A las voces empresariales que han expresado su preocupación por la baja participación ciudadana en el reciente proceso electoral extraordinario del Poder Judicial se sumó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome).
Este organismo advirtió sobre los posibles efectos negativos que este tipo de procesos puede tener en la estabilidad institucional y el desarrollo económico del país, y cuya información publicamos el pasado jueves 12.
En un comunicado enviado al Diario, la Canacome señaló que la escasa participación de la ciudadanía, el alto porcentaje de votos nulos y las señales de irregularidades en la elección generan incertidumbre sobre la legitimidad y transparencia del proceso, aspectos fundamentales para la confianza en las instituciones.
“Para nuestro sector, la certeza jurídica y la confianza institucional son pilares esenciales para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del turismo”, indicó el organismo.
También advirtió que procesos electorales cuestionados pueden deteriorar la percepción de estabilidad y seguridad necesarias para empresarios, consumidores y visitantes.
La postura de la Canacome se suma a las expresadas en días pasados por la Coparmex, la Canirac y la Canacintra Yucatán.
Estos organismos coincidieron en señalar una preocupante desconexión entre el electorado y los mecanismos democráticos, así como en la urgencia de revisar a fondo los procedimientos y condiciones bajo los cuales se desarrollan estos ejercicios.
La elección judicial del pasado domingo fue la primera de su tipo en el país, al permitir que la ciudadanía eligiera directamente a jueces, magistrados y ministros.
Sin embargo, de acuerdo con las cámaras empresariales, el resultado —una participación cercana al 13% y un número elevado de votos nulos— deja más dudas que certezas sobre su viabilidad y efectividad como mecanismo de reforma.
Falta de participación
La Cámara de Comercio de Mérida hizo un llamado a revisar y fortalecer los mecanismos de transparencia, legalidad e imparcialidad en todos los procesos democráticos, así como impulsar iniciativas que fomenten la participación ciudadana y garanticen la integridad de las instituciones.
“Reiteramos nuestro compromiso con la democracia y la defensa de un estado de derecho sólido, como base para el bienestar y el progreso de la sociedad”, refirió el organismo.