En el primer año de gobierno de Joaquín Díaz Mena, la deuda pública de Yucatán pasará de $7,400 millones a $9,400 millones, un aumento de alrededor de 22 por ciento, según se plantea en el paquete fiscal 2025 que propone el Ejecutivo del Estado.
En el paquete de iniciativas turnado al Congreso local se propone disponer de 1,633 millones de pesos del crédito a largo plazo —de $3,000 millones— autorizado en 2023 al gobierno de Mauricio Vila Dosal para la modernización del puerto de altura.
También se solicita autorización para contratar un empréstito de hasta 360 millones de pesos que se destinarán a “inversiones públicas productivas” en municipios y localidades “que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema”.
El total del nuevo endeudamiento sería de 1,993 millones de pesos.
En el caso de los $1,633 millones, una fuente legislativa nos hace notar que la autorización para este crédito pudo quedar cancelada al finalizar este año, como se establece en el decreto respectivo. La contratación debía hacerse en los ejercicios 2023 y 2024.
Al considerarse el mismo concepto en el presupuesto 2025, la responsabilidad es del nuevo gobierno, añade la fuente.— ÁNGEL NOH ESTRADA
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Deuda pública: Detalles
Al cierre del gobierno anterior, la deuda pública de Yucatán era de $7,445 millones.
Dos mil millones más
La administración de Joaquín Díaz Mena se propone utilizar en 2025 parte de un financiamiento aprobado para el puerto de altura y solicita al Congreso que le autorice a contratar hasta $360 millones.
Con el argumento de conformar un gobierno en favor de los más pobres, se usa el rezago social y la mentira para justificar la incompetencia y el enriquecimiento ilícito de quienes ejercen la función pública. La constante es que de cualquier partido que sean, los funcionarios públicos se enriquecen y en el trámite imponen más obligaciones y cargos fiscales a los gobernados.
Es perverso escuchar a los que se enriquecieron del permisivo manejo del dinero público invocar a acabar a acabar con la corrupción en la función pública y criticar a quienes se resisten a aceptar mayores imposiciones e impuestos, cundo cada periodo de gobierno se gestan más abusos y se configuran mayores fortunas derivadas de la corrupción que impera en la función pública.
La falsa oferta de los gobernantes es la misma: se trabaja en favor de los que menos tienen, la realidad promover proyectos en los que los beneficiarios son los dueños del dinero. En verdad creen que los miles de millones de pesos que se invierten en el Puerto de Altura de Progreso, beneficiará a la gente humilde que carece de lo elemental en Yucatán.
Los que hoy conforman los gabinetes son políticos que empezaron su “carrera” en condiciones precarias y hoy son dueños de propiedades, de empresas y de ranchos. Sin embargo, la cantaleta es la misma: no se debe tolerar la corrupción en l administración pública; la transformación es una iniciativa para acabar con el clasismo y los privilegios que derivaron del sistema neoliberalita que propició la concentración de la riqueza en unos cuantos. La diferencia podrí ser que los posesionarios de grandes fortunas por legado asumieron el trabajo como mística para acumular sus riquezas y en la administración pública los bienes proceden de desvíos y mal uso de los recursos que se les entregan.
Como decían los aboneros en tiempos pasados, la estrategia de los gobiernos es bajar los calzoncillos y subir las camisetas. Más de veinte millones de familias reciben apoyos asistenciales, pero carecen de servicios de salud y tienen que acudir a consultorios de farmacias en busca de atención médica. Cobran periódicamente en Bancos de Bienestar apoyos, pero una parte le regresa el gobierno por vía de impuestos y obligaciones, mientras que l inflación que generan los programas de ayuda se paga todos los días.
La constante del mensaje gubernamental de la 4T es que cada día es menos corrupción y mayores oportunidades para los mexicanos que viven en pobreza. No obstante, no hay funcionarios acusados de malos manejos atendiendo al reclamo y proceso judicial. La impunidad es marca de la casa y la mentira el instrumento para sortear el derecho a la justicia de millones e mexicanos sumidos en la indefensión ante los abusos de los gobernantes.
Como agravante, el actual gobierno instrumenta todo tipo de acciones para obtener recursos para cubrir las obras suntuosas que programa y repartir el dinero que les asegure el éxito en los procesos electorales. Hoy la Comisión Federal de Electricidad le cambio el formato a sus recibos y con el pretexto de nuevas nomenclaturas y cambios de códigos postales, obligan a los ciudadanos a tramitar constancias de vecindad que cobran los ayuntamientos para tramitar documentos obligados para transitar en vía pública.
Cada vez son mayores los pagos por impuesto predial, recoja de basura, uso de suelo, trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental, uso de instalaciones turísticas, licencias de manejo y demás requisitos para poder compartir el derecho de vivir en México. En cambio, el derecho a exigir cuentas y a conocer el manejo del dinero público, se sujeta a la restricción de las tácticas de la Seguridad Nacional y a la aplanadora legislativa que opera en el país y en cada uno de los estados gobernados por Morena. Aguanta, el Pueblo se levanta.