El diputado priista Gaspar Quintal Parra calificó de “engaño monumental” la aprobación del dictamen de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social para Trabajadores de Yucatán (Isstey) en la sesión vespertina de anteayer de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado.
Aunque votó a favor de la reforma propuesta por el gobernador Joaquín Díaz Mena el 10 de septiembre pasado, Quintal Parra fijó su posicionamiento crítico porque en estos cambios a la ley estatal no se incluyó como delito el desvío o la retención de las cuotas que aportan los trabajadores del Estado.
Tampoco se incluyó el monto de los ingresos por despensa al calcular la pensión ni se devolverán las retenciones del monto de las cuotas durante la vigencia de la Ley del Isstey 2022.
Falta a una promesa
El priista recalcó que con la aprobación del dictamen de esta nueva reforma a la Ley del Isstey se incumple la promesa del gobernador morenista de echar para atrás la ley de 2022 (que reformó el entonces gobernador panista Mauricio Vila Dosal y aprobó la mayoría de diputados del PAN de la anterior Legislatura).
“El dictamen de la reforma al Isstey aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso es un engaño monumental”, recalcó en su posicionamiento. “No aportaron nada nuevo. La reforma es insuficiente y consagra la impunidad”.
“Lo más grave es que, a pesar de las promesas de campaña, Morena blinda la impunidad porque se negó a tipificar como delito el desvío o la retención de las cuotas. Esto deja la puerta abierta a futuros desfalcos y robos sin castigo penal para los funcionarios”.
Quintal Parra dijo que los trabajadores siguen afectados por la ley porque se mantienen los descuentos excesivos y siempre recibirán menos pensión.
El 15% de cuota para nuevos ingresos permanece y, aunque se congeló temporalmente en 11% para los trabajadores actuales, en 2030 volverá a subir.
Si bien se eliminó el salario regulador, los diputados de Morena se negaron a aceptar que los ingresos adicionales, como los vales de despensa, sean tomados en cuenta en el cálculo de la jubilación. Esto significa menos dinero para los pensionados.
También hizo notar que esta reforma que impulsa Morena no restituye los derechos perdidos. Puso como ejemplo el seguro de cesantía, que no regresará.
Incluso recordó que los dirigentes sindicales alabaron esta iniciativa y alabaron al gobernador en el Congreso, pero ninguna de sus peticiones se tomó en cuenta.
“La reforma no garantiza la viabilidad del Isstey ni protege el dinero de las pensiones ante malas inversiones”, subrayó. “La reforma es una cortina de humo, es un engaño y un incumplimiento a la palabra de campaña”.
“El dictamen no echa para atrás la ley de 2022, solo legaliza el saqueo. Morena le falló a los trabajadores, simula y engaña al pueblo”.
La propuesta del gobernador Díaz Mena “para acabar con una injusticia histórica” incluyó lo siguiente: la eliminación del salario regulador, la prohibición de inversiones riesgosas, la reducción de la edad para la jubilación de 65 a 55 años y el congelamiento en 9% de las aportaciones en vez del 13%.
De igual manera, el retiro de la referencia al salario regulador durante los últimos 20 años, por los dos últimos años de percepciones para la jubilación.
Auitorías en municipios de Yucatán
Ayer sesionó también la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso.
Se aprobó el dictamen sobre 12 informes individuales de la fiscalización de la cuenta pública que realizó la Auditoría Superior del Estado. La comisión legislativa recibió estos informes desde julio de 2024; es decir, un año y tres meses.
Los municipios fiscalizados fueron Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Chichimilá, Hocabá, Maní, Panabá, Samahil, Tekom, Tetiz y Yobaín, así como el sistema de agua potable y alcantarillado de Sucilá.
Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán expresó ayer su preocupación ante el avance legislativo de la propuesta de contrarreforma a la Ley del Isstey e hizo un llamado a que cualquier modificación se realice con visión de largo plazo, responsabilidad técnica y pleno diálogo entre todos los sectores de la sociedad.
El organismo consideró que una reforma de esta naturaleza no puede resultar adecuada sin un análisis profundo, técnico y transparente que evalúe sus implicaciones financieras y sociales.