Poder Migrante llevó al cabo ayer una rueda de prensa para abordar los retos que enfrenta la comunidad migrante ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
César Michelle Aldana, secretario general de Jaliscienses Unidos en Acción, resaltó la urgencia de tomar medidas frente a las amenazas de deportaciones masivas que podrían impactar gravemente a miles de mexicanos, incluidos numerosos yucatecos.
“Nos estamos preparando para la toma de posesión de la nueva administración del gobierno de Estados Unidos. Donald Trump, desde su campaña, prometió medidas drásticas contra la comunidad mexicana en el exterior y esto nos obliga a sensibilizar a nuestra comunidad, a nuestras autoridades y a la opinión pública para evitar una crisis humanitaria”, señaló el secretario Cesar.
Durante la rueda de prensa, el secretario general de Jaliscienses Unidos en Acción presentó propuestas para enfrentar las posibles deportaciones masivas.
Entre ellas destacó el registro de doble nacionalidad, una iniciativa que busca inscribir a los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos como ciudadanos mexicanos, garantizando así su acceso a servicios básicos como la educación.
También se planteó la necesidad de actualizar documentos, incentivando a las comunidades a gestionar pasaportes y credenciales de elector en los consulados mexicanos.
Asimismo, Aldana propuso la creación de redes de apoyo legal, integradas por abogados especializados en migración, para brindar asesoría a quienes enfrenten procesos de deportación.
También subrayó la importancia de aplicar estrategias de reinserción económica en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de facilitar la reincorporación de los deportados a sus comunidades de origen.
“Estimamos que entre tres y tres y medio millones de personas podrían enfrentar procesos de deportación. Necesitamos estar preparados para enfrentar este panorama. Pedimos a las familias de Yucatán contactar a sus parientes en el extranjero y tomar medidas preventivas”, advirtió.
También participaron representantes de Poder Migrante Mexicano, como Carlos Caamal Polanco, secretario de la organización; Korima González Sotomayor, comisionada de Asuntos de Inmigración; y Guillermo Cab Nic, comisionado para los migrantes indígenas.
Todos coincidieron en que la colaboración entre autoridades, organizaciones civiles y ciudadanos es clave para mitigar los efectos de las deportaciones.
Miguel Ángel Martínez Contreras, presidente de la asociación civil Poder Migrante, destacó la dimensión del problema en Yucatán.
A su decir, hay alrededor de 250,000 migrantes yucatecos en EE.UU., cuya deportación no solo afectaría a sus familias, sino también a la economía del estado, que en 2024 recibió más de 8,500 millones de pesos en remesas.
“No queremos que Yucatán se convulsione con la cuestión de la violencia. Por eso hemos convocado al gobierno del Estado y estamos tratando de llegar a los municipios para que nos apoyen identificando cuántos migrantes hay en cada localidad y proveyéndoles documentos necesarios”.
“Si no los tienen serán retenidos, lo que podría empeorar su situación”.
Impacto económico devastador
El impacto económico sería devastador, con una reducción estimada del 25% al 30% en las remesas, lo que no solo afectaría los ingresos familiares, sino también al comercio local y a los pequeños empresarios. Esto podría desatar una crisis económica y social en el estado.
“El año pasado los migrantes inyectaron más de 7,000 millones de pesos a la economía de Yucatán, en 2024 la cifra supera los 8,500 millones”, explicó Martínez.
“Si este flujo de dinero disminuye las familias lo sentirán, pero también los comerciantes y empresarios locales, lo que generará crisis. Sin empleo, podemos despertar una situación muy difícil”.
Se hizo un llamado urgente a la acción, instando al gobierno del Estado, la iniciativa privada y la sociedad en general a unirse para enfrentar la crisis migratoria que se avecina.
Se resaltó la importancia de no dejar que este llamado se convierta en un grito sin respuesta, haciendo énfasis en la necesidad de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.
También se advirtió que la falta de acción podría tener consecuencias graves para las comunidades yucatecas.