Mérida, Yucatán.— El derecho humano a la vivienda pasó a ser una mercancía muy cara, inalcanzable para muchas familias yucatecas, consideró el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, economista y académico de la Universidad Autónoma de Yucatán.
La analista financiera Marisol Cen Caamal escribió un artículo, que el Diario publicó el 4 de octubre pasado, en el cual destaca que la vivienda es un derecho fundamental, pero se ha convertido en un privilegio inaccesible para una gran parte de la sociedad.
También expuso que, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, una persona del ámbito informal tiene un ingreso mensual promedio de $5,500 y una del sector formal, de $9,786.
Esos ingresos dificultan que los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna.
Entrevistado sobre este tema, desde el punto económico, el doctor Rodríguez Cedillo explicó que un bien se convierte en una mercancía cuando la autoridad lo avala, cuando no protege ese derecho fundamental y obviamente queda a expensas de la mercantilización, como ha ocurrido con las viviendas en Yucatán.
Se le preguntó cómo debió proteger este derecho la autoridad. Su respuesta fue: haciendo cumplir las leyes y tomando medidas hasta cierto punto radicales.
“El precio de las casas de interés social se ha disparado, aunque tenga metrajes mínimos ya no alcanza el crédito del Infonavit o del Fovissste”, señaló.
“Lo vi, lo escuché durante la Expo Vivienda reciente. La mayoría de la gente que asistió a la feria argumentaba a los desarrolladores de viviendas que tenían un crédito de 400 mil pesos. Le respondían: no te da para una vivienda ni de interés social”.
“Tener 400 mil pesos y que no te alcance para una casa modesta quiere decir que se perdió el derecho a la vivienda”, dijo.
“Una medida radical que debieron implementar por el gobierno es que por cada vivienda de interés social, se construya una vivienda para gente privada de recursos para comprarlas”.
“Así, sí se hablaría de reordenamiento urbano”, mencionó el especialista.
Viviendas pequeñas y caras para sueldos insuficientes
Desde su punto de vista, es complicado que un trabajador con un ingreso de 10 mil pesos mensuales en promedio pague una casa que no sea de interés social.
Las mensualidades de una casa están arriba de los 5 mil pesos. Pero si le sumas que el Infonavit recupera el crédito con el cobro de interés del dinero en los primeros 10 años, vienes a pagar la casa que no es tuya en otros 10 años.
Además, los intereses no son iguales en el mercado. Ni siquiera los precios de una casa digna.
Las viviendas para los asalariados están arriba de los 800 mil pesos y es que ahora son de 5 metros de frente y 10 de fondo, con un diseño mini.
Es decir, tiene una minisala-comedor, un minibaño, minicuartos y sin patio. Hasta hace una década, las casas de interés social valían unos 500 mil pesos, con terrenos y construcciones mejores.
Hoy, si quieres comprar una casa a una inmobiliaria el precio oscila entre 1.5 millones y 2.6 millones de pesos.
“Comprar una casa en Mérida ya es un problema”, destacó. “No es porque no haya vivienda, hay muchas, pero se dan en renta porque es más lucrativo”.
“Además, hay un fenómeno de acaparamiento y una estructura de mercado casi monopólica”, apuntó.
Hay inmobiliarias que son líderes del mercado, son las que ponen precio, deciden el metraje de las casas, el diseño, apuntó.
Molecularización constructores, desarrolladoras e inversionistas
“Alrededor de estas grandes inmobiliarias hay una molecularización de pequeños constructores, desarrolladoras e inversionistas que compran pequeños terrenos y construyen pequeñas privadas, revitalizan las casas y las venden como nuevas”.
“Pero son las líderes las que ponen los precios y las pequeñas empresas seguidoras sólo se sujetan a ellas, incluso pueden vender un poquito más barato”.
Rodríguez Cedillo explicó que las empresas que dominan el mercado inmobiliario fijan los precios, consiguen las reservas territoriales, diseñan la construcción de casas y tienen la estrategia de construir para personas de mayor poder adquisitivo, principalmente nacionales y extranjeras, y se han olvidado de la vivienda social.
Precisamente usan el eslogan de que Yucatán es seguro y promueven las ventajas del estado, enfocado en la buena seguridad y paz, porque eso les ayuda a potenciar sus ventas al exterior de la entidad.
Y tienen éxito porque mucha gente de fuera viene a vivir a Mérida y Yucatán.
¿Y las autoridades? “Estas empresas se coluden con el poder político para que les den más reservas territoriales y se vayan extendiendo las viviendas residenciales y de lujo”, señaló el académico.
“Lo que hacen ellas es maximizar sus beneficios internamente y socializar los costos para que el gobierno y el Ayuntamiento proporcione los servicios públicos que ellos deberían ofrecer a sus compradores”.
“Buscan tierras con acceso a ciertas áreas y es una presión constante para el gobierno estatal y municipal”, expuso.
“Ya buscaron la forma de eficientar el poco espacio y cobrar más. Te dan menos terreno y te construyen dos pisos, y lo que te venden son metros cuadrados de construcción, no el terreno ni la comodidad de la casa”.
“Las reservas territoriales son finitas y estas empresas piden más tierras para sus desarrollos para compradores con poder adquisitivo alto, y le quitan reserva territorial para casas de interés social digna y accesible para la gente asalariada”.
Minicasas generan probelmas sociales y emocionales
Asimismo, dijo que vivir en minicasas y con alto pago durante 20 años del crédito fomenta el hacinamiento, pero no por lo numeroso de las familias, sino porque sacrifican la mitad de sus ingresos para el pago de las casas y reducen sus gastos en salud, educación, alimentación y otras necesidades.
Vivir en pequeñas casas, con minibaño, minicuarto, minisala-comedor genera factores sociales y emocionales porque la familia se siente atrapada en un lugar pequeño.
No descansan por falta de espacio en la vivienda y, desde su punto de vista, son casas indignas.
“A todo eso súmale que hay un acaparamiento de viviendas por parte empresas que se dedican a la renta de casas”, señaló.
“Vienen a vivir a Mérida gente de alto poder adquisitivo que compran casas, esta demanda ocasiona que suban los precios y las rentas y que Mérida sea una ciudad muy cara”.
“Es un círculo complicado para la vida social, donde el poder económico y político mercantilizan las casas, suben de precio las viviendas, limitan las reservas territoriales, encarecen las rentas y esto hace que el crédito para una casa de interés no permita acceder a una vivienda digna a la mayoría de la gente”.
“Es una decisión del gobierno estatal retomar la vivienda social. Digo que es el gobierno estatal porque el municipal no genera vivienda, lo que hace son acciones de viviendas”.