Es fundamental que cualquier iniciativa del Infonavit esté sustentada en criterios de legalidad, ordenamiento territorial y consultas con los municipios; el Consejo Coordinador Empresarial del Estado (CCE) no está de acuerdo con que esa institución de la vivienda aliente la invasión de propiedades para legalizarlas, declaró su presidente, Emilio Blanco del Villar.
En otro comunicado de la Coparmex y otras cámaras en el plano nacional enviado a esta redacción, sus dirigentes empresariales expresan su firme oposición a la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.
Como se informó el pasado miércoles en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella fue cuestionada por algunos medios de comunicación sobre la propuesta del Infonavit para entregar viviendas invadidas.
Se buscó a Blanco del Villar para conocer su opinión al respecto, a lo cual el empresario expresó: “Desde el CCE Yucatán consideramos que el derecho a una vivienda digna debe ir siempre acompañado del respeto al Estado de derecho y la seguridad jurídica”.
“Cualquier propuesta que busque regularizar asentamientos irregulares o invasiones debe ser tratada con absoluto cuidado. Si bien entendemos que hay realidades sociales complejas, la regularización no puede convertirse en un incentivo para violentar la propiedad privada”, señaló.
El líder empresarial consideró indispensable, que cualquier iniciativa del Infonavit esté sustentada en criterios de legalidad, ordenamiento territorial, consulta con los municipios y garantías para los legítimos propietarios de los inmuebles.
“Como sector empresarial, creemos en la generación de soluciones habitacionales accesibles, sostenibles y legales, que atiendan las necesidades de vivienda sin debilitar el marco jurídico que protege el patrimonio y la certeza jurídica en el estado”, puntualizó.
Dirigentes empresariales se unen contra reforma
El pasado miércoles por la tarde un grupo de dirigentes empresariales nacionales emitieron un comunicado sobre este tema que hicieron llegar a la redacción, en el cual manifiestan su total desacuerdo con esta disposición del Infonavit.
Este comunicado lo firman los dirigentes de las siguientes organizaciones empresariales:
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (Comce), Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
Estas organizaciones manifiestan que la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados, contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo.
Esta institución, recuerdan, se creó para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes toman inmuebles que no les pertenecen.
De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000 —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86% de estas, en su mayoría, son habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios, señalaron. Por tanto, pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles por debajo de su valor real representa un grave precedente.
Al ser cuestionada la presidenta del país sobre este tema, ella dijo que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, y aclaró que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto, expusieron.
En su opinión, es indispensable que esa posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y no se permita avanzar con esquemas que en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas.
La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
Crisis de gestión en el Infonavit
También señalaron que desde 2015 el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideran los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados tiene incumplimientos de pago.
En lugar de regularizar los créditos vencidos a beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto.
Indicaron que, la administración anterior instruyó que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos, y hoy se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las casas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que cumplieron con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito, eso representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.
“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley. El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la Sedatu o la Conavi”, puntualizaron.
En su opinión, México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia. En el sector empresarial, seguirán alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley.
La administración anterior instruyó que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos, y hoy se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las casas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que cumplieron con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito, eso representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país, dicen.
“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley. El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la Sedatu o la Conavi”, puntualizaron.