El sector privado consideró que el reemplacamiento vehicular que realizará en este año la nueva administración estatal, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, es mandato de ley y representa dinero fresco para la mejora de la seguridad pública de Yucatán.
Lo que tomó por sorpresa al menos a dos presidentes de cámaras empresariales es el cobro del impuesto adicional de $353 por obras, mantenimiento y asistencia social que se incluye en el pago obligatorio del canje de placas de vehículos motorizados, que empezará el 2 de junio próximo.
A los presidentes locales de Canacintra, Alejandro Gómory Martínez; de Coparmex, Emilio Blanco del Villar; de Index, Alejandro Guerrero Lozano; y Canaco Servytur, Levy Abraham Macari, el Diario les planteó lo siguiente:
¿Cuál es su opinión de la aprobación del paquete fiscal 2025, del cobro del reemplacamiento vehicular y del impuesto adicional de $353 por obras, mantenimiento y asistencia social?
Gómory Martínez respondió que el paquete fiscal propuesto por el gobierno del Estado, y que ya aprobó el Congreso, va en concordancia con lo que en su momento propuso el candidato ganador a la gubernatura, “por lo que no hay sorpresas” en el presupuesto.
Además, anticipó que la Canacintra estará vigilante de cómo se vaya desarrollando el ejercicio del gasto y que se cumpla tal como ha sido aprobado por el Congreso del Estado.
Sobre el reemplacamiento y del impuesto adicional de $353 por obras, mantenimiento y asistencia social, el presidente de la Canacintra recordó que este trámite lo establece la ley con tiempos y momentos específicos, por lo que no es ninguna sorpresa que esté considerado para 2025.
¿El cobro adicional por obras, mantenimiento y asistencia contradice el discurso oficial de que no hay impuestos nuevos?
“Ese impuesto adicional de $353 está vigente desde 2016, por lo que no es un nuevo impuesto”, recalcó.
Por su parte, Blanco del Villar consideró que el presupuesto en general es un reflejo de lo que el presupuesto federal manda a Yucatán, con sus respectivas contracciones.
La Coparmex ve con buenos ojos que en estricto sentido no hay nuevos impuestos, ojalá así continúe la presente administración, dijo.
En cuanto al reemplacamiento, dijo que cada administración hace uso de esa facultad una vez que llega al poder, ya que el dinero proveniente de esta recaudación es un recurso fresco que ingresa al Estado, que permite actualizar el padrón vehicular y con ello la seguridad.
“En cuanto al desglose de las cuotas, como el referido impuesto por obras, mantenimiento y asistencia y el uso que se le da a lo que se obtiene, su detalle debería explicarlo el gobierno del Estado, ya que en Coparmex Mérida no tenemos ese detalle”, precisó.
Guerrero Lozano, presidente de Index, destacó que el reemplacamiento está incorporado en la ley y cada tres años se debe realizar.
La administración anterior (del panista Mauricio Vila Dosal) no hizo el cobro por la pandemia de Covid-19, pero lo que el sector privado valora es que Yucatán se mantiene desde hace muchos años como una de las entidades más seguras de México.
Los niveles de seguridad pública que tiene Yucatán lo tienen pocos países del mundo, lo mismo la baja criminalidad. Estos resultados tienen que ver con el tema de los autos, pues con los automotores se cometen muchos de los actos delictivos, refirió.
Un precio por Yucatán, estado seguro
“Pensamos que tener un parque vehicular bien identificado y controlado es parte del éxito que ha tenido el gobierno de los últimos 30 años en materia de seguridad”, recalcó.
“La actualización del padrón vehicular es parte importante de la estrategia de seguridad y viene junto con las cámaras de videovigilancia, los arcos de seguridad, compra de patrullas, equipamiento de armamento. Todo lo necesario que los gobiernos de los últimos 25 años han implementado para que Yucatán mantenga su estatus de estado seguro”.
A su decir, el tema de las placas es parte de un todo, no lo ven como un tema aislado. Es un esquema de seguridad efectivo que mantiene al estado en primer lugar nacional y en Latinoamérica en seguridad pública.
Incluso, Yucatán está reconocido a escala mundial por sus bajos índices de criminalidad, y eso ayuda para traer inversiones y crear nuevos empleos mejor pagados.
Sobre el nuevo impuesto, explicó que no lo tiene en el radar, pero detrás de la lámina de las placas y la tarjeta de circulación hay toda una infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública, además que el reemplacamiento tiene un gasto como son la maquila de las placas, tarjetas de circulación, logística de transportación, impresión y software.
“Lo único que pedimos es que el precio del reemplacamiento sea lo más apegado al costo real para que el bolsillo de los contribuyentes no resulte tan afectado”, puntualizó.
“El reemplacamiento está en la ley. Si el gobierno anterior no lo hizo es porque el Covid dejó a mucha gente sin empleo, afectó económicamente a muchas empresas, incluso hubo cierres de negocios. Se hizo la excepción, pero si queremos mantener al Yucatán seguro este pago es parte del paquete de mejora de la seguridad”.
Levy Abraham, presidente de la Canaco, señaló que el tema de reemplacamiento vehicular está establecido en la ley.
Lo comentado por las autoridades es que nos ayuda a mantener los niveles de seguridad y es lo que se trata de mantener con este proceso de control vehicular, dijo el entrevistado. Sobre el cobro del impuesto adicional en el canje de placas, consideró que va en contra de lo que menciona la autoridad de no crear impuestos nuevos.
De la aprobación del presupuesto para 2025, el presidente de Index Yucatán, Alejandro Guerrero Lozano, señaló que va acorde a los objetivos del gobierno estatal.