Con 34 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Yucatán aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Mexicana, a fin de establecer límites a las jubilaciones y pensiones de servidores públicos.
El único voto en contra fue del priista Gaspar Quintal Parra, quien dio lectura al posicionamiento que le hizo llegar un jubilado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la negativa del recinto de otorgar la palabra a los afectados, según indicó.
El legislador señaló que la minuta federal, bajo el discurso de la austeridad y la justicia, encierra un grave riesgo para los derechos laborales adquiridos de miles de mexicanos.
“Legislar sin escuchar a quienes serán directamente afectados no es democrático, es imponer. Un Estado que no respeta los derechos es un Estado que pierde legitimidad”, manifestó.
Para hablar a favor de la reforma, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que dispone que las jubilaciones y pensiones no podrán exceder la mitad de la remuneración asignada al titular del Ejecutivo Federal, subieron a tribuna los diputados Javier Osante Solís (MC), Marco Pasos Tec (PAN) y Edith Trujeque Jiménez (Morena).
“El dinero público no es para financiar excesos. Hoy daremos nuestro voto a favor de esta minuta federal porque respaldamos, por supuesto, ponerle un alto definitivo a las ‘pensiones doradas’”, recalcó Osante Solís.
“Cuando se pagan pensiones de un millón de pesos al mes con dinero del pueblo, me parece una falta de respeto, un insulto a los mexicanos, y son abusos que debemos de terminar”.
Cuestionamientos a una reforma
A pesar del sentido de su voto, el diputado emecista criticó la reforma al asegurar que el respaldo de su bancada no es un cheque en blanco para pisotear derechos adquiridos de miles de mujeres y hombres que entregaron su vida al país.
Además, calificó de hipócrita la reforma, pues “le recortan sin piedad los derechos a técnicos e ingenieros, pero no se atreven a tocar las pensiones de las Fuerzas Armadas, no se atreven a tocar las pensiones doradas de Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar, miembros de la 4T, cuyos beneficios rondan alrededor de 200,000 pesos al mes”.
“Si la austeridad fuese pareja, ¿por qué a uno los protegen y a otros los cuidan?”, cuestionó.
En su turno, Pasos Tec dijo que, si bien el voto de la bancada panista fue a favor, eso no significa que se guardará silencio.
“Esta reforma, aunque parte de un objetivo legítimo, también evidencia decisiones que generan preocupación y cuestionamientos de fondo”, puntualizó.
Asimismo, criticó que la reforma no parte de parámetros objetivos y neutrales, como el salario mínimo o la UMA, sino que toma como referencia el sueldo del titular del Ejecutivo federal, “un criterio político y variable que no necesariamente refleja la realidad de millones de trabajadores”.
La diputada Edith Trujeque, al avalar la reforma, aseveró que no se puede permitir que continúe existiendo una brecha tan amplia entre la pobreza y la riqueza en el país.
“No es justo, compañeros, que mientras quienes laboran con esfuerzo toda su vida, en Yucatán y México haya una pequeña élite naciente de organismos descentralizados y o empresa de Estado que goce de pensiones millonarias, o mejor dicho, ‘pensiones doradas’”, enfatizó.
En otros asuntos, durante la sesión se turnaron a comisiones diversas iniciativas. Entre ellas, una para reformar y adicionar disposiciones del Código Penal del Estado de Yucatán y de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; en materia de no discriminación y garantía de derechos de las personas que viven con VIH o con enfermedad avanzada, así como la expedición de la Ley de Economía Circular del Estado de Yucatán.
Asimismo, la creación de la Ley para la Atención de las Personas Migrantes del Estado de Yucatán, y la declaratoria del antiguo rito del Jéets’ Méek’ (bautizo maya) como patrimonio cultural intangible e inmaterial del estado.
Turismo y violencia
Se aprobó la propuesta de acuerdo suscrita por los integrantes de la Comisión Permanente de Salud y Seguridad Social, relativa a la expedición de la convocatoria para el reconocimiento “Refugio Estévez Reyes del H. Congreso del Estado de Yucatán”.
Se aprobaron también diversos dictámenes, como la modificación a la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán, en materia de inventario turístico y promoción del turismo artesanal, alternativo y deportivo.
Además, reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en materia de prevención de la violencia, protección de los derechos de las infancias y adolescencias, paridad en autoridades auxiliares y mayor transparencia en el ámbito municipal, y cambios a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de armonización respecto a la reelección inmediata y el nepotismo en cargos de elección popular.
Durante la sesión se presentaron diversas iniciativas. La diputada Neyda Pat Dzul (Morena) propuso una ley para la atención de personas migrantes y movilidad humana en el estado, mientras que Naomi Peniche López (Morena) planteó reformar el artículo 78 de la Ley de Salud del Estado para incluir la fisioterapia o terapia física como actividad profesional de la medicina.
Julián Bustillos Medina (Morena) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Derechos Culturales del Estado y sus municipios, con el objetivo de incorporar a las madres autónomas como beneficiarias directas de las políticas culturales y de igualdad sustantiva.
La diputada Zhazil Méndez Hernández (PAN) propuso que en las escuelas de educación básica sea obligatorio contar con un psicólogo o trabajador social.
En tanto, Rafael Montalvo Mata (PAN) planteó reformar el artículo 354 del Código Penal del Estado para establecer sanciones más severas contra quienes huyan tras causar un accidente de tránsito.
Quintal Parra presentó una iniciativa para crear la Ley de Bibliotecas y Fomento a la Lectura del Estado de Yucatán.