Diputados del PAN, Morena y PRI presentaron ayer diversas iniciativas de reformas en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, donde también se exigió un freno a la acumulación de proyectos legislativos que se mantienen en el “congelador”.
La diputada Itzel Falla Uribe, del PAN, retomó una pregunta de su compañera de bancada Sayda Rodríguez Gómez, quien previamente preguntó a la legisladora morenista Estefanía Baeza Martínez si incluiría en su propuesta de reforma a la Ley Ambiental la demanda de un acuerdo para que el Ejecutivo estatal nombre al procurador de justicia ambiental.
Esta es una propuesta que la ex secretaria de Desarrollo Sustentable presentó hace más de un año y sin que hasta hoy haya alguna respuesta.
La diputada Estefanía Baeza propuso una reforma al Artículo 109 de la Ley Ambiental para que cualquier autoridad, del nivel que sea, tenga la obligación y facultades para denunciar daños al medio ambiente en cualquier parte de Yucatán.
El presidente de la mesa directiva, Alejandro Cuevas Mena, no permitió que la morenista respondiera, con el argumento que no era el momento, porque no está en discusión la iniciativa.
El momento fue propicio para que Itzel Falla presentara una iniciativa precisamente sobre los atrasos legislativos.
“Cuando una iniciativa va a la congeladora legislativa es una falla del Congreso y una pérdida de confianza ciudadana”, dijo la panista.
“Una propuesta que nunca llega al debate es un silencio para la sociedad. Debemos garantizar que toda iniciativa que llegue al Congreso tenga un final. Por ello propongo varios cambios a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo para que reduzca los plazos, que no se espere a que el presidente de la comisión lo turne a discusión, sino desde que lo reciba la mesa directiva debe atenderse”, refirió.
“Que la Junta de Gobierno resuelva las iniciativas que ya llevan tiempo sin algún análisis, aprobación o rechazo”, apuntó la legisladora.
Dijo que la iniciativa que presenta es para darle certidumbre al trabajo legislativo y que toda iniciativa sea conocida, discutida y resuelta por los legisladores en un debate plural.
Javier Osante Solís, de Movimiento Ciudadano, se adherió a la propuesta de la diputada panista, la cual aceptó.
La profesora Neyda Pat Dzul, diputada de Morena, dijo que le alegra que los diputados hagan uso de su libre pensamiento y le da gusto que aquellos exijan al Congreso que las leyes no se queden en el “congelador legislativo”.
Propuestas legislativas
En la sesión plenaria de ayer en el Congreso se presentaron diversas iniciativas.
El diputado Gaspar Quintal Parra, del PRI, propuso reformas al Código Penal para que la retención de aportaciones de los trabajadores al Isstey que no se depositen en esa institución y sea catalogado como un delito.
El desvío de cuotas de trabajadores del Isstey es un doble agravio: perjudica al futuro del servidor público y afecta las finanzas de la institución, explicó.
Eric Quijano González, de Morena, propuso aumentar de 3% a 5% la inclusión laboral en el sector público para que mayor número de personas con alguna discapacidad tenga oportunidad de un trabajo formal y se reduzca la brecha de la desigualdad.
Su propuesta requiere reformas a la ley de protección de derechos de personas con alguna discapacidad, a la ley de buen gobierno y al código de administración pública.
Bayardo Ojeda Marrufo, de Morena, presentó una iniciativa para que los ayuntamientos tengan la obligación de informar al Congreso el nombre de sus asesores jurídicos, porque éstos solo cobran cada mes y prestan sus servicios a varios ayuntamientos.
Además, cuando las comunas enfrentan problemas legales no dan la cara, tal como pasó en Tinum, donde los 11 regidores fueron inhabilitados, los asesores no tuvieron ninguna consecuencia.
“Hay un problema de años y es necesario reformar la ley de buen gobierno, los asesores municipales y despachos jurídicos tienen acaparado hasta 50 municipios donde cobran, pero ninguno tiene responsabilidad”, señaló.
“Ellos también deberían ser inhabilitados porque son corresponsables. Tiene que haber un registro de asesores para conocer quiénes son”.
Ana Cristina Polanco Ortiz, del PAN, solicitó una reforma a la Ley de Protección Civil para que las buenas prácticas en esta materia queden plasmadas en el marco legal del Estado y sean una obligación para las autoridades, y no solo se apliquen por criterio o voluntad.
También dijo que Yucatán está en la ruta de los huracanes, está en constante riesgo y ha habido ciclones tropicales que causaron daños severos. Por ello es necesario que haya un fondo financiero para atender las contingencias, que las buenas prácticas sean una política de estado permanente y consolidar a la cultura de la prevención para salvar vidas.
Melba Gamboa Ávila, del PAN, propuso modificaciones a la ley de los derechos de los niños y adolescentes para armonizar el marco estatal al marco federal, y se respete los lineamientos de la crianza positiva, los derechos integrales y el rechazo a la violencia contra este segmento de población.
Javier Osante Solís, de MC, también se refirió a la ley del Isstey. Propuso reformar al artículo 80 Bis para que cambie el criterio jurídico para aquellas personas que cometen actos de corrupción y de cohecho con los recursos de esta institución sean sancionados por la vía penal.
Esa ley abre la posibilidad de que si la persona devuelve el dinero desviado, no tendrá un castigo penal, y después que cumpla alguna inhabilitación de funciones puede reingresar al servicio público. El cambio que propone es similar al orden federal de la ley del Issste para que no se acepte el perdón de los funcionarios que incurren en esas anomalías y ese delito sea considerado grave.
Después de la exposición de su iniciativa, la diputada morenista Claudia Estefanía Baeza Martínez solicitó la palabra a la mesa directiva para pedir a Osante Solís su opinión sobre el problema financiero que causó la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco al Isstey (por no depositar los recursos de los descuentos a los trabajadores).
De nuevo, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena impidió la respuesta porque no estaba en discusión la iniciativa.
La sesión ordinaria empezó con notorio retraso, hubo constantes fallas en el sistema de sonido, lo que ocasionó numerosas peticiones del presidente de la mesa directiva, el diputado Alejandro Cuevas Mena, para que les dieran sonido a los diputados que intervinieron.
En otros asuntos, el diputado Daniel Valdez Jiménez, del PAN, solicitó al Congreso que vigile el Centro de Autismo que anunció el gobernador Joaquín Díaz Mena sea abierto a toda persona con esta discapacidad, que tenga equipos adecuados, personal capacitado, que opere con transparencia y que tenga los recursos suficientes para que cumpla su función.
Hace seis meses presentó una iniciativa sobre este tema y hasta hoy permanece en la “congeladora legislativa”, recordó.
Llarissa Acosta Escalante, de MC, se refirió a la tragedia donde fallecieron 16 personas en la carretera Mérida-Campeche, en el tramo Kopomá- Chocholá, y destacó que el 60% de los albañiles de la Península de Yucatán trabajan en la informalidad; es decir, no tienen prestaciones sociales y perciben bajos sueldos. Pidió un minuto de silencio por los fallecidos.
Osante Solís volvió a tomar la tribuna para denunciar el fraude electoral en Papantla y Poza Rica donde ganó MC, pero Morena cometió el fraude, abuso de poder y les quitó el triunfo electoral.
Asimismo, advirtió que ese tipo de delitos electorales no lo permitirán en las elecciones de Yucatán y defenderán, junto con otros partidos y sociedad si es necesario, para que prevalezca la democracia.
Los diputados aprobaron que la próxima sesión ordinaria sea el próximo jueves 25, al mediodía.