Las últimas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial no solo fueron para que quien obtenga la presidencia del Tribunal Superior de Justicia pueda claudicar al puesto, sino también en lo referente al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Los integrantes de este último tomarán posesión el próximo 1 de septiembre, pero prácticamente entrarán en funciones hasta 2027; mientras, el Consejo de la Judicatura seguirá administrando lo recursos e incluso nombrando jueces.
De los cambios que se presentaron minutos antes de aprobarse estas reformas el pasado martes, sin darse a conocer en qué consisten, el Diario obtuvo acceso al documento.
Las modificaciones son al artículo 60 y 70, referente al Tribunal de Disciplina y que, entre otras cosas, le dan la autoridad para destituir a funcionarios judiciales, con la aclaración de que a los únicos que no podrán evaluar, investigar y menos sancionar será a los magistrados del Tribunal Superior.
Por ejemplo, el cambio al artículo 70 fue para quedar de esta manera:
“El Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano vigilante de la actuación de los órganos jurisdiccionales del Estado de Yucatán, el cual contará con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, conforme a las bases establecidas en esta Constitución”.
“Las sanciones que emita el Tribunal de Disciplina Judicial podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de las magistradas y magistrados del pleno del Tribunal Superior, que solo podrán ser removidos en los términos del título décimo de esta Constitución”.
Sobre este punto, en la Comisión de Puntos Constitucionales y a propuesta del diputado priista Gaspar Quintal Parra se incluyó que el órgano de disciplina pudiera sancionar y destituir a los integrantes del Tribunal Superior.
El representante del PAN no aprobó ese dictamen con ese y otros cambios que le hicieron.
Al día siguiente, minutos antes de que se apruebe en el pleno del Congreso, se retiró la propuesta del PRI para dejarlo como estaba, al igual que en otros puntos sobre el tribunal de Disciplina, con la propuesta que presentó la morenista Claudia Baeza Martínez y así quedara como querían los panistas.
Entre estos cambios de última hora, que no se dieron a conocer en la sesión, figuran los siguientes:
- “Sexto. Continuidad de funciones en materia de vigilancia y disciplina.
- “Hasta en tanto los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial tomen protesta de su encargo ante el Congreso del Estado el 1 de septiembre de 2025, el Consejo de la Judicatura continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de vigilancia y disciplina del Poder Judicial, conforme a las disposiciones anteriores a este decreto.
- “Hasta en tanto los integrantes del Órgano de Administración del Poder Judicial inicien funciones el 1 de septiembre de 2027, los integrantes actuales del Consejo de la Judicatura continuarán ejerciendo las facultades, atribuciones, funciones y obligaciones de administración del referido Poder Judicial, conforme a las disposiciones anteriores a este decreto.
- “Quien ejerza la Presidencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia lo hará también del Pleno del Consejo de la Judicatura, hasta el 1 de septiembre de 2027”.
Lo anterior quiere decir que aun cuando el Tribunal de Disciplina se instalará el 1 de septiembre, el Consejo de la Judicatura —integrado por consejeros que nombró la anterior administración panista— continuará administrando los recursos, aplicando sanciones y nombrando jueces hasta 2027.
Otros cambios aprobados establecen que el Tribunal Superior de Justicia ya no revisará las decisiones del Consejo de la Judicatura respecto a la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces.
Es decir, el futuro de los juzgados queda en manos de la Judicatura con mayoría panista.
Se deroga la fracción X del artículo 30, relativa a la facultad del Tribunal Superior de Justicia de nombrar a su personal, cuando la primera parte de resolver sobre el nombramiento de personal sí es necesaria, ya que el Consejo de la Judicatura sería el encargado de los nombramientos de todo el Tribunal.
Derechos laborales
En el proyecto únicamente se salvaguardan los derechos laborales de los trabajadores del Consejo de la Judicatura que pasen al Tribunal de Disciplina, y como tienen mayoría para ver los asuntos administrativos, todos se quedarían.
Se establece que las sesiones pueden ser presididas por cualquier magistrado en caso de ausencia del presidente.
Se considera la creación de Salas Regionales, aunque expertos en el tema judicial comentan que esto no se recomienda por logística.
Se le da a los jueces la facultad de dar licencias a su personal por hasta seis meses.
Evaluación a magistrados
El artículo 30, fracciones II y III, le brinda facultades al Tribunal Superior de Justicia para establecer las bases para la evaluación, con lo cual se le quita peso al Tribunal de Disciplina, entre otras disposiciones.
Ayer en sus redes sociales, el gobernador Joaquín Díaz Mena difundió que se reunió con Érika Torres López, próxima presidenta del TSJ, y Sara Leonor Estrella León, próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, para reafirmar su compromiso por un Yucatán justo y de leyes fuertes.
El respeto a la división de poderes es pilar de nuestra democracia.
— Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) August 14, 2025
Me reuní con Érika Torres López, próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y Sara Leonor Estrella León, próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, para reafirmar nuestro compromiso por… pic.twitter.com/w6CCVLY4FG