Mayas originarios de diversas comunidades de Yucatán alzaron la voz en una conferencia de prensa para denunciar problemas que afectan sus territorios, su forma de vida y su patrimonio.
Entre los temas centrales abordados estuvieron la suspensión definitiva de megaproyectos como Ciudad Maderas y un parque eólico en Ixil, la criminalización y el hostigamiento de las autoridades hacia los defensores del territorio, y la alarmante construcción de una granja avícola en Tzemé, una zona arqueológica no explorada.
Respecto a Ciudad Maderas, la orden fue emitida en un juicio de amparo interpuesta por Sergio Oceransky de la Fundación Yansa, que detuvo la construcción mientras dure el juicio.
El proyecto en Chuburná Puerto, comisaría de Progreso, abarca 600 hectáreas de selva baja caducifolia, colindante con ecosistemas costeros.
La denuncia original fue presentada en febrero de 2023 y alertaba sobre las graves consecuencias para la salud de estos ecosistemas, incluyendo el sistema lagunar, explicó el representante de la fundación.
Según el denunciante, la empresa incurrió en irregularidades al afirmar falsamente que la selva baja caducifolia no podía considerarse cobertura forestal, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto sin exigir el permiso de cambio de uso de suelo forestal.
A pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cerró inicialmente la denuncia sin observar irregularidades, el amparo logró la suspensión definitiva.
Parque eólico en Ixil
En cuanto al parque eólico en Ixil, el Consejo Comunitario también logró la suspensión definitiva.
Este proyecto, autorizado en 2019, se planeaba construir en tierras ejidales de uso común, las cuales la empresa afirmó falsamente que eran propiedad privada, señalaron Emanuel Chan y Peregrina Cutz.
Este hecho se relaciona con un intento de privatización ilegal de tierras ejidales que fue detenido. La comunidad, a través de Peregrina Cutz, expresó su preocupación y argumentó que el rechazo a esta obra por las enormes perforaciones que se realizarían, que podría mezclar el agua salada con la dulce, y cuestionó el destino de la energía generada, que no sería para Yucatán.
Asimismo, se planteó la preocupación sobre qué pasará con la infraestructura del parque después de 30 años, ya que en Europa, según Peregrina Cutz, no saben qué hacer con las eólicas caducadas.
Ante estas luchas que han iniciado, los habitantes de estas comunidades mayas denunciaron un patrón de criminalización y hostigamiento de las autoridades hacia quienes defienden sus tierras y derechos.
Wilbert Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi, señaló que defender el territorio parece ser un delito para las empresas y el gobierno. Relató cómo la Fiscalía no investigó por 10 meses una denuncia, y cómo el aparato legal es utilizado para intimidar.
Situación similar relataron Jorge Rogelio Narváez y Ramiro Melchor Canché, pobladores de Molas. Compartieron sus experiencias de ser citados a la Fiscalía y hostigados por organizar una asamblea del Consejo Comunitario Maya.
Cuatro representantes de la Fiscalía llegaron a la casa de Jorge Rogelio Narváez para tomar fotografías y recabar información. Posteriormente recibieron citatorios sin un motivo claro, lo que interpretaron como un intento de intimidación para desmovilizar a la comunidad que busca defender sus tierras ejidales.
Melchor Canché enfatizó que no son delincuentes y que su “delito” es defender sus tierras.
Se mencionó que desde 2021, una persona se presentó y se ostentó como dueña de tierras de fundo legal de Molas, incluyendo el cementerio y la escuela.
Incluso presentó denuncias por invasión a una zona donde se pretende construir un fraccionamiento que ya estaría autorizado desde hace varios años.
“La justicia es para los ricos”
“La justicia es para los ricos”, acusó el señor Guillermo Yam, un campesino de Ixil, al hablar de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estableció una base para impedir a habitantes trabajar sus tierras y hostigar a mujeres.
Recalcó que los gobiernos generalizan y no escuchan a la población por todos estos atropellos, con la única intención de proteger los intereses de los empresarios que quieren adueñarse de las tierras mayas.
Una denuncia particularmente grave fue la destrucción de vestigios arqueológicos en Kinchil, específicamente en la antigua ciudad de Tzemé.
Federico May, representante de la comunidad, dijo que una empresa avícola está destruyendo las huellas de la urbe, que fue la capital de todo el poniente del Estado y llegó a tener más de 10,000 habitantes, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
A escasos 300-400 metros de las pirámides principales, la granja avícola construye más naves para la producción de huevo, lo que implica la destrucción de basamentos, sepulturas, pirámides y plataformas.
La comunidad ha constatado la existencia de plataformas, pirámides, piedras labradas, jades y cerámica en una zona que aún no han sido explorada.
Federico May comentó que a pesar de que los arqueólogos del INAH habían pedido no difundir la información para evitar saqueos, ahora la comunidad busca visibilizar la destrucción, ya que la granja ha destruido parte de estos vestigios en su primera etapa de construcción.
Además de la destrucción cultural, se advirtió de un “ecocidio” al instalar una megagranja en una zona que es inundable, hogar de especies en peligro de extinción, con el agua a solo dos metros de profundidad.
La comunidad presentó una solicitud al INAH el pasado viernes 17 para que interviniera, pero al momento no ha habido respuesta y las máquinas continúan destruyendo.
Las comunidades hicieron un llamado a otras comunidades que estén viviendo situaciones similares a no dejarse intimidar y a unirse para defender sus derechos y territorios.