El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) dio ayer dos reveses al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), al considerar que fue omiso en sus funciones.
En una primera resolución, le ordenó la inmediata instalación y funcionamiento de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales, que debió operar desde hace dos años.
En la segunda, revocó el desechamiento de una queja contra el Ayuntamiento de Mérida y lo obligó a realizar una investigación preliminar exhaustiva.
Ambas sentencias, aprobadas por unanimidad, fueron propuestas por el magistrado Arturo de Jesús Sandoval Torres, quien fijó un plazo máximo de cinco días al Iepac para informar sobre la instalación de la Defensoría.
Los resolutivos se discutieron en sesión pública realizada al mediodía. En el caso de la Defensoría, la resolución deriva de 21 juicios de protección de derechos políticos promovidos por ciudadanos mayas. En el asunto de la queja, fue presentada por Jorge Ortega Cruz, representante del PAN, en contra de publicaciones difundidas en redes y en el Diario, firmadas por Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, sobre temas del Ayuntamiento meridano.
El Consejo General del Iepac había desechado esta denuncia el 23 de junio pasado, al concluir que no había elementos para iniciar procedimiento.
Sin embargo, el magistrado Sandoval consideró que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral realizó un análisis “parcial, somero e incorrecto” de lo denunciado, vulnerando principios de legalidad y exhaustividad.
“Se advierten hechos y circunstancias que, de haberse investigado a fondo, pudieron generar indicios para admitir el procedimiento”, subrayó el magistrado.
Agravio fundado
En consecuencia, el Tribunal declaró fundado el agravio y revocó el acuerdo del Iepac, ordenándole realizar una investigación preliminar completa antes de dictar una nueva resolución.
Respecto a la Defensoría, el Iepac justificó su inacción alegando falta de recursos presupuestales desde la publicación del decreto que ordenó su creación. Según el organismo, se priorizaron sueldos y funciones operativas ligadas a procesos electorales.
No obstante, el magistrado Sandoval Torres enfatizó que “el derecho a la justicia está por encima de cuestiones burocráticas o presupuestarias”.
Agregó que la Defensoría es indispensable para garantizar la protección de derechos político-electorales de grupos vulnerables, en especial la comunidad maya, que reclama su indefensión por la ausencia de este servicio.
Además, el Tribunal sostuvo que el Iepac debe acatar su obligación legal y poner en marcha la Defensoría antes del próximo proceso electoral, para asegurar a los ciudadanos acceso pleno a la justicia y participación política.
Con esta resolución, el TEEY dio un plazo de cinco días al Instituto para informar sobre la instalación del órgano, cuya operación —destacó— no puede seguir postergándose.