La reciente discusión del Paquete Fiscal de Yucatán 2026 en el Congreso del Estado no solo dejó un presupuesto aprobado por mayoría simple y un empréstito rechazado por falta de mayoría calificada. También reveló, según el doctor Luis Ramírez Carrillo, analista político y académico de la Uady, un deterioro del ejercicio democrático y un retorno a viejas prácticas que sustituyen el debate por el ruido y la confrontación.
En entrevista con el Diario, Ramírez Carrillo considera que lo ocurrido es un termómetro del “mal estado de la democracia”. Afirma que el Congreso, como máximo órgano de representación popular, debería ser un espacio para el análisis y la argumentación, algo que estuvo totalmente ausente.
El episodio, marcado por abucheos, grupos de presión convocados desde el oficialismo, acusaciones cruzadas, rompimiento del debate y aprobación apresurada de la miscelánea fiscal, exhibe, según el especialista, una cultura política que sigue privilegiando la fuerza por encima de los argumentos.
“Debate, análisis y argumentos fue exactamente lo que no escuchamos en este caso”, sostiene el investigador. Para él, la esencia de un Congreso es procesar las diferencias a través del razonamiento, incluso en medio de tensiones. Pero lo visto en la sesión previa a la aprobación del paquete fiscal representó lo contrario: ruido como estrategia y no como accidente.
Uno de los puntos que, a su juicio, muestra la falta de discusión seria es el incremento al impuesto sobre nómina incluido en la miscelánea fiscal. El aumento de 0.5% fue justificado como una medida “a favor de los pobres” y como un acto de equidad frente a empleadores que “pueden pagar más”. Sin embargo, el analista subraya que no existe ninguna garantía de que los ingresos adicionales se destinen a programas sociales concretos, ni un estudio que explique por qué ese incremento.
Efecto
Además, señala, el aumento podría empujar a muchas Mipymes hacia la informalidad en un estado donde Mérida tiene el 57% de informalidad. “Subir el impuesto a nómina desalienta la creación de empleos formales”. Los grandes corporativos, explica, pueden absorber el aumento, pero no así las micro y pequeñas empresas que sostienen gran parte del empleo local. “Cualquier aumento en sus gastos formales normalmente lo lleva a la informalidad”, advierte.
El especialista apunta que medidas de este tipo requieren evaluaciones profundas, pues afectan el mercado formal en un contexto económico ya debilitado. Advierte que aplicar cargas fiscales sin revisar su efecto real es contraproducente, pues desalienta empleos formales y fortalece la tendencia actual hacia la informalidad.
Respecto al empréstito por alrededor de 1,500 millones de pesos, Ramírez Carrillo señala que la mayoría calificada funcionó como un mecanismo de contención, pero no por ello como un verdadero contrapeso institucional.
Argumento
El analista critica que el argumento central de los legisladores morenistas sea: “así lo hizo Vila ¿por qué ustedes se quejan?”.
“Eso no es lo que estaba en discusión. Si así lo hizo Vila, lo hizo mal, punto. Y lo dijimos todos en su momento: ‘lo hizo mal’. Se dijo en el Congreso, se dijo en Diario de Yucatán, muchos lo dijimos (…) No hay el argumento de que esto no se dijo. Sí se dijo y como sí se dijo, tenemos todo el derecho moral de volverlo a decir”.
“El argumento de decir: ‘como así se hizo en el pasado, vamos a seguir haciéndolo en el presente’, no es un argumento que descalifique una oposición y tampoco es un argumento que justifique una decisión mayoritaria. Eso fue lo que escuchamos en el Congreso”.
Aunque celebra que no se aprobara el proyecto del segundo anillo periférico , que califica de “irracional”, lamenta que, al no desglosarse la propuesta, se llevara “entre las patas” el financiamiento para un centro de atención al autismo, infraestructura socialmente necesaria.
En el caso del segundo anillo periférico, el analista señala que no resuelve los problemas de movilidad de Mérida, pues refuerza un modelo de ciudad extendida y beneficia principalmente a propietarios de grandes extensiones de tierra.
Recuerda que esta idea ha rondado gobiernos desde hace dos décadas y que siempre ha carecido de sustento técnico. Sin embargo, reitera que separar proyectos, los estratégicos de los socialmente prioritarios, es responsabilidad del Ejecutivo, no de la oposición.
Gritería
Uno de los elementos más criticados por Ramírez Carrillo es la presencia de grupos de simpatizantes convocados para presionar durante las sesiones del Congreso. Para el académico, este recurso es “una manipulación total del debate” que busca mostrar fuerza política, deslegitimar a la oposición y, sobre todo, impedir que se ventilen los motivos reales detrás de las decisiones presupuestales.
Asegura que este tipo de intervenciones convierte el recinto legislativo en un escenario de confrontación ruidosa donde se pierde el sentido del trabajo parlamentario. El mensaje a la ciudadanía, afirma, es de imposición: “aquí manda el gobernador y ustedes se van a la goma”.
El uso de grupos movilizados, dice, busca intimidar, marcar territorio político y desviar el foco de los temas sustantivos. El efecto es claro: “El ruido impide oír las voces de la verdad”. Este mecanismo, empleado en otros momentos por PRI, PAN y ahora Morena, sustituye, opina, el argumento por la fuerza numérica y manda el mensaje hacia la ciudadanía de que quien grita más fuerte gana y no quien razona mejor.
Pero el problema es más profundo, continúa el doctor Ramírez, es que cuando el Congreso se llena de ruido, se pierde la posibilidad de discutir los elementos esenciales del presupuesto: quién ejecutará las obras, bajo qué criterios se asignarán contratos, por qué aumentan ciertas partidas y no otras, y qué intereses privados se activan detrás de cada rubro.
Más preocupante aún, añade, es que detrás de varias obras públicas no se transparenta quiénes serían los beneficiarios ni bajo qué criterios se otorgarían contratos y licitaciones.
Para Ramírez Carrillo, el verdadero problema no es solo la escasez de recursos públicos, sino la ineficiencia y la presencia de intereses privados que históricamente han capturado las decisiones presupuestales en Yucatán. Señala como ejemplos obras no concluidas o subutilizadas, como el Palacio Maya de Yaxcabá, el Palacio de la Música o el Centro Internacional de Congresos.
A esto se suma la existencia de redes político-empresariales que presionan para que el presupuesto se oriente hacia proyectos que les generen ganancias directas.
Para los próximos años, el analista anticipa “más de lo mismo” en el gobierno de Joaquín Díaz Mena y que estarán marcados por una mezcla de decisiones racionales y otras impulsadas por intereses políticos y clientelares.
No obstante, también cree que existe margen para decisiones técnicas más cuidadas si el Ejecutivo decide deslindarse de proyectos injustificados. El reto, dice, será distinguir entre políticas que realmente atienden problemas estructurales y aquellas que solo sostienen fidelidades políticas.
Aunque no descarta que algunas iniciativas tengan buenas intenciones, insiste en que la administración necesitará mayor rigor técnico y deslindarse de propuestas “injustificadas” como el segundo anillo periférico. Lo deseable, añade, sería que al menos una parte significativa de los recursos estatales se destinara a políticas sociales reales y no únicamente a la reproducción de redes electorales.
Para Ramírez Carrillo, el saldo de este episodio legislativo es claro: mientras el Congreso siga privilegiando el ruido sobre la argumentación, la razón y el interés público seguirán siendo los principales perdedores.