo ofrecía esa compañía.
Cuatro empresas compraron las bases de la licitación, todas de fuera: ABC Leasing, de Guadalajara; Holophane e Impulso de Consultoría Global, de Ciudad de México, y Arrendadora Afirme, de Monterrey.
De éstas, la única fabricante de lámparas para alumbrado público era Holophane, una empresa mexicana con capital estadounidense, con una planta especializada en esas luminarias en Tultepec, Estado de México.
A la junta de aclaraciones, celebrada el 27 de enero de 2011, asistieron los representantes de las cuatro compañías, aunque las minutas del fallo de la licitación, consultadas por Central 9, no especifican el nombre de las arrendadoras financieras asociadas a Holophane, ni las empresas proveedoras de las lámparas de ABC Leasing, Impulso de Consultoría Global y Arrendadora Afirme.
Llamó la atención que como representante de esta última asistió José Raúl Monter González, hijo de Raúl Monter Ortega, dueño de WW Energy ST México, la empresa que al final, asociada con ABC Leasing, se quedó con el millonario contrato.
Curiosamente también asistieron a esa junta, como “observadores”, el propio Monter Ortega, en su carácter de director de Grupo W México Energía Verde, y Manuel Orella Arechandieta, del Banco Interacciones, quien habría acudido, al parecer, para sondear las posibilidades de hacer otros jugosos negocios con los gobiernos de Yucatán.
Ese banco, propiedad entonces de Carlos Hank Rhon, otorgó créditos con altas tasas de interés a la empresa Promotora de Cultura Yaxché, también de Hank Rhon, que obtuvo el contrato de Proyecto de Prestación de Servicios para la construcción y operación del Gran Museo del Mundo Maya en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco. Este museo es hoy un “elefante blanco” y una onerosa carga financiera para el gobierno del estado.
El fallo de la licitación se anunció el 1 de marzo de 2001, y según nuevos testimonios de personas cercanas a esa operación, pocos días antes ya circulaba la versión de que ABC Leasing sería la beneficiada con la adjudicación del millonario contrato, en asociación con WW Energy ST México, porque esa arrendadora ya estaba “acomodada” con Araujo Lara y sus funcionarios.— (Continuará).— Hernán Casares Cámara