En el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán manifestamos nuestra preocupación por la reciente aprobación de reformas a la Ley de Amparo en el Senado de la República, que de concretarse limitarían de manera significativa la capacidad de defensa de ciudadanos y empresas frente a actos arbitrarios de autoridad.
Posicionamiento del CCE sobre la reforma a la Ley de Amparo
El juicio de amparo es uno de los pilares más importantes del Estado de Derecho en México, pues garantiza que ninguna autoridad quede sin control judicial.
Restringir sus alcances abriría la puerta a excesos de autoridad que afectarían directamente a las personas y al sector productivo, debilitando la confianza en nuestras instituciones.
En Yucatán, el 99.9 % de las unidades económicas corresponden a MiPyMEs y concentran 83.6 % del personal ocupado (Censos Económicos 2024, INEGI).
Limitar la figura del amparo, reforzar requisitos y recortar opciones de defensa jurídica impacta con fuerza a estas empresas, que operan con menor margen financiero.
Preocupaciones por la reforma de la Ley de Amparo
En representación de cientos de empresas en el estado, señalamos los puntos más preocupantes de la reforma:
1. Restricción del interés legítimo: se eleva el umbral para acreditar interés legítimo, lo cual puede disminuir la capacidad de defensa para causas sociales, ambientales, de competencia económica y de salud pública.
2. Limitación de suspensiones provisionales: casos como bloqueo de cuentas, créditos fiscales o revocación de concesiones podrían dejar a empresas inoperantes mientras se resuelve el juicio, con riesgos de pérdida de empleos o cierre.
3. Restricciones a la defensa fiscal y a las garantías de créditos: la reforma contempla limitar las garantías aceptables para suspensiones a billete de depósito o carta de crédito, excluyendo bienes inmuebles o el valor del negocio en marcha, lo que implica desventaja para las MiPyMEs.
4. Cláusula de “imposibilidad jurídica o material”: esta figura permitiría a autoridades alegar falta de recursos presupuestales para justificar el incumplimiento de sentencias, comprometiendo la fuerza del amparo.
5. Retroactividad (aplicación a asuntos en trámite): la reforma incorpora esta cláusula, lo cual ha generado inquietud por su posible contradicción con el artículo 14 constitucional. Ante ello, la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido eliminarla o corregirla.
El peligro de debilitar el amparo judicial
En Yucatán hemos construido, con esfuerzo conjunto, un entorno de certeza que ha posicionado al estado entre los de mayor confianza empresarial del país.
Debilitar un instrumento como el amparo pondría en riesgo esa confianza y enviaría un mensaje negativo a inversionistas nacionales y extranjeros.
Nuestro llamado es claro: escuchar al sector productivo y a la sociedad, no debilitar las garantías individuales y asegurar un marco jurídico confiable que proteja la certidumbre de millones de mexicanas y mexicanos.
Solicitamos la realización de foros de Parlamento Abierto, con la participación de juristas, académicos, sociedad civil y el sector empresarial.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo constructivo, convencidos de que México necesita un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz, como garantía fundamental del Estado de derecho.
Respaldo colectivo
Un total de 17 organizaciones firman el escrito del CCE Yucatán, fechado hoy 4 de octubre de 2025 en Mérida.
Lo firmaron Coparmex, Canacintra, Canaco-Servytur, Canainve, Index Yucatán, Canadevi, Ammeyuc, Canainma, Canirac, CMIC, Canieti, Aaprotuy, Cnapt, Asofom, Comce, Aagy y CNAY.