MÉRIDA.- El fiscal general de Yucatán, Juan Manuel León León, informó que la institución realiza diligencias para esclarecer la muerte de Ángel A.Ch., ocurrida dentro de la cárcel de Tzucacab el pasado lunes, así como los hechos violentos en el Ayuntamiento ocurridos este jueves.
Entrevistado en el marco de un evento por el día del Bombero, el funcionario señaló que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer ambos hechos.
¿De qué murió el detenido en la cárcel de Tzucacab?
Asimismo, indicó que el protocolo de necropsia determinó como causa del fallecimiento de de Ángel A.Ch. una asfixia mecánica por suspensión.
Sin embargo, aseguró que la carpeta de investigación permanece abierta y disponible para familiares y abogados.
“Tienen las puertas abiertas para que puedan ver las diligencias que está llevando la Fiscalía General del Estado”, subrayó.
También indicó que el Ayuntamiento de Tzucacab presentó formalmente una denuncia por los disturbios registrados en el Palacio Municipal tras la protesta ciudadana por la muerte de Ángel, en los que un grupo de personas causó destrozos e incendió parte del inmueble.
Actualmente, la sede municipal se encuentra bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Pública en tanto se concluyen las diligencias.
Codhey abre queja de oficio y pide confianza
Por su parte, en un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) expresó su preocupación por los actos de violencia ocurridos este jueves en Tzucacab, pues se puso en riesgo la integridad de manifestantes y de otras personas presentes.
Reconoció la legítima inconformidad social y el profundo dolor por el reciente fallecimiento de una persona en la cárcel.
Sin embargo, llamó a confiar en que las investigaciones se realizarán con prontitud y transparencia.
Como parte de sus acciones, la Codhey señala que abrió una queja de oficio con motivo del fallecimiento en la cárcel.
Investigaciones de la Codhey en Tzucacab
También dijo que personal especializado se trasladó a Tzucacab para recabar información de primera mano y solicitar informes a las autoridades municipales.
Recordó que supervisa de manera permanente las 106 cárceles municipales del Estado, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para las personas privadas de su libertad.
“Dichas revisiones tienen como fin identificar áreas de oportunidad y formular recomendaciones a las autoridades para mejorar las condiciones de las cárceles y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad”.
Reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para implementar medidas que fortalezcan la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas.