Por mayoría de votos, ayer en sesión plenaria, el Congreso del Estado aprobó el dictamen en lo general de la contrarreforma a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) y el decreto 532/2022.
Con el voto a favor de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional y de una diputada sin partido, la modificación vio luz verde en el pleno. Solo el grupo parlamentario de Acción Nacional se opuso.
Como se recordará, dicha modificación a la ley del Isstey la envió en septiembre pasado el gobernador morenista Joaquín Díaz Mena, que impacta en más de 42,000 trabajadores del Estado.
El aforo del Congreso fue llenado con trabajadores y líderes sindicales para atestiguar el hecho, además de la presencia de los diputados federales de extracción morenista, Óscar Brito Zapata y Linette Fernández Sarabia.
“Oposición caprichosa”
El legislador de Acción Nacional Roger Torres Peniche se manifestó contra dicha modificación y señaló que cuestionar la modificación a la ley del Isstey no era un acto de la “oposición caprichosa”.
El panista expresó que dichos cambios “abrirían un boquete financiero que agotaría la liquidez del instituto antes de 2028”. Expresó que eso sería dos años antes de lo que se había proyectado en los peores escenarios.
Torres Peniche afirmó que la comisión encargada de evaluar la propuesta de modificación nunca recibió la información económica para evaluar la vialidad financiera de la propuesta. Desde su perspectiva la contrarreforma es una “decisión políticamente rentable, pero económicamente insostenible”.
“Revertir medidas de sostenibilidad sin un plan de financiamiento no es justicia es irresponsabilidad”, añadió que no se presentó una corrida financiera, una proyección de reservas, ni nuevos ingresos o un plan estatal de aportes extraordinarios.
Además de que dijo que ni la Secretaría de Administración y Finanzas ni la dirección general del Isstey quisieron “venir dar la cara para comprometerse con ustedes (los trabajadores) y decirles que sus pensiones no están en riesgo, que hay dinero en las arcas”.
Al hacer mención del ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó diversas disposiciones del Decreto 532/2022, indicó que la Corte “pidió corregir lo que consideró excesos, no abrir déficits”.
Antes de la intervención del panista, la morenista Maribel Chuc Ayala tomó el micrófono para hablar en favor de la reforma, asegurando que votación a favor era en pro de que “El Isstey sea un instituto al servicio de los trabajadores y no una carga”. En otros puntos, la morenista señaló que la reforma era para devolverle a los trabajadores “lo que les arrebató el anterior gobierno de Acción Nacional” en referencia a la administración de Mauricio Vila Dosal.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Gaspar Quintal Parra, puso de manifiesto el posicionamiento de su partido, en el que expresó que el dictamen no responde al principio de justicia social ni asegura la viabilidad financiera del Instituto a largo plazo y pospone la reforma hasta el 2026.
Según expresó Quintal Parra, la propuesta del Ejecutivo “se limitó a dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a los años de servicio para la jubilación” y el proceso de discusión falló en su cometido de incorporar la voz ciudadana.
Pese a las críticas hechas por el priista, anunció que él y el PRI darían su a favor del dictamen, con el argumento de que es “un avance mínimo para la restitución de derechos”.
En su turno, la diputada de Movimiento Ciudadano Larissa Acosta Escalante, indicó que “con esta nueva reforma se establece un cerco estricto, garantizando que los recursos solo se inviertan en instrumentos regulados de bajo riesgo, prohibiendo las operaciones especulativas”.
El diputado Julián Bustillos Medina destacó que el nuevo marco legal representa un acto de reparación y justicia, tras los efectos negativos de la reforma anterior. “Hoy damos un paso firme hacia la reparación de los agravios y la construcción de un marco normativo más justo y sostenible”, expresó.
El coordinador de la bancada morenista, diputado Wilmer Monforte, señaló que “no es posible que quienes tuvieron la oportunidad de rectificar los errores del pasado no lo hagan, y sigan pensando solo en el dinero, cuando los gobiernos anteriores usaron el Isstey como su caja chica”.
Monforte Marfil reconoció que el Isstey no atraviesa su mejor momento, pero lo atribuyó a “los gobiernos del pasado”. Además de que aseguró que las administraciones pasadas “usaron los recursos de los trabajadores para otras cosas que no iban en beneficio de los trabajadores”.
Recordó que durante años los recursos de los trabajadores se desviaron para fines ajenos a su bienestar, incluso vendiendo las tiendas del Instituto que beneficiaban a las familias, lo que consideró una muestra del abandono hacia la clase trabajadora.
Sobre la postura de Acción Nacional en contra de la reforma, el líder de la bancada morenista les hizo el señalamiento en el sentido de que “piensen bien de qué lado están: del lado del pueblo o en contra del pueblo”.
Otros temas que se abordaron y aprobaron durante la plenaria del viernes fueron el acuerdo de la comisión de postulación del reconocimiento al “Médico del Año del Estado de Yucatán”, que se otorga de manera póstuma al doctor Rudy Humberto Coronado Bastarrachea y la propuesta del acuerdo sobre la convocatoria para que se realicen las propuestas de candidatos jóvenes al reconocimiento “Efraín Calderón Lara” 2025.
Finalmente, se anunció que la sesión solemne para la entrega del reconocimiento “Médico del Año” se realizará el jueves 30 de octubre al mediodía.