MÉRIDA.- Bajo la amenaza de perder su casa, una vecina de Mérida expone una nueva denuncia por presunto despojo inmobiliario, con los mismos protagonistas de otros casos ya consumados o en vías de consumación.
Estos hechos reviven los señalamientos de la presunta existencia de una red dedicada a este ilícito, con un ingrediente adicional: en el expediente que se sigue en los juzgados asoma el nombre de un abogado que hace unas semanas fue detenido y procesado bajo los cargos de falsificación de documentos en general.
También aparecen el mismo despacho jurídico acusado en ocasiones anteriores y la misma jueza que ahora es integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con resoluciones adversas a los dueños de las propiedades inmuebles.
Revive la queja de presunta red de despojo de casas
En este nuevo caso la denunciante es Eddy Milly A.S., de 65 años de edad, contra quien se promovió un juicio mercantil por una supuesta deuda de $980 mil.
Se exhibió como prueba un pagaré fechado el 1 de febrero de 2019, con vencimiento el 31 de enero de 2021.
El pagaré está expedido a favor de Arsenio Irisel Alcocer López, quien lo endosó en propiedad (cesión del derecho de cobro, o venta en términos prácticos) al abogado Shuberth Jesús Baz Durán, promovente del juicio.
Juzgado involucrado en fraude inmobiliario en Mérida
El proceso se siguió en el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil, a cargo entonces de Claudia Elena Pedrera Irabién, hoy consejera de la Judicatura del Estado.
Ésta resolvió que la demanda era procedente y condenó a la acusada al pago de la cantidad reclamada más los intereses generados por la supuesta deuda.
La jueza ordenó el remate de la casa de la casa de la demandada —en la calle 50 del fraccionamiento Francisco de Montejo, previamente embargada— para el pago correspondiente.
Denuncian fraude con falso pagaré en Mérida
En visita al Diario, con documentos para sustentar sus declaraciones, la señora Eddy Milly dice que no conoce a Arsenio Irisel Alcocer y mucho menos le ha solicitado un préstamo.
Al abogado Baz Durán, quien es perito en grafoscopía y dactiloscopia, lo conoció el día que le llevaron la notificación del juzgado, el 9 de enero de 2023.
Tampoco reconoce como suya la firma que aparece en el pagaré.
Considera que fue falsificada, con signos muy parecidos a los reales, con base en una credencial de elector que se le extravió en febrero de 2021 —tenía todavía el nombre del Instituto Federal Electoral (IFE) — y la sustituyó con una nueva expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La credencial vencida y extraviada es la que fue exhibida por la parte acusadora en la demanda de juicio.
Aunque la jueza Pedrera emitió sentencia, el desenlace está pendiente porque la acusada interpuso una solicitud de amparo y también presentó una denuncia por estos hechos en la Fiscalía General del Estado.
En la denuncia penal involucra al actuario del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil, porque, según expone, en el acta de notificación que consta en el expediente asentó hechos que nunca ocurrieron, lo cual da pie a fraude procesal.
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Abogado tras las rejas
Un detalle que llama la atención es que, en una notificación girada a la Fiscalía General el 9 de marzo de 2023 —en el oficio 649/2023—, la entonces jueza Pedrera Irabién mencionó que el abogado Baz Durán presentó, en la apertura de una audiencia preliminar, un memorial “donde autoriza con las facultades mencionadas en los artículos 1069 y 1390 Bis 21 del Código de Comercio” a dos licenciados en Derecho.
Uno de esos licenciados en Derecho propuestos era Sergio Alberto Santana Piña.
El artículo 1069 del Código de Comercio establece que las partes pueden autorizar a una o más personas con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre e interponer los recursos que procedan, entre otras facultades.
En nuestros archivos consta que a fines de julio pasado Sergio Alberto Santana y dos cómplices fueron encarcelados bajo los cargos de falsificación de documentos en general, falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, y asociación delictuosa.
Según las autoridades, que incluso giraron un comunicado sobre el tema, los detenidos habrían obtenido, mediante engaños, firmas en blanco para simular pagarés, promover juicios y apoderarse de las propiedades de sus víctimas.
Vínculos y semejanzas
Esta denuncia tiene coincidencias con otras dos que publicamos el 12 de agosto pasado.
En esa ocasión, Yolanda Saraí C.P. y José Gaspar R.G. expusieron que mediante juicios basados en falsedades están también a punto de perder sus casas.
En esos casos están también involucrados la misma jueza de Oralidad Mercantil y el mismo despacho de Shuberth Baz, que, por cierto, figura en varios procesos de ese tipo, como da cuenta el Diario Oficial del Estado.
Otras coincidencias son que a Yolanda Saraí C.P. y José Gaspar R.G. les atribuyen deudas con idéntico monto: 950 mil pesos.
La misma persona, Jorge Delgado Uc, aparece como beneficiaria de los pagarés y en los dos juicios consta que Baz Durán es endosatario en propiedad, es decir, que adquiere los documentos para recuperar la inversión.
La razón aparente por la que se indica la cantidad de $950,000 en los pagarés era forzar su ingreso al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil.
Si fueran menores de $800,000 irían a alguno de los juzgados mercantiles tradicionales.
Sólo el de Oralidad Mercantil —único con esa condición— admite los mayores de $800,000 y, además, los procedimientos en esa modalidad son más ágiles.
¿Complicidades?
Otro detalle que salta a la vista es que Arsenio Irisel Alcocer, a quien supuestamente la señora Eddy Milly firmó el pagaré, aparece como promovente en otros juicios mercantiles al lado del abogado Santana Piña, detenido, como ya indicamos, por falsificar documentos.
Esto fue constatado por nuestros reporteros en una revisión al Diario Oficial.
La denunciante Eddy Milly A.S., quien estuvo en el Diario acompañada de una de sus hijas, informa que el peritaje que presentó al juzgado confirmó la simulación y falsificación de su firma, aunque, como era de esperarse, el de la parte contraria dijo que sí era auténtica.
También revela que el perito tercero que nombró la jueza les pidió diez mil pesos para que su dictamen les fuera favorable. A fin de cuentas fue adverso a su causa.
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