El acto de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial yucateca, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha sacado a la luz el acuerdo político convenido meses antes entre el gobernador Joaquín Díaz Mena y los legisladores del PAN.
El acuerdo supuestamente era para controlar las designaciones en el Tribunal Superior de Justicia, pero ahora queda en veremos, con un costo político para ambas partes.
La presidenta interpuso ese recurso ante la Suprema Corte de Justicia en abril, como hemos informado.
En él pide la eliminación varios artículos de la Ley Yucateca, entre ellos el octavo transitorio, que permite la permanencia por 11 años más de seis de los 12 magistrados nombrados por el gobernador panista Mauricio Vila Dosal en 2022.
Acuerdo de Joaquín Díaz Mena con panistas
De acuerdo con la ley federal, todos los integrantes del Tribunal deben ser “electos por el pueblo”, de aquí la inconformidad de la presidenta.
Sin embargo, Díaz Mena, y sus operadores ofrecieron al coordinador de la bancada panista en el Congreso, Roger Torres Peniche —muy cercano a Vila Dosal—, dejar en sus puestos a esos seis magistrados.
Esto fue a cambio del apoyo de ese partido para obtener mayoría calificada en el Congreso, necesaria para incluir la reforma judicial en la Constitución yucateca.
De aprobarse la acción legal de la presidenta, este acuerdo desaparecería y Díaz Mena y Morena evidenciarían su incapacidad política y jurídica para aprobar la reforma judicial en el estado, justamente todo lo que deseaba evitar el gobernador, aseguran abogados cercanos al proceso que piden guardar el anonimato, aunque están identificados plenamente por este periódico.
Según los entrevistados, el gobernador tenía mucho interés en alcanzar ese acuerdo para quedar bien con la Federación y proyectar la imagen de un gobierno capaz de sacar la reforma, pese a no tener la mayoría calificada en el Congreso.
Reforma judicial yucateca: ¿qué pasaron por alto los panistas?
Los legisladores de Acción Nacional, por su parte, aceptaron los términos del acuerdo sin reparar en el hecho de que podría ser impugnado por la propia presidenta de la República y ellos quedarse sin sus seis magistrados y en medio de una reforma donde los panistas, en aras de su acuerdo con Morena, dejaron pasar muchas anomalías, opina otro de los entrevistados.
Entre otras irregularidades está su desinterés en la selección de los integrantes del Comité Estatal de Evaluación, casi todos identificados con el gobierno.
Lo mismo en la evaluación y en el proceso de selección de los candidatos, con opacidad y poca transparencia, como se vio en el polémico acto de insaculación realizado sin la presencia de los diputados.
Tampoco señalaron el bajo perfil de muchos de los candidatos seleccionados ni la prisa de Morena para realizar la reforma judicial.
¿Maniobra de Morena?
Otro de los entrevistados afirma, empero, que todo esto podría tratarse igualmente de una maniobra “maquiavélica de Morena”: convence al PAN de apoyar la reforma en el Congreso a cambio de dejarle seis magistrados, sabiendo que después la presidenta impugnaría fundamentalmente solo esa decisión, no el resto de la reforma, con muchas posibilidades de ganar.
De este modo, Morena anula su compromiso con el PAN y continúa la reforma en los términos en que ese partido la está llevando en su beneficio, con varias irregularidades a su favor.
La historia de este arreglo se remonta a principios de octubre de 2024.
De acuerdo con datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, en varias fuentes y en los archivos del Diario, en ese entonces los coordinadores en el Congreso de los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron su desacuerdo con esa reforma y su decisión de no darle la mayoría calificada a Morena para aprobarla en el estado.
Los coordinadores señalaron que seguían las indicaciones de sus directivas nacionales que no apoyaron esa reforma en lo federal, aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión el 11 de septiembre de 2024.
“Omisa y a las prisas”, decía el PAN de la reforma
El coordinador del PAN, Torres Peniche, declaró al Diario el 2 de octubre que su partido no votaría a favor de la reforma, entre otras cosas, por ser omisa en varios temas y porque se hizo en forma apresurada.
También advirtió que si Morena la aprobaba sin la mayoría calificada en el Congreso, Acción Nacional la impugnaría vía acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte.
Según las fuentes, ante esta posición los diputados de Morena solo tenían dos caminos: negociar con el PAN para alcanzar la mayoría calificada o no aprobar la reforma e incurrir en desacato, con el riesgo de enfrentar una controversia constitucional, interpuesta en la Suprema Corte por el Congreso de la Unión, la titular del Ejecutivo federal u otra autoridad.
Esto implicaría la intervención del Máximo Tribunal para obligar al Congreso yucateco a aprobar la reforma judicial local, en los términos de la reforma federal.
No lo quisieron hacer así, afirma uno de los entrevistados, cercano al proceso de negociación. Eso llevaría mucho tiempo, el gobierno de Díaz Mena quedaría mal ante el gobierno federal y enfrentaría críticas sobre su incapacidad para gobernar.
Al parecer esta situación la aprovechó el PAN, que tenía la sartén por el mango, pues la única forma de aprobar la reforma era negociando la mayoría calificada con los diputados de ese partido, agrega.
Arreglo político de Díaz Mena con panistas
Hubo un arreglo totalmente político, nada jurídico, de dejarle al PAN seis magistrados y sacar una reforma viciada de origen, dice.
Los seis magistrados, como ya informamos, son la actual presidenta del Tribunal Superior María Carolina Silvestre Canto Valdés, Mario Alberto Castro Alcocer, Lizette Mimenza Herrera, Alberto Salum Ventre, Mauricio Tappan Silveira y Patricia Gamboa Wong.
Central 9 no conoce hasta ahora los criterios para elegir a éstos sobre los demás magistrados nombrados por Vila Dosal, quienes para conservar sus plazas deberán ser electos en los comicios del 1 de junio.
A juicio de un entrevistado, este acuerdo fue muy bueno para el PAN porque, de lo contrario, todos los 15 magistrados serían nombrados por elección.
Debido a eso el 28 de febrero, cinco días antes de la aprobación del Decreto 55/2025 por el que se modifica la Constitución de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial del Estado, el coordinador del PAN en el Congreso, Peniche Torres, sorpresivamente anunció que “la bancada de Acción Nacional votará a favor del dictamen de ese decreto, pues se lograron consensos, acuerdos que nos permiten avanzar a la creación de leyes más justas y modernas que den soluciones claras y tangibles”.
“Poner por delante al ciudadano y siempre tropicalizar las acciones y generar soluciones a la yucateca es el sello que siempre nos debe caracterizar, sabemos que falta mucho en avanzar, pero estamos dando pasos firmes para seguir conservando el intangible más grande que tenemos en Yucatán, nuestra seguridad e impartición de justicia”, añadió.
Ahora esa “reforma a la yucateca” está en veremos.- HERNÁN CASARES CÁMARA