Ejidatarios de Sierra Papacal, comisaría de Mérida, se manifestaron ayer para reclamar el pago de tierras expropiadas, por lo que reactivaron un bloqueo a las obras del Tren Maya que conectan a Poxilá, en Umán, con el puerto de Progreso.
Los comuneros expresaron su inconformidad por las tierras que les “fueron arrebatadas, injusta y arbitrariamente por el gobierno del Estado de Yucatán” en 1992.
Incluso pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para “el pago total de indemnización por la expropiación ilegal de 223-69-16 has de tierras”.
También informaron que mantendrán el bloqueo de manera permanente hasta que haya una solución real.
Los quejosos señalaron que como medida de presión realizarían un corte al suministro de agua que abastece a las comisarías de Chuburná y Chelem, en Progreso, así como a la zona industrial de Yucalpetén, como lo hicieron en febrero pasado durante otra protesta.
Como se recordará, en ese entonces los comuneros bloquearon las obras en la carretera a Chuburná Puerto y cerraron 10 pozos de agua potable que surten el vital líquido a esas zonas del municipio costero.
Esa vez manifestaron el temor de perder sus tierras por el tramo que conectará con el puerto, señalando además una falta de acercamiento por parte de las autoridades para gestionar indemnizaciones o establecer un diálogo.
La administración estatal informó en su momento su disposición para analizar el caso relacionado con la expropiación de 223 hectáreas de uso común del ejido de Sierra Papacal, derivada de un decreto presidencial emitido el 7 de diciembre de 1992, tras lo cual el bloque se levantó y se reactivó el bombeo de agua a las zonas porteñas afectadas.
Respuesta del gobierno de Yucatán a ejidatarios
Tras las movilizaciones de ayer, el gobierno del Estado afirmó en un boletín que las protestas carecen de sustento jurídico y documental, bajo el argumento de que la indemnización por los terrenos expropiados fue liquidada en su totalidad desde el año 1993.
La autoridad estatal expuso que el origen de la disputa se remonta a 1990, cuando solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 231-00-00 hectáreas ejidales.
En 1992, mediante una resolución presidencial, se concretó la expropiación por causa de utilidad pública de 223-69-16 hectáreas para destinarlas a la zona de captación del sistema de agua potable que abastece a los puertos de Chuburná y Chelem.
Para ese proceso, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó un valor comercial unitario de $1.600,000 por hectárea, lo que resultó en un pago total de $357.906,506.
Según los registros del Fondo de Fomento para la Infraestructura Agraria (Fifonafe), este monto fue cubierto en 1993 a favor de los ejidatarios correspondientes, existiendo constancia de al menos 128 de ellos que cobraron y continúan vigentes en el padrón del ejido.
Respecto a las inconformidades de la comunidad, el Ejecutivo estatal reportó que se han realizado 13 espacios de diálogo, que incluyen nueve reuniones en el Palacio de gobierno y cuatro encuentros en el territorio del ejido.
En estas mesas participaron representantes de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, autoridades federales, municipales y líderes comunitarios para abordar temas de infraestructura y tierras.
La administración estatal advirtió que no permitirá acciones que pongan en riesgo el suministro de agua potable o que comprometan los servicios indispensables para la población.
El comunicado concluye señalando que se actuará para proteger el interés colectivo y evitar afectaciones derivadas de estas movilizaciones.