Los lotes de San Antonio Xluch III que el gobierno de Yucatán donó al Instituto de Vivienda estatal (IVEY) el 23 de julio de 2024 se ubican en la zona del Periférico Sur de Mérida

En relación a la nota sobre la donación de predios al Poder Judicial y al IVEY; la Consejería Jurídica del gobierno del Estado realiza la siguiente aclaración:

1.-No se trata de ningún regalo de bienes inmuebles o de donaciones nuevas. Se trata de la culminación de un proceso de regularización mediante el cual los predios referidos que actualmente ocupa el Poder Judicial puedan estar inscritos a su favor para los efectos públicos correspondientes. La donación es una figura legal para éstos efectos y sugerir que se “regalan” bienes de los yucatecos es una interpretación errónea de la lectura de los decretos referidos en el Diario Oficial del Estado.

Los predios donde opera la sede del Poder Judicial han estado en posesión desde su creación en la administración de Víctor Cervera Pacheco. No son donaciones nuevas. Lo que no se había realizado es el proceso de regularización y el trámite jurídico de dicho bien, con el cual se garantiza su independencia.

2.-En relación a la donación de veintiocho bienes inmuebles del patrimonio estatal a favor del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, en la colonia San Antonio Xluch III; donde se dice que se regalan los terrenos, dicha información es inexacta: Se trata de terrenos donde habitan desde hace más de 50 o 60 años familias de escasos recursos, personas en situación vulnerable que campaña tras campaña han recibido promesas de regularización que nunca culminan.

Para entender mejor: La administración de Mauricio Vila dona 31 predios

3.-El compromiso de la administración de Mauricio Vila fue darles certeza jurídica y darles la propiedad que les corresponde para que ya no sigan siendo manipulados políticamente.

Los terrenos que se regularizan tampoco son un regalo, como se sugiere en la nota: mediante el programa Certeza Patrimonial las familias van pagando sus terrenos con facilidades de pago y de acuerdo a sus posibilidades económicas. De esta manera, al contar con sus constancias de escrituración las familias ya pueden acceder a otros programas para mejorar sus viviendas con mejores materiales distintos al cartón o a las lonas de plástico.

4.- En este programa, la administración estatal cubre el pago de las escrituras, y a través del Instituto de la Vivienda del Estado (IVEY) se dan dichas facilidades para el pago de los terrenos; para que cada vez más familias tengan la posibilidad de tener certeza patrimonial.

El gobierno del Estado aclara que en éstos y otros casos; se cumple la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, la cual establece las disposiciones generales que regulan el conjunto de bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio estatal, así como los derechos, las facultades y las obligaciones de los sujetos responsables de su administración. De ninguna manera constituyen “regalos” de fin de sexenio como se sugiere en la publicación.

Como en éste y otros casos, todos los actos de desincorporación de bienes cumplen con el artículo 44, que señala que dichos actos deben formalizarse mediante la expedición de un acuerdo administrativo debidamente fundado y motivado.