La falta de medicamentos, el retraso en cirugías y las deficiencias en la atención médica especializada en instituciones públicas de salud han obligado a pacientes a recurrir a amparos para garantizar su derecho a la salud, señaló Crisel Ailed Cachón Barreiro, asesora jurídica especializada en asuntos de salud del Instituto Federal de la Defensoría Legal.
“Es bastante grave que a las personas, tanto de la tercera edad como infantes y adolescentes, a la población en general, no les surtan sus medicamentos o pospongan sus cirugías, y que lamentablemente instituciones como el Seguro Social digan ‘no tengo para atenderlos’. Por eso hay amparos, para obligarlos a cumplir”, declaró.
Al alertar sobre las deficiencias en la atención médica en Yucatán, la funcionaria federal indica que estas situaciones representan una clara violación al derecho a la salud de los ciudadanos, establecido en el artículo cuarto de la Constitución.
En entrevista concedida al Diario, Crisel Cachón considera grave la falta de atención médica integral y la escasez de medicamentos, problemas que afectan a miles de personas en el estado.
“Es alarmante el retraso en la atención médica especializada, como la programación de cirugías y la escasez de medicamentos. No es posible que personas con diabetes e hipertensión estén más de seis meses sin sus medicamentos”, afirma.
La especialista explica que los principales motivos por los que se promueven amparos contra el Seguro Social son la falta de atención médica integral, el retraso en consultas especializadas, las dificultades para agendar cirugías de manera oportuna y la grave escasez de medicamentos.
En muchos casos los pacientes acuden al hospital para una cirugía programada y, una vez ahí, se les informa que la intervención fue cancelada por falta de recursos o personal, indica.
“El paciente ingresa ya listo incluso para ser operado y luego le dicen: ‘no llegó el cirujano’ o ‘no tenemos la gasa que se necesita para tu cirugía’”, señala.
“Lo peor es que si su intervención estaba programada, por ejemplo, para el 18 de febrero, al posponerla les dan cita en septiembre u octubre. Eso no debe ocurrir”.
La situación se agrava cuando el propio doctor tratante ha indicado la urgencia de la intervención, expone.
“Si el médico dice que necesito un implante de manera urgente, no puede ser que luego me digan que no hay problema si la cirugía se realiza meses después”.
La asesora jurídica subraya que los ciudadanos pueden recurrir al amparo para exigir su derecho a una atención médica integral.
“El amparo es una herramienta que permite a los pacientes reclamar su derecho a la salud y obtener atención inmediata. Nuestro servicio es gratuito y estamos aquí para ayudar a quienes lo necesiten”, explica.
Asimismo, destaca que la atención médica integral también debe incluir el seguimiento postoperatorio y la fisioterapia cuando sean necesarios.
“Si una persona requiere fisioterapia después de una cirugía, esto también debe garantizarse para asegurar su calidad de vida, y se puede obligar a que se cumpla mediante un amparo”.
Yucatán, con precedentes
Crisel Cachón menciona que en Yucatán ya existen precedentes en este sentido, actualmente hay amparos en proceso para obligar a instituciones como el Seguro Social a cumplir con estos servicios.
“No es posible que una persona que necesita una prótesis, porque no puede moverse y requiere ese apoyo de manera inmediata, tenga que esperar al grado de poner en riesgo la pérdida de una pierna. Lo mismo ocurre con adultos mayores con diabetes que no reciben sus medicamentos”, advirtió.
Respecto a la escasez de medicamentos, la especialista señala que la legislación del Seguro Social considera la subrogación de servicios, lo que permitiría adquirirlos por medio de otras farmacias o proveedores.
“Muchas veces las autoridades dicen ‘no tengo y no puedo surtírtelo’, pero la ley prevé la subrogación. Se pueden surtir medicamentos a través de otras farmacias mediante vales que se entregan a los usuarios. No hay excusa para que no se les proporcione el tratamiento”, puntualiza.
Ante esta situación, Crisel Cachón hace un llamado a la ciudadanía para acercarse al Instituto Federal de la Defensoría Legal y recibir orientación.
“La atención es gratuita y contamos incluso con asesores en lenguas indígenas para eliminar barreras de comunicación. Es fundamental que la gente sepa que puede promover un amparo si no recibe la atención médica que necesita”, refiere.