El gobierno del Estado no considera, por ahora, acción alguna en referencia al Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), declaró el consejero jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz.
Sobre este organismo pesan señalamientos de ser “un aparato” caro y sin los resultados que espera la sociedad.
En la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que la Federación está construyendo se considera incluir a ese sistema, al menos así aparece en algunas de sus disposiciones, planes y estrategias, de acuerdo con documentos oficiales.
En los últimos días, editorialistas y un académico han hecho observaciones en el Diario respecto a que el SEAY tiene más de siete años, en los que ha costado más de 100 millones de pesos a los yucatecos, y sigue sin dar resultados en el combate a la corrupción.
Entrevistado al respecto y con motivo de la preparación de una iniciativa de reformas constitucionales para desaparecer el Instituto de Acceso a la Información, Pública y Protección de los Datos Personales (Inaip) en Yucatán, el consejero jurídico informó que están en espera de las leyes secundarias sobre estos planes de la Federación para definir muchas cosas en el tema de anticorrupción.
Sin cambios, por ahora
En relación con el SEAY, hasta el momento no se ha previsto cambio alguno, ya que se trata de un conglomerado de instituciones públicas y es parte de una institución nacional, aunque en Yucatán sea un órgano descentralizado que presupuestalmente depende del gobierno del Estado.
Alemañy Ortiz declaró que a pesar de que los recursos económicos se los otorga el Ejecutivo del Estado, al menos por ahora, no se ha considerado hacer cambio alguno a ese sistema.
De acuerdo con la normatividad de la nueva secretaría, se considera en el artículo 9 y su apartado XV “Contribuir al adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de su competencia”.
En el artículo 10, fracción XV, se indica que deberán colaborar en las actividades relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción.
En otra de las fracciones de esta ley se establece que deberá “contribuir en las acciones de colaboración e intercambio de información con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito de su competencia”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
Leyes
Gaspar Alemañy Ortiz, consejero jurídico del Estado, indicó que están en espera de las leyes secundarias de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que prepara el gobierno federal para aplicarlas en lo local y, dependiendo de esas normas, el SEAY puede quedarse como órgano vigilante o con alguna otra función.