Las cinco trabajadoras forzadas a separarse del Centro de Justicia para las Mujeres de Tizimín refutan la versión que dio a conocer el gobernador Joaquín Díaz Mena sobre su caso e insisten en que son víctimas de violencia institucional.
Es completamente falso, puntualizan, que solo llevaran sesenta días laborando en el mencionado centro, como afirmó Díaz Mena en su conferencia “mañanera” de anteayer, y que su salida se haya realizado “de acuerdo con la ley”.
En representación del grupo, que ayer estuvo en Mérida para un trámite legal, la abogada K.G.V. lamenta que el gobernador esté mal informado por sus subalternos de la situación que prevalece en su caso y en general en la Secretaría de las Mujeres (Semujeres).
“No podemos creer que el gobernador responda de esa forma. Quiere decir que le están pasando muy mal la información o simplemente la desconoce”, indica.
Como un insulto
“Cuando leí sus declaraciones realmente me sentí insultada. Me dije: ‘No, no es posible que tantos años de estudio, tanto tiempo que me desvelé en la Fiscalía al lado de las usuarias (del Centro de Justicia), sean reducidos a supuestamente 60 días de trabajo’. Y que además digan que nos fuimos en buenos términos, es mentira. ¡Nos sacaron, nos violentaron!”
Como hemos informado, tres abogadas, una trabajadora social y una empleada administrativa del Centro de Justicia para las Mujeres de Tizimín fueron presionadas por representantes de Semujeres en Mérida para que firmaran su renuncia “voluntaria”.
Como no aceptaron, de regreso a Tizimín les impidieron la entrada a su centro laboral y desde entonces emprenden una lucha que ha llegado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.
Precisamente ayer estuvieron en las instalaciones del tribunal en Mérida, donde presentaron una demanda laboral ante la nula respuesta a sus gestiones.
Nada de una audiencia
En una entrevista, acompañada por las demás denunciantes, K.G.V. recuerda que hace un mes se presentaron en Palacio para solicitar una audiencia con el gobernador Díaz Mena, pero aún no reciben respuesta.
“Le dejamos una carta al gobernador en dos lugares, en la Oficialía de Partes y en Participación Ciudadana”, apunta. “Le pedimos audiencia, pero hasta ahora no tenemos respuesta y tampoco nadie nos ha contactado”.
En cuanto a la afirmación del jefe del Ejecutivo de que solo tenían 60 días trabajando en Semujeres, la abogada reitera que tienen pruebas de su antigüedad laboral desde 2023 en el Centro Regional Violeta, antecedente del Centro de Justicia.
Señala que esos documentos, que incluyen gafetes oficiales, forman parte de las pruebas que presentaron con su demanda laboral ayer.
También subraya que su ingreso a Semujeres no fue por movimientos políticos, sino que atendieron a una convocatoria y se inscribieron en un proceso del cual fueron seleccionadas por su capacidad y conocimientos, a diferencia de quienes las sustituyeron en sus cargos.
Finalmente, reitera que no piden su reinstalación, porque entienden los tiempos políticos y no desean regresar a un sitio donde las violentan. Solo piden respeto a sus derechos.
También indicaron que usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres las siguen buscando ante la mala atención que reciben en ese lugar, convertido más en un botín político que en una institución de servicio.