Luego de que un subdirector de la Secretaría de Salud de Yucatán fue denunciado por presunta extorsión y amenazas al restaurante Sonora Grill, ubicado en Plaza Urban de Mérida, diversas voces se han pronunciado al respecto.
Como publicamos, Jorge Humberto Díaz Frías, representante legal de la operadora del establecimiento, acudió el pasado jueves 18 de septiembre a la Vicefiscalía de Investigación y Control de Proceso para interponer denuncia por un presunto delito contra el servicio público.
Presunta mensualidad para proteger a Sonora Grill
En su declaración, señaló que en una reunión privada el funcionario identificado como Abraham Antonio Puch Cardeña le habría solicitado una multa de $300,000, una “dádiva” de $220,000 y una mensualidad de $30,000 para “protegerlos” y ordenar de inmediato el retiro de los sellos colocados en el restaurante.
Tras darse a conocer los hechos, Diario de Yucatán solicitó al gobierno del Estado su posicionamiento y qué acciones estaría implementando contra la denuncia que se interpuso contra el servidor público.
Postura del gobierno de Yucatán ante presunta corrupción
Ante la petición, se emitió el siguiente comunicado:
El Gobierno del Estado de Yucatán informa que se mantendrá atento a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, luego de las denuncias presentadas contra servidores públicos de la Secretaría de Salud por presuntos actos de corrupción.
La instrucción es clara: en el Gobierno del Renacimiento Maya no hay cabida para la corrupción ni para las prácticas que atenten contra la confianza ciudadana y el desarrollo de las actividades productivas de nuestro estado.
De igual manera, el Gobierno del Estado hace un llamado a los negocios, empresas y establecimientos mercantiles a cumplir con la normatividad vigente en materia sanitaria y administrativa, pues la transparencia y la legalidad van de la mano con el cumplimiento de las leyes que garantizan la seguridad y el bienestar de la población.
El Gobierno de Yucatán reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y reafirma que dará puntual seguimiento a este caso hasta que se esclarezca en su totalidad, siempre actuando en apego a la ley.
Nuestro deber es proteger el interés público, respaldar a las y los yucatecos, y asegurar que las instituciones respondan siempre con honestidad, legalidad y respeto a la sociedad.