María Guadalupe Méndez Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), rindió ayer ante el Congreso del Estado su Informe Anual de Actividades 2025.
En éste expuso cifras que revelaron desafíos estructurales, particularmente en materia de salud mental, sistema penitenciario, seguridad pública y violencia de género.
Durante su mensaje ante la LXIV Legislatura, la titular de la Codhey recalcó que defender derechos humanos no es administrar expedientes, “es hacer que la dignidad deje de ser un discurso y se convierte en realidad en cada rincón de Yucatán”.
Eel diagnóstico presentado “no es un documento declarativo, es un instrumento técnico construido desde un enfoque integral, interseccional, antipatriarcal y antirracista”, subrayó.
También explicó que el documento se sostiene sobre cuatro pilares: un enfoque basado en derechos humanos; una perspectiva interseccional; un modelo preventivo y de justicia restaurativa, y un enfoque de igualdad sustantiva y antidiscriminatoria.
En materia de derechos civiles y políticos, compartió que Yucatán mantiene una de las tasas de homicidio más bajas del país, aunque advirtió que persisten retos estructurales. Puntualizó que la encuesta estatal de discriminación lleva 11 años sin actualizarse, lo que limita el diseño de políticas públicas eficaces.
Sobre libertad de expresión y protesta social, indicó que las manifestaciones forman parte de la vida democrática y enfatizó que el uso de la fuerza pública debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En salud mental, dijo que durante 2025, Yucatán alcanzó el primer lugar nacional en tasa de suicidio.
“Esto no puede reducirse a una estadística, es una señal estructural que interpela nuestras políticas públicas”, señaló la presidenta de la Codhey.
En el ámbito ambiental, alertó sobre la vulnerabilidad climática de la región peninsular y sus impactos en el derecho a la vivienda y al medio ambiente sano, especialmente en comunidades racializadas como la maya.
También urgió a consolidar estrategias laborales que permitan a grupos prioritarios acceder a empleos dignos y cerrar brechas históricas.
En ese sentido, aseguró que las violaciones a derechos humanos responden a patrones estructurales y no a hechos aislados.
En relación con los derechos de las mujeres, reconoció como avance la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, pero advirtió que su garantía efectiva requiere políticas públicas consolidadas y eliminación de barreras informativas. Asimismo, manifestó preocupación por la desigual distribución del trabajo de cuidados.
Respecto a personas con discapacidad, informó que por primera vez en la historia del organismo se fortaleció el mecanismo independiente bajo el principio “nada de nosotros sin nosotros”.
De igual manera, alertó sobre prácticas discriminatorias hacia personas que viven con VIH y cuestionó la vigencia del artículo de “peligro de contagio” en el Código Penal estatal.
Luego dio a conocer que la Oficialía de Quejas y Orientación procesó 2,346 solicitudes durante 2025. Entre ellas, 1,232 correspondieron a orientaciones; 942 a gestiones estratégicas, y 142 a quejas remitidas formalmente.
Además, se realizaron colaboraciones y oficios de conocimiento para fortalecer la red institucional.
Los casos más recurrentes se concentraron en seguridad pública y procuración de justicia, asuntos administrativos y libertad de expresión, así como en temas laborales, penitenciarios y violencia escolar y de género.
Justicia restaurativa
Por primera vez en 30 años, la Codhey implementó de manera formal el enfoque de justicia restaurativa, alcanzando 15 casos de éxito mediante procesos colaborativos. También inició 13 gestiones de oficio por la trascendencia de los hechos.
La operatividad incluyó la emisión de 578 oficios de colaboración, entre ellos dirigidos a 81 instituciones, 17 conciliaciones exitosas con nueve autoridades distintas, 112 diligencias para presentación de personas y 104 medidas cautelares, principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Hospital O’Horán y la Secretaría de Educación.
En total, se realizaron 5,295 diligencias para notificación y ratificación de personas agraviadas.
En 2025 se turnaron 140 quejas a visitaduría, de las cuales 131 fueron calificadas como presuntas violaciones de derechos humanos.
Se identificaron 52 autoridades involucradas; entre las más recurrentes destacan la SSP con 44 señalamientos; la Fiscalía General del Estado con 14; la Secretaría de Educación con nueve; el Ayuntamiento de Valladolid con cinco, y los ayuntamientos de Oxkutzcab, Timucuy y Tzucacab con cuatro cada uno.
En total se documentaron 284 hechos presuntamente violatorios.
Entre ellas las más frecuentes fueron prestación indebida del servicio público (83), detención arbitraria (65), lesiones (52), amenazas o intimidación (25), omisión de proteger la integridad personal (20), ejercicio indebido del servicio público (19), maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual (18), violaciones al deber de garantizar la integridad personal (16), uso indebido o desproporcionado de la fuerza (16) y dilación en la procuración de justicia (cuatro).
María Méndez aclaró que la diferencia entre el total de quejas y hechos se debe a que en un mismo expediente pueden acreditarse múltiples violaciones.
En cumplimiento de la ley, se realizaron 54 audiencias entre las partes, logrando conciliar 24 quejas con ocho autoridades. Además, la Codhey inició de oficio 11 quejas relacionadas con posible abuso de fuerza pública y fallecimientos en cárceles municipales.
La titular informó que nueve de las quejas están vinculadas con vulneraciones al derecho a la vida en cárceles municipales de Ticul, Dzitás, Tzucacab y otros municipios. Durante el periodo se emitieron 16 recomendaciones dirigidas a 19 autoridades.
El Centro de Supervisión Permanente realizó inspecciones en hospitales, cárceles y centros de reinserción en los 106 municipios del estado, detectando deficiencias en registros y en la integridad física de personas detenidas. Se hizo un llamado directo a los ayuntamientos de Sanahcat, Cansahcab, Quintana Roo, Peto, Kinchil, Dzoncauich, Uayma y Chacsinkín para atender condiciones que requieren intervención inmediata.
En cuanto a capacitación y vinculación, la Dirección correspondiente atendió a 35,275 personas mediante programas especializados dirigidos a niñez, juventudes, personas con discapacidad, personas mayores y comunidades indígenas y afrodescendientes. Se firmaron 129 convenios de colaboración, de los cuales 82 fueron con ayuntamientos.
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se creó la Unidad de Igualdad de Género “Joanna Berenice Campos Aldaz”. A ocho meses de su creación, capacitó a 3,425 personas en género, masculinidades y prevención de violencias, además de firmar convenios con siete organizaciones civiles.
Al concluir, la presidenta de la Codhey solicitó respaldo financiero para fortalecer al organismo.
“Yucatán merece una comisión fuerte y equipada”, afirmó, garantizando que los recursos serán administrados con austeridad y planeación estratégica.