La vivienda, un derecho humano fundamental, se ha convertido hoy en un privilegio inaccesible para una gran parte de la población en nuestro país.
El crecimiento acelerado en los precios, la especulación y la promoción de la vivienda como un activo de inversión han socavado uno de los principios fundamentales de la justicia social: el acceso equitativo a una vivienda digna.
Una regla general que sirve como guía al elaborar un presupuesto personal o familiar es que los gastos de vivienda no deben exceder entre el 30% y el 35% de los ingresos.
Este principio busca asegurar que las familias mantengan una buena estabilidad económica, permitiéndoles destinar el resto de sus recursos a otras necesidades esenciales, como alimentación, transporte, educación y gastos de salud.
Según los resultados del segundo trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en ese período Yucatán tenía una población ocupada de 1 millón 208,470 personas, de las cuales 724,480 estaban en el sector informal, con un ingreso promedio mensual de $5,505; y 483,990 personas en el sector formal, con un ingreso promedio de $9,786.
Si aplicáramos la regla del 35% de ingreso destinado a la vivienda, una persona con un sueldo mensual de $10,000 debería destinar al pago de una hipoteca o renta un monto máximo de $3,500 mensualmente.
Aquí la pregunta es: ¿dónde se puede encontrar una vivienda o un alquiler a ese precio?
En el centro de nuestra ciudad es imposible, ahora esa zona se cotiza en dólares. En el poniente, aun las casas que no son nuevas superan el millón de pesos. Incluso en zonas más nuevas fuera del Periférico, como Ciudad Caucel, la suma de los ingresos de dos personas que ganan el ingreso promedio no es suficiente para pagar la mensualidad de una hipoteca.
Lo que queda para las familias es alejarse de la ciudad, para adquirir casas con espacios muy reducidos, materiales de baja calidad y con acceso limitado a transporte público.
Este fenómeno se repite en diversas partes de nuestro país y del mundo. Ante esta situación, se están tomando medidas para proteger el derecho a la vivienda.
Por ejemplo, en agosto de este año el Congreso de Ciudad de México aprobó una iniciativa para que el aumento en las rentas en esa ciudad no sea mayor que la inflación. Esta medida busca prevenir un incremento desproporcionado en los precios de las rentas protegiendo a los inquilinos
Además, el 2 de octubre, también el Congreso de Ciudad de México aprobó otra reforma que establece un coeficiente de ocupación máxima del 50% anual para las unidades de alojamiento registradas en plataformas digitales. Esta regulación busca mitigar la competencia desleal a que se enfrentan los sectores hotelero y turístico, así como frenar la gentrificación que se ha dado en muchas zonas de la ciudad.
Este enfoque no es exclusivo de México. En 2021, Barcelona estableció una prohibición parcial de los alquileres a corto plazo, y recientemente se anunció un plan para eliminar completamente este tipo de alquileres en 2028. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger el mercado de la vivienda local y garantizar que los residentes tengan acceso a opciones de vivienda asequibles.
En Nueva York, la norma es igualmente restrictiva: para alquilar una propiedad por menos de 30 días, el propietario debe residir en la vivienda y solo se permite un máximo de dos huéspedes.
Otras ciudades emblemáticas, como Florencia, Berlín, Ámsterdam, París y Londres, también han tomado medidas similares para regular las rentas turísticas de corto plazo, reconociendo la necesidad de preservar la calidad de vida de sus ciudadanos y evitar la especulación inmobiliaria.
Estas acciones son parte de un movimiento global hacia la protección del derecho a la vivienda, donde las autoridades buscan encontrar un equilibrio en el que protejan las necesidades de la población local.
Esperemos que, en un futuro no muy lejano, se tomen medidas similares en Mérida para salvaguardar el acceso a una vivienda digna para la población local, a la que el “boom” inmobiliario está poniendo en riesgo, al dejarla sin un lugar donde vivir.— Mérida, Yucatán.
marisol.cen@kookayfinanzas.com
Profesora Universitaria y Consultora Financiera